En un libro admirable sobre los derroteros del gobierno representativo en el siglo XXI, Ingolfur Blühdorn explica el concepto de democracia simulativa: la pérdida de identidad y el vaciamiento esencial que sufren unas instituciones constitucionales que tras los acontecimientos de 1989 «subsisten en muchos casos gracias a su reconstrucción virtual como simples estructuras sin materia, a su reformulación como réplicas orgánicas dotadas de rutilante apariencia figurada, idóneas para atrapar nuestros sentidos, pero absolutamente incapaces de desarrollar las funciones y los efectivos cometidos democráticos que en origen determinaron su existencia». Claro que se siguen convocando elecciones y se mantiene la competencia electoral, que solo se puede estimular sobre la base de una polarización cada vez más enervante. Obviamente los parlamentos continúan legislando y los presidentes siguen respondiendo a preguntas a los diputados, pero nada de ello guarda relación con impulsos o decisiones democráticas. De hecho los procesos democráticos solo se simulan y lo hacen a través de medios de comunicación acríticos y de redes sociales bajo una consideración esencialmente espectacular y emocional. La democracia es una liturgia que se celebra cada cuatro años y la desafección de la ciudadanía –si es que puede seguir llamándose ciudadanía– trae como consecuencias el desgaste de la cohesión social, el descrédito de las élites políticas y la creciente tentación que ofrecen fuerzas ultraderechistas y populistas.
La política ha perdido veracidad democrática y liberal y ahora es un simulacro cada vez más patán e insoportable. Siquiera intuitivamente los votantes comienzan a pensar que el modelo de la gobernanza democrática no es eficiente ni eficaz, no mejora sustancialmente su calidad de vida y sus expectativas futuras, hasta el punto que uno puede encontrarse panfletos –que pudieran ser tanto de ultraderecha como de ultraizquierda– con títulos como el pueblo contra la democracia o cosas semejantes. Con toda su modestia, el Parlamento de Canarias participa en estos desaguisados. Cada vez más los datos obvios resultan más insignificantes. Y no es solo que el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, no admita una sola crítica y practique un contorsionismo endiosado; si se le pregunta por los problemas que su equipo no ha solucionado en La Palma por la crisis volcánica, Torres se dedica a contar lo que sí ha hecho y a preguntar melodramáticamente: ¿por qué no lo reconoce? Es estomagante. Todavía peor es cuando se pone a comparar las 48 horas de una tormenta tropical (el Delta) con una erupción volcánica que dura tres meses. ¿Quién era el presidente del Gobierno español en 2005? José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál fue su aportación financiera a reparar los daños producidos por la tormenta Delta? Unos 12 millones de euros. ¿Llegaron todos? No. Torres no sabe de lo que habla, y esa ignorancia prejuiciosa, esa memoria selectiva y tramposa, le hace flaco favor a la democracia parlamentaria.
El Gobierno y las fuerzas que lo sostienen entienden el Parlamento como una caja de resonancia de una inacabable campaña publicitaria
Sin embargo, lo peor del antiparlamentarismo en esta legislatura lo representa Román Rodríguez, quien, paradójicamente, es a menudo considerado el mejor orador de la Cámara. Su actitud chulesca y despectiva –suele ponerse a guasapear o mirar al techo con sonrisa altiva cuando la oposición le dirige la palabra– es ya una marca de fábrica. Ayer la diputada Rosa Dávila le pidió que le hiciera el favor de mirarla a la cara cuando se dirigía a él y que respetara la democracia parlamentaria. Dávila le estaba recordando, simplemente, que en 2021 el Gobierno autónomo no había gastado 660 millones de euros y que este año las previsiones eran que, hasta el momento, no se habían gastado 300 millones. Según la representante de CC, hasta septiembre el Ejecutivo había invertido menos de un 10% de lo previsto. «Con el encarecimiento de la vida, con las dificultades de los precios de la energía para miles de pequeños empresarios, con una inflación que impide a muchas miles de familias llegar a finales de mes, acumular superávit tras superávit evidencia una pésima gestión de los recursos públicos», sentenció.
El Gobierno canario sostiene –copiando el argumentario de Ferraz– que bajar coyunturalmente varios impuestos, lo que se llama una política de alivio fiscal, supone un ataque directo a los servicios públicos. Es disparatado cuando los gobiernos –el central y el autonómico– están ingresando por encima de unas previsiones ya de por sí optimistas. Las resistencias de Sánchez, Torres y el psocialista de vacaciones conocido como Román Rodríguez no son de orden político, sino ideológico. No están dispuestos a conceder ninguna oportunidad a la oposición. Cuando Dávila, por ejemplo, propone deflactar el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, Rodríguez mueve desdeñosamente la cabeza. Aunque el PNV –que gobierna con el PSOE en el País Vasco– anuncie idéntica medida, al consejero de Hacienda le da igual. Aunque en ese momento el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anuncié una bajada del IRPF para las rentas inferiores a 60.000, al consejero de Hacienda le da igual. Aunque el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, haya reunido a un equipo técnico para estudiar criterios para implantar una deflactación del IRPF en Canarias, a Rodríguez le da igual.
En cambio, a Rodríguez no le dio igual cuando el portavoz de CC, José Miguel Barragán, le leyó un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que aconsejaba al Gobierno regional el pasado julio que ejecute los excedentes y el superávit presupuestario de 2021. El consejero se quedó ligeramente petrificado. Ha repetido hasta la náusea que se había gastado hasta la última perra chica del presupuesto y del superávit del pasado año. Después, desde el escaño, empezó a decir que eso no era así, que era mentira, que un poco de seriedad. «¿La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal miente? Llámelos usted», ironizó Barragán. Cuando subió de nuevo a la tribuna –era una comparecencia– Rodríguez no despejó ninguna duda, pero se puso su disfraz de brujo corujo y le advirtió a CC que no imitara al PP. Porque este Gobierno tiene esa llave mágica para cerrar cualquier cerebro: el PP es fascismo y corrupción, CC es lo mismo que el PP, Vidina Espino trabaja para Coalición y don Ricardo Fernández de la Puente sabe llevar como nadie las tallas grandes y es todo un caballero. Un caballero inactual. Es casi imposible encontrar un auténtico debate en el salón de plenos. Por modesto y fragmentario que sea. Por la tarde lo comprobó por enésima vez Cristina Valido con Noemí Santana, encantada de haberse conocido en el coche oficial. El Gobierno y las fuerzas que lo sostienen entienden el Parlamento como una caja de resonancia de una inacabable campaña publicitaria. La suya. A la salida a la calle me tropiezo con un amigo muy molesto. Me asegura que estamos en Canarias y en España con los gobiernos más confiscatorios de la historia. Le digo que tengo algunas dudas y que acabo de salir del Parlamento y me interrumpe: «Pero habrás visto que el Parlamento también lo han confiscado». Abro la boca, pero no soy capaz de lanzar una mínima contradicción. Mi amigo me observa con cierta lástima y me da una palmadita. Llovizna pero la temperatura aumenta. En la esquina hay un tipo pidiendo limosna. Otro que no oye a Román.
