Dimas Martín tras la condena de siete años: «Voy a pedir el indulto»

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) confirmó este miércoles la condena de siete años y cinco meses de prisión, impuesta el 16 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, al exdirigente del PIL por delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos de especial gravedad, así como por un delito continuado de cohecho.

Esta es la primera condena firme por un delito de asociación ilícita vinculado a un caso de corrupción en Canarias. El Supremo considera probado que el histórico dirigente del PIL gestó desde la cárcel de Tahíche, donde cumplía condena por otro delito, una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, entre 2007 y 2009, a cambio de adjudicaciones de obra o de cobro por servicios.

Está retirado desde hace dos años en su finca de Guatiza cuidando sus «animalitos»

El Supremo desestima de esta manera los recursos de casación presentados por tres de los condenados en esta causa. Junto a Dimas Martín recurrieron sus condenas el concejal de Barrios y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) por el PIL en el tiempo de los hechos juzgados, Antonio Jerónimo Machín Ramos, condenado a ocho años de prisión por cohecho, malversación, prevaricación, fraude y falsedad en documento mercantil, y el administrador de una empresa de construcciones y reparaciones, Manuel Gregorio Reina Fabré, condenado a dos años y medio de prisión. Los otros siete condenados en esta causa no recurrieron la sentencia ante el Supremo.

Con ésta ya son al menos siete las condenas que acumula el que fuera alcalde de Teguise, dos veces presidente del Cabildo de Lanzarote, senador, diputado autonómico y máximo dirigente del PIL. Al conocer la confirmación de la sentencia, se encontraba en su casa de Guatiza, donde lleva una vida tranquila y familiar desde hace más de dos años tras salir de prisión, cuidando a sus «animalitos» y la «finquita», cuenta.

No piensa recurrir aunque cabría recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no cree que suspendiera la condena del Supremo y, por lo tanto, va a afrontar el fallo. El expolítico prefiere no hablar mucho de este caso, pero sí quiere dar un mensaje: «Si no me hubiera llamado Dimas Martín y no hubiera ocupado los puestos que he ocupado no hubiera existido esta sentencia ni las otras», asevera. Y apostilla: «que cada cual saque sus conclusiones».

Se encuentra bien de salud, «afortunadamente», y es consciente de que debe entrar de nuevo en la cárcel de Tahíche, donde ha cumplido sus anteriores condenas con más de una decena de años acumulados a sus espaldas, entrando y saliendo de prisión. De hecho, fue detenido por el caso que ha provocado esta nueva condena en la celda donde estaba recluido, algo totalmente estrambótico.

«Tengo la conciencia tranquila»

Este expolítico, que vivió momentos dorados que le han pasado factura, en una época en la que despuntaban figuras similares como Jesús Gil y sus negocios en Marbella, sostiene que tiene la «conciencia muy tranquila» y por eso no está «preocupado».

«Si yo me sintiera culpable de algo estaría preocupado, pero no me siento culpable de nada», remarca. El indulto que va a solicitar al Ministerio de Justicia lo hará en base a «su edad, a la antigüedad de los hechos y a temas familiares con enfermedad», pero sabe que «los indultos en España son muy selectivos».

Dimas Martín ya fue indultado el 15 de enero de 1999 por el entonces ReyJuan Carlos y la ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Mirón, «como autor de un delito continuado de desobediencia a la autoridad, a la pena de seis meses de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en los años 1990 y 1991», indica el Real Decreto que lo indultaba de la pena privativa de libertad «pendiente de cumplimiento», a condición de que no volviera a cometer delito doloso en el plazo de dos años.

 ¿Esperanza sobre un nuevo indulto? «Es como si te caes al agua, y nadas a sabiendas de que la costa te queda a mil kilómetros, pero con la esperanza de llegar», medita. Para Martín reingresar en la cárcel no es un plato fácil. «Nadie lo pasa bien, no es un patio de recreo y el hecho de estar ahí aislado con la edad que uno tiene...», murmura.

Pero sostiene que es una persona «fuerte» y se adapta a lo que le venga, y, repite: «Tengo la conciencia tranquila; las sentencias están ahí y hay que respetarlas, para eso están los tribunales, pero pienso que también se pudieron haber tenido otras interpretaciones». Y pone como ejemplo los baños de Los Dolores, obra por la que se le condenó en 2011 por construir los aseos en la colada volcánica situada en las inmediaciones de la ermita de la Virgen, en Mancha Blanca (Tinajo), siendo zona de influencia de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Fue condenado por delitos de prevaricación y daño al patrimonio histórico. «Se me hizo cumplir dos años y pico íntegros y no se me perdonó ni un día, pero no se derribaron los baños, que se hicieron como un servicio público y que se usan todos los años en la fiesta de Los Dolores», recrimina.

El expolítico de Lanzarote, de 74 años, afronta el fallo y se ve fuerte para ir de nuevo a la cárcel

En esta sentencia de 2019 que confirma el Supremo se recoge como hechos probados que Dimas Martín Martín «ejercía durante el periodo comprendido 2007 y 2009 una ascendencia total y absoluta sobre los concejales del PIL» en el Ayuntamiento de Arrecife, y también acusados, en concreto José Miguel Rodríguez Sánchez y Ubaldo Becerra Robayna, así como en Matías Curbelo Luzardo (ya fallecido), tesorero y administrador general de las campañas electorales de las elecciones locales y generales de los años 2007 y 2008 respectivamente. 

Se declara probado que el exdirigente lanzaroteño daba órdenes a los ediles desde la cárcel por carta o conversación telefónica -se le pusieron escuchas- o cuando salía de permiso, a pesar de estar cumpliendo una pena que incluía la inhabilitación para el ejercicio de cargo o función público, decisiones que, en todo caso, eran de la exclusiva competencia de los concejales.

La sentencia expone que estas directrices tenían la única finalidad de lograr beneficios bien económicos, bien de otra índole, así como conseguir una irregular fuente de ingresos para el PIL. «Se confabularon para solicitar comisiones a distintos empresarios, a los que se suponía afines al PIL, bien para que les fueran adjudicadas obras, bien para el cobro de los servicios ya ejecutados», plasma el fallo. Con ello, lograron beneficios para sí mismos y para el partido de Dimas Martín.