La ejecución presupuestaria en materia de ayudas y subvenciones hasta el mes de septiembre ronda entre el 20% y el 30% de media, aunque hay capítulos donde es mucho menor. La tardanza en llegar los fondos del Estado y los trámites internos de la Administración autonómica demoran la llegada de las ayudas hasta los últimos meses y semanas del año, de forma que después de nueve meses el nivel de ejecución dista mucho de ser el óptimo para las organizaciones, colectivos y familias destinatarios de los fondos públicos.
Es el caso de la financiación procedente del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), las ayudas del bono de alquiler para los jóvenes o las subvenciones para la potabilización del agua y del riego agrícola. El convenio del PIEC se firmó en junio y hasta el 30 de septiembre se habían ejecutado tres millones de los 42 totales, algo recurrente en los últimos años en los que tanto los ayuntamientos como los agentes económicos y sociales reciben los fondos concentrados en el último trimestre del año.
De los 5,3 millones de euros del bono alquiler para los jóvenes se gastaron cerca de 500.000 euros, un nivel ínfimo pero es que la habilitación de la partida para Canarias llegó en verano y fue en septiembre cuando comenzaron a darse los primeros cheques de 250 euros para los beneficiarios que habían presentado su solicitud en tiempo y forma. En el caso de agricultura, la orden para la concesión de las ayudas se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en mayo pero pocas han llegado a sus destinatarios en los nueve primeros meses.
Las partidas propias en infancia, formación dual o vivienda tienen un bajo nivel de gasto
Según los últimos datos de la ejecución presupuestaria, el nivel general de gasto en ayudas y subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es de un 30% en nueve meses, mientras que el Servicio Canario de Empleo (SCE) también tiene un nivel bajo de ejecución en los programas de empleo y formación para nuevas oportunidades.
En Derechos Sociales, mientras los avances sí son más significativos en Dependencia, no así en otros departamentos del área social, entre ellos los programas de atención a la infancia y la familia. Los trabajadores de esta área de la Consejería se han quejado en varias ocasiones de las condiciones en las que trabajan y que no se ha potenciado de la misma manera que otros ámbitos del mismo departamento.
En la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el gasto en las partidas de formación profesional dual y el fomento de la escolarización temprana de 0 a 3 años también tienen unos niveles de gasto muy bajos e incluso inexistentes.
En el capítulo de inversiones y operaciones de capital el porcentaje medio de ejecución se encuentra entre el 20 y el 25% de media en las diferentes consejerías. Se trata también de un gasto que suele concentrarse en los últimos meses del año una vez que culminan las adjudicaciones y se firman los contratos de las obras. Tanto la Consejería de Obras Públicas en el ámbito de carreteras, como el Icavi y el Servicio Canario de Salud (SCS) cuentan con medias de gasto entre el 19 y el 23%. En el caso de las infraestructuras sanitarias de los 139 millones previstos en las cuentas autonómicas de 2022, se han ejecutado en nueve meses cerca de 28 millones.
Desde el Gobierno el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró esta semana que el nivel de ejecución presupuestaria hasta septiembre es mejor que en el mismo periodo del año pasado y garantizó que a final de año el nivel será superior al 90% como en anteriores ejercicios. Sin embargo, el principal partido de la oposición, Coalición Canaria, ha reprochado al cuatripartito el bajo nivel de ejecución presupuestaria a estas alturas del año, sobre todo en partidas "muy sensibles" de sanidad, energías renovables o fondos europeos.
