La Policía notificó ayer por la tarde al exjuez Salvador Alba la orden para su inminente ingreso en prisión, que podría darse a lo largo del día de hoy, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Quien fuera magistrado está condenado por el Tribunal Supremo, desde noviembre de 2021, a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Sin embargo, diversos recursos presentados por su defensa habían tratado de alargar su entrada en un centro penitenciario hasta ahora.
Esos plazos llegaron a su fin, motivo por el cual el TSJC emitió la orden para que Salvador Alba entre en prisión y le dio un plazo de 24 horas para ello, que expiran durante la tarde de hoy. Ese mandamiento es entregado por agentes de la Policía en el propio domicilio del afectado.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó, en noviembre de 2021, la condena impuesta por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en septiembre de 2019, rechazando los dos recursos de casación interpuestos tanto por la defensa del exjuez como por la acusación particular, encarnada en la magistrada y actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
La sentencia, que ratificó el Supremo, indicaba que el exmagistrado fue condenado por utilizar un procedimiento penal para investigar causas ajenas al mismo, con la intención de perjudicarla profesionalmente. Entre ellas las relaciones comerciales de la pareja de Rosell (el periodistas Carlos Sosa) con el principal investigado. De esta manera, Alba trató de dejar en evidencia la supuesta parcialidad de la magistrada en la investigación que instruía por un presunto fraude en cotizaciones a la Seguridad Social.
Tras conocerse la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo, la defensa de Alba basó su estrategia legal en presentar una serie de recursos para tratar de alargar su ingreso en prisión. En febrero de este año, su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que afirmaba que su cliente no podía volar por causas médicas para ingresar en alguna de los cinco centros penitenciarios de la Península que tenía estipulados por contar con módulos de seguridad para aquellas autoridades que persiguen delitos. Se trata de las cárceles de Estremera, en Madrid; Sevilla I; Castellón II, Monterroso, en Lugo; y Logroño, en La Rioja.
Hasta tres informes forenses se emitieron desde febrero en los que se aclaraba que no existen impedimentos para que el exjuez entre en la cárcel.
Alba perdió en marzo su condición de magistrado, según decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. La condena a pena privativa de libertad por delito doloso le supone la pérdida definitiva de su cargo.
