El pleno del Parlamento de Canarias reclama al Gobierno autonómico la creación de un observatorio que difunda y garantice el cumplimiento de las leyes para una muerte digna y la asistencia de calidad al final de la vida. Esta iniciativa, aprobada con la abstención de CC y PP, ha sido promovida por Sí Podemos Canarias y persigue además que el Gobierno canario incremente la formación continua de los profesionales sanitarios en bioética y en todos los aspectos del fin de la vida, para que desempeñen la prestación de la asistencia sanitaria con el máximo respeto al principio de autonomía del paciente.
La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río subrayó que "no se culmina una vida digna si no tenemos una muerte digna", que está garantizada como derecho en España, y señaló que solamente las comunidades de Navarra, Asturias y Cataluña cuentan con un observatorio para ello, a las que se debe sumar Canarias.
María del Río (Podemos): "No se culmina una vida digna si no tenemos una muerte digna"
El observatorio tendría entre sus objetivos investigar sobre la calidad de la muerte y garantizar la difusión y cumplimiento de los derechos al final de la vida entre la ciudadanía. En la iniciativa se pide al Gobierno que aumente la difusión, información y formación de la ciudadanía en manifestaciones anticipadas de voluntad y derechos sanitarios inherentes a la autonomía del paciente, así como a la muerte digna.
Otra propuesta del Parlamento es potenciar el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, incrementando los recursos humanos y técnicos ya existentes y facilitar así el otorgamiento del documento de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad. Impartir acciones de información sobre los derechos a la autonomía del paciente y a la muerte digna en los centros educativos es otra de las propuestas.
El diputado del PP Miguel Ángel Ponce incidió en que la prioridad no debe ser la eutanasia, sino los cuidados paliativos o la mejora de las unidades de dolor crónico, alternativas que no se mencionan en la propuesta, denunció. Cristina Valido, de CC-PNC, justificó la abstención de su grupo en que no esta de acuerdo con llevar este tipo de formación a los centros educativos y en que las leyes ya garantizan el derecho a una muerte digna y a la eutanasia, por lo que no tiene sentido que los grupos del gobierno se insten a sí mismos a cumplir la legislación.
