El Gobierno regional abre la puerta a la entrada en las policías locales de militares y personal interino, además de permitir que haya vigilantes municipales que ejerzan funciones de seguridad. Cuando quedan pocos meses para que finalice la actividad legislativa del Parlamento, el Ejecutivo ha puesto en información pública el anteproyecto de la Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales Canarias, que ha desatado de nuevo el enfrentamiento de los sindicatos y asociaciones de jefes con los alcaldes cuatro años después de que la anterior propuesta de ley elaborada por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) fracasara en el Parlamento.
La ley establece que el policía local debe ser personal funcionario de carrera. Sin embargo a continuación se autoriza a regular en determinados supuestos «coyunturales y excepcionales» la selección y el nombramiento de personal funcionario interino para sustituir a los policías titulares «durante el tiempo estrictamente necesario o por circunstancias excepcionales de temporada que requieran incremento temporal de personal», según recoge el texto. La opción de contar con agentes interinos es una vieja reivindicación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a la que se oponen frontalmente las centrales sindicales.
El texto reserva un cupo del 20% de las nuevas plazas a militares profesionales
Un asunto que también levanta ampollas es la reserva de un cupo para militares profesionales tanto en la Policía Local como en el Cuerpo General de la Policía Canaria. No es un asunto novedoso de las Islas ya que recientemente el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio en este sentido, de tal forma que se reserva a militares de tropa y marinería el 20% de las plazas en las oposiciones por turno libre para el Cuerpo de Policía Municipal. En otras comunidades como Castilla-La Mancha también se va por el mismo camino, lo que ha provocado el rechazo de la mayoría de los sindicatos.
En el caso de la ley que prepara el Ejecutivo regional, en la disposición adicional sexta del anteproyecto se faculta a los ayuntamientos que lo aprueben a fijar «una reserva de un máximo del 20% de las plazas convocadas para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio». También en las bases de las convocatorias para ser subcomisario o subcomisaria, por concurso-oposición libre, se valorará en la fase de concurso como parte de los méritos el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería. La Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad aprovecha el nuevo texto para introducir una disposición final en la que modifica la ley del Cuerpo General de la Policía Canaria con el fin de que también para ingresar en el cuerpo autonómico se pueda reservar un cupo del 20% para militares profesionales con cinco años de servicios en las Fuerzas Armadas.
Escasez de agentes
La escasez de policías en los municipios pequeños de Canarias es algo constante desde hace años y tanto los jefes y suboficiales como los sindicatos han denunciado en varias ocasiones que hay ayuntamientos que cuentan con menos de cinco agentes –Artenara, Firgas o Tejeda en Gran Canaria– y también hay municipios que o no tienen agentes o no han cubierto todavía las plazas vacantes por jubilación. Es el caso de El Pinar (El Hierro), Fuencaliente (La Palma) o Hermigua (La Gomera). Ante este tipo de casos la ley abre la posibilidad a las corporaciones municipales donde no exista personal de policía local a poner vigilantes municipales, que serán considerados agentes de la autoridad pero no podrán portar armas de fuego.
En la disposición adicional primera del texto se establece que los vigilantes municipales «desempeñarán funciones de custodia y vigilancia de bienes y servicios e instalaciones»; son personal funcionario del grupo C y para acceder al puesto tienen que pasar por un sistema de oposición libre. La ley establece que el número de vigilantes municipales no puede ser superior a cinco, si hace falta más personal el ayuntamiento estará obligado a crear el cuerpo de la policía local.
La escasez de efectivos también se intenta solventar por parte de la ley con la opción de que «los municipios limítrofes que no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a las policías locales». Sin embargo, este tipo de asociación tendrá que estar autorizada por la Comunidad Autónoma.
El anteproyecto recoge también la reforma de la ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias de 1997 que se hizo a finales de la pasada legislatura y que posibilita que los ayuntamientos puedan delegar en la Comunidad Autónoma «el ejercicio de sus competencias de selección del personal de sus cuerpos de policía local, correspondiendo en todo caso al respectivo ayuntamiento el nombramiento de los funcionarios que hayan superado el proceso selectivo». El Gobierno convocará las bases y las plazas que demanden los diferentes ayuntamientos en una sola convocatoria anual. Sin embargo, en esta legislatura el Ejecutivo no ha hecho aún ningún tipo de convocatoria de nuevas plazas de policías locales, siendo las propias corporaciones, sobre todo las grandes y medianas, las que han convocado pruebas selectivas para cubrir plazas.
Una de las cuestiones que también ha ocasionado malestar en las centrales sindicales es la reforma que la ley realiza de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, órgano compuesto hasta ahora por el Ejecutivo, la Fecam y los representantes sindicales. El nuevo texto reduce la comisión a la presencia de los miembros de la Administración autonómica y los alcaldes que sean elegidos por la Fecam. Los sindicatos quedan relegados a una subcomisión de trabajo, lo que ha soliviantado los ánimos de los representantes de la plantilla policial.
El escenario ahora es todo lo contrario de hace cuatro años. En 2018 el Gobierno de CC pactó una reforma de la ley que contó con los reparos de los alcaldes y la aceptación de los sindicatos. La Fecam presionó a sus respectivos grupos políticos en el Parlamento y al no contar con el consenso necesario, la Cámara dejó la norma sin tramitar. Una vez iniciada la actual legislatura los alcaldes presentaron su propuesta de reforma que ha sido trabajada con la Dirección General de Seguridad y Emergencias y los sindicatos han quedado relegados, de tal forma que, a punto de finalizar el mandato del cuatripartito, se lanza un texto diametralmente opuesto al de 2018.
Valoraciones
Desde la Fecam se ha valorado positivamente el texto porque se recogen peticiones que se hacen desde los ayuntamientos hace más de una década. Los alcaldes advierten a los sindicatos que la regulación legal de la coordinación de las policías locales es competencia de las administraciones autonómica y local y una ley no tiene como objetivo recoger derechos laborales. La posibilidad de utilizar policías interinos o las asociaciones entre municipios eran reclamaciones de las corporaciones desde hace años.
Pero el malestar que ha generado entre las centrales sindicales y las asociaciones este anteproyecto de ley vaticina una nueva pugna entre las dos visiones enfrentadas y que, después de más de tres años de cierta tranquilidad, vuelven de nuevo a despertar sus diferencias. En un reciente encuentro entre representantes sindicales y de las asociaciones de jefes se decidió adoptar una serie de medidas ante la decisión «unilateral» del Gobierno regional de elaborar una ley a espaldas de las plantillas.
La pugna ‘resucita’ cuatro años después de que el anterior proyecto fracasara en el Parlamento
Entre las acciones que se van a emprender se encuentran la presentación de alegaciones al anteproyecto, solicitar audiencia con los grupos parlamentarios para intentar paralizar el texto tal y como está, además de llevar a los plenos municipales una moción sobre la propuesta legislativa. Incluso se ha planteado la posibilidad de convocar movilizaciones sindicales con el fin de paralizar una ley que, en opinión de los sindicatos, perjudica notablemente al cuerpo e introduce asuntos que debilitan la seguridad.
