La máxima aristotélica dice que justicia es «tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales». El REF de Canarias –con la reserva para inversiones como una de sus principales herramientas– es la materialización de ese principio. Es el desigual trato que la Unión Europea (UE) le dispensa a la desigual Canarias: alejada del continente, con un mercado interior tan pequeño que le dificulta hasta el extremo la generación de economías de escala, con escaso atractivo para los inversores extranjeros, con problemas para la internacionalización de sus empresas... Por eso existen la ZEC o la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), porque aquí no son ventajas, sino incentivos con los que compensar o paliar una situación socioeconómica lastrada por todos esos condicionantes. Condicionantes que, más allá de la insularidad, no sufre Baleares, de entrada porque está a tiro de piedra de la Península. Y no los sufre, para fortuna de sus ciudadanos, porque así lo evidencian los números: los baleares son un 33,4% más ricos que los canarios.
El PIB per cápita en Canarias es de 21.387 euros –y esto tomando como referencia las cifras de 2019, porque las últimas disponibles, las de 2020, son catastróficas por el golpe del coronavirus–, mientras que en Baleares llega a los 28.522. Son 7.135 euros más. De hecho, el ciudadano medio del archipiélago mediterráneo tiene la suerte de estar por encima del promedio en España, ya que por cada cien euros que un español tipo tiene en los bolsillos, un balear tiene 108 euros. ¿Y los canarios? Los canarios están a kilómetros de distancia. Donde el isleño mediterráneo tiene esos 108 euros, el canario tiene 81.
Esa enorme brecha no ha obstado para que los sucesivos Gobiernos baleares, en defensa de sus legítimos intereses, vengan insistiendo en que su archipiélago debe contar con ayudas equivalentes a las de Canarias. Sánchez les ha ayudado en un primer gran paso con la concesión de la reserva para inversiones. El problema es que Bruselas, cuando no hay una razón obvia –como en los casos de las RUP–, no está dispuesta a pasar por el aro de las ayudas fiscales sin ton ni son. Por eso impone límites a los Estados miembros.
Las ayudas de Estado están, por norma general, prohibidas. Y las ayudas de minimis, limitadas a un máximo de 200.000 euros en tres años, también por lo general. Cuando trascendió que se había copiado la RIC en favor de Baleares, desde el Gobierno de Canarias se dijo –con algún alto cargo incluso negando la evidencia del copy/paste– que Europa no lo aceptaría, cuando Europa nada tiene que decir por cuanto la reserva está allí limitada a esos 200.000 euros. Limitada por directriz comunitaria, no por voluntad del Ejecutivo español. Para lo que sí tiene voluntad este último es para ayudar al Govern a conseguir que la Comisión Europea eleve los límites de ayuda en beneficio de todas las islas de la UE, sean o no RUP. Esto supondría, en menoscabo de Canarias, tratar igual a los desiguales.
