La Fiscalía redujo la petición de pena para el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, a un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal durante su gestión como administrador único en la empresa municipal Gesturpa, una sociedad mercantil con capital exclusivo del Ayuntamiento de Pájara constituida en julio de 1996.
Sin embargo, el fiscal Tomás Fernández de Paiz anunció en la segunda jornada del juicio, que quedó visto para sentencia, la retirada de la acusación de insolvencia punible, al considerar que con la reforma del Código Penal no se ampara el citado delito. En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía demandaba para el líder de los socialistas majoreros una pena de cuatro años y tres meses de prisión, 48.000 euros de multa e inhabilitación por los delitos de administración desleal y de insolvencia punible.
Blas Acosta se acogió a su derecho de no responder a las preguntas del fiscal y sólo aceptó las realizadas por su abogada, María Rosa Díaz Bertrana.
El viceconsejero expuso que durante varios ejercicios puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa se encontraba en fase de liquidación y declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal, Alicia Buendía, que Gesturpa nunca concertó un préstamo de 1.7 millones al Ayuntamiento de Pájara.
La defensa solicitó la absolución de Blas Acosta al considerar que quedó acreditado durante la vista oral por los peritos que coincidieron en señalar que durante la gestión de Acosta no se produjo ningún quebranto económico ni a Gesturpa ni al Consistorio de Pájara.
El fiscal Tomás Fernández, mantuvo la existencia de irregularidades en la gestión de la empresa municipal Gesturpa, como que no se disolvió la empresa a pesar de su grave situación económica incumpliendo la Ley Mercantil, que se han detectado deudas no contabilizadas, que no se cobró por el trabajo realizado, que el auditor reconoció que las cuentas no reflejaban la situación real de Gestrupa y que entre 2011 y 2014 las pérdidas se cifraban en más de dos millones de euros.
