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Los campamentos saharauis, con comida apenas para 60 días

Las oenegés que trabajan en la región alertan de una situación extrema en Tinduf por el incremento del precio de los alimentos

Un hombre aguarda a las puertas de un centro médico en el campo de refugiados de Bojador. Efe

Un kilo de verduras (papas, zanahorias o cebollas), dos kilos de harina, un kilo de cebada, un kilo de lentejas, 750 gramos de azúcar y un litro de aceite. Con estos escasos productos llenan sus despensas los saharaius refugiados, gracias al apoyo humanitario que les ayuda sobrevivir en las condiciones extremas de los campamentos ubicados en el duro desierto argelino. La crisis energética y la inflación desbocada ha desatado el alza de los precios de los alimentos, lo que ha hecho saltar las alarmas de los organismos internacionales y las oenegés, que han visto como las reservas de comida en el Sáhara se han reducido drásticamente. Sus almacenes, en los que ya no quedan alimentos básicos como arroz, gofio o pasta, se quedarán vacíos en menos de 60 días si no reciben ayuda de la comunidad internacional.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), dependiente de las Naciones Unidas y con base en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, proporciona el 95% de la comida que llega a los campamentos de Tinduf, pero a carestía de la comida y la falta de financiación les ha ocasionado un déficit del 80%. «Esta situación ha afectado profundamente a todos los sectores de la ayuda humanitaria, lo que está dificultando de forma preocupante el acceso de los refugiados a los alimentos, el agua, la salud, la nutrición, la educación y otros servicios esenciales para su subsistencia», afirma el Coordinador Residente de la ONU, Alejandro Álvarez.

El presupuesto del PMA para cubrir las necesidades de los refugiados se ha duplicado

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Antes de la pandemia, el PMA destinaba 20,08 millones de euros anuales a cubrir las necesidades de los campamentos de refugiados, mientras que ahora el presupuesto para adquirir provisiones alcanza los 39,5 millones. La falta de financiación ha obligado al programa de Naciones Unidas a reducir al 75% las raciones. Según relata María Ovejero, expatriada de la Fundación Mundubat y miembro del Consorcio de oenegés de los campamentos saharauis, hasta hace unos meses, cada persona recibía mensualmente 17 kilos de alimentos –lo justo para cubrir el número de calorías necesarias–, pero ahora la ayuda es de unos cinco kilos de comida.

Deterioro nutricional 

Desde el PMA señalan que la solidaridad de la comunidad internacional es «imprescindible» para garantizar la atención de los refugiados y prevenir las graves consecuencias que pueden derivarse de la inseguridad alimentaria. Los resultados de la Misión de Evaluación Conjunta y la encuesta sobre nutrición realizada por el PMA hace seis meses en los campamentos revelaron un deterioro de la situación nutricional y un aumento preocupante de la prevalencia de la emaciación –una forma de malnutrición potencialmente mortal que provoca una delgadez y debilidad extrema– entre los niños menores de cinco años, que ha pasado del 7,6% en 2019, al 10,7% este año. La mitad de los menores en esta franja de edad son anémicos, uno de cada tres tiene retraso en el crecimiento y solo uno de cada tres niños saharauis refugiados recibió la dieta diversa mínima que necesitaba para crecer y desarrollarse saludablemente.

En los campamentos, según los últimos datos de Acnur de 2018, viven 173.600 personas, pero las oenegés que están sobre el terreno estiman que la cifra actual llega a los 180.000 refugiados. La distribución mensual de la ‘canasta básica’ solo llega al 75% de la población –unas 130.000 personas–, a pesar de que el porcentaje de personas vulnerables ha alcanzado ya el 91% de los residentes en los campamentos, según señala el Consorcio de oenegés. «Desde el último estudio, hemos pasado la crisis sanitaria del covid-19, que llevó al desabastecimiento de los campamentos porque no llegaban las caravanas de ayuda humanitaria y ahora, que nos empezábamos a recuperar, impactan las consecuencias del conflicto de Ucrania», explica María Ovejero, quien señala que estos factores han acentuando la fragilidad de la población refugiada.

La UE ha criticado en la última década la gestión de las ayudas por parte del Frente Polisario

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Tanto el PMA, como Unicef y Acnur, solicitaron en agosto apoyo urgente para proporcionar asistencia alimentaria y nutricional a los refugiados. Sin embargo, su esfuerzo no se ha traducido hasta ahora en los recursos adicionales necesarios para cubrir todas las necesidades. El Gobierno de Argelia es el único que, por ahora, ha enviado mercancía de emergencia para abastecer a la población de los campamentos. Por esto, el Consorcio de oenegés se ha sumado a la petición de auxilio de los organismos dependientes de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja saharaui y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la comunidad internacional y a la solidaridad de la sociedad civil, para movilizar el apoyo necesario para hacer frente a esta crisis y evitar «daños irremediables para la población refugiada saharaui».

Informes contra el Polisario

A pesar del giro político del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara, España sigue siendo su principal donante de ayuda humanitaria. Así, en los últimos meses ha aumentado la entrega de comida. Este incremento en la cantidad de «lentejas» que envía para llenar los almacenes saharauis es una práctica habitual cada vez que Madrid estrecha lazos con Rabat.

La Unión Europea ha publicado en la última década duros informes criticando la gestión de la ayuda humanitaria por parte del Frente Polisario. Bruselas les ha reprochado la venta fraudulenta de alimentos en diferentes mercados del continente y el uso del trato de favor a la hora de repartir la comida. A raíz de sus investigaciones, la UE ha ido ajustando las ayudas que envía a los campamentos, aunque no ha llegado a interrumpir la donación de alimentos.

En 2007, la OLAF –la agencia de la Comisión Europea que lucha contra el fraude- denunció que parte de la ayuda humanitaria enviada a los campamentos de Tinduf por la UE y otros organismos internacionales, entre 2003 y 2007, acabó revendiéndose en mercados de Argelia, Mauritania y Malí. Su informe, que se hizo público en 2014, señalaba que se enviaba ayuda para alimentar a unas 155.000 personas, pero carecían de un censo actualizado de la población. Así, la OLAF encargó al Centro Común de Investigación calcular el número de refugiados utilizando satélites y estimó que había unas 91.000 personas. Por esto, Bruselas planteó el reajuste de los importes destinados al Sáhara. 

Por otra parte, el Parlamento Europeo, en una propuesta de resolución de 2020, recogió la malversación de la ayuda humanitaria concedida por la Unión al Frente Polisario, que entre 1994 y 2004 ascendió a 105 millones. Además, señaló que Argelia habría recaudado un impuesto del 5% sobre esta ayuda y que rechazó las reiteradas peticiones de Acnur de elaborar un censo de los refugiados. Por esto, el Parlamento solicitó a los Veintisiete que actuaran junto a las Naciones Unidas para supervisar la elaboración de un censo de los campamentos de Tinduf en colaboración con las autoridades argelinas y propuso una auditoría de la gestión de la ayuda humanitaria europea por parte del Frente Polisario desde 2015.

Apoyo humanitario

¿Cuántas personas viven en los campamentos de refugiados?

Según el último informe de Acnur, realizado en 2018, en los campamentos de refugiados viven 173.600 personas. Las oenegés que trabajan sobre el terreno estiman que la población alcanza las 180.000 personas.

¿Qué ayuda reciben?

Los saharauis recibían una cesta básica con 17 kilos de comida por persona al mes. No obstante, la crisis alimentaria ha obligado a reducir el peso a unos cinco kilos. Esta cesta incluye productos de primera necesidad como harina, cebada, azúcar, aceite, legumbres y algunas verduras y hortalizas.

¿Quiénes reciben la cesta básica de alimentos?

El 91 % de las familias en los campamentos de refugiados dependen directamente de la ayuda humanitaria. Según el Consorcio de onegés de los campamentos saharauis, la ayuda llega a unas 130.000 personas, que son las que Acnur considera vulnerables. Sin embargo, el último estudio se realizó antes de la pandemia, un factor que debilitó la economía de muchas familias, con lo que la cifra es ahora más elevada.

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