Canarias no entra en la guerra fiscal que se ha desatado entre las comunidades autónomas, del PP principalmente, y el Gobierno de España por el anuncio de suprimir o bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio en Andalucía, tributo que grava a personas con propiedades valoradas en más de 700.000 euros, o lo que lo mismo, un impuesto que repercute en los ricos. Desde que el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, anunció el pasado lunes que va a seguir la estela de Madrid fulminando este impuesto, que no existe en la región de Isabel Díaz Ayuso desde el año 2008 (José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó en 2008 en toda España para después recuperarlo en 2011, pero Madrid siempre mantuvo la bonificación), otras comunidades del PP siguen su senda, como Murcia o Galicia.
Moreno plantea esta rebaja para atraer a grandes fortunas a Andalucía y cita expresamente a los catalanes, lo que ha provocado un gran enfado en esa comunidad. Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denostó la decisión de Moreno, porque, en su opinión, pone de relieve «un partido que defiende a las eléctricas, las petroleras, la banca y las grandes fortunas». El PSOE, en cambio, subrayó, quiere pedir «un esfuerzo a los que más tienen para poder acompañar a las familias medias y trabajadoras en un momento de crisis y de subida de la cesta de la compra». Y para ello, anunció esta semana que está elaborando un nuevo impuesto para gravar a las grandes fortunas, una petición que abandera Unidas Podemos y de la que, por ahora, no se sabe cómo se va a materializar: «Tiempo al tiempo», argumentó la ministra.
Canarias rehúye esta guerra fiscal que se está produciendo en el resto de España porque las Islas cuentan con incentivos «más potentes», como los del Régimen Económico y Fiscal (REF), para atraer a inversores, y rechaza una rebaja «marcadamente electoral» en el impuesto de Patrimonio, tributo que en las islas es «marginal», porque afecta a un 0,3% de la población, y «solo se pide un esfuerzo fiscal a los que más tienen», expone el viceconsejero de Hacienda del Gobierno canario, Fermín Delgado.
Lo que sí prepara el Ejecutivo regional para afrontar la alta inflación agravada por la guerra en Ucrania es una batería de medidas, por un lado, para las personas que vean su renta real disminuida por los altos precios y, de otro, para sectores que están afectados por la carestía de las materias primas. De cara a los presupuestos canarios de 2023 se analiza ya una serie de deducciones que aumenten las actuales en el IRPF. La Consejería de Hacienda es remisa, por ahora, a bajar los tipos en el 50% del tramo que corresponde a la Comunidad Autónoma de este impuesto.
Año electoral
Para el viceconsejero de Hacienda parece que «hay una competencia entre los grandes partidos, unos por quitar impuestos (PP) y otros por poner algunos nuevos», como el impuesto a las grandes fortunas que postulan el PSOE y Podemos. La consejería que dirige Román Rodríguez (NC) defiende, por contra, una reforma fiscal global y con una visión de permanencia, como se estaba estudiando por el grupo de expertos estatales para mejorar el sistema tributario y que ha quedado aparcada. «Ahora se están haciendo propuestas por separado que tienen un carácter marcadamente electoral por parte de los grandes partidos españoles», reflexiona Delgado. Por tanto, en el caso de Canarias «no se va a quitar el impuesto de Patrimonio, porque afecta a muy poquitas personas que, como mínimo, tienen un patrimonio de un millón de euros», precisa. El impuesto de Patrimonio excepciona la vivienda habitual hasta las 300.000 euros, y después a los primeros 700.000 euros del patrimonio. A partir de ahí, hay tramos progresivos en el impuesto, y en Canarias solo 6.584 personas superan esas cantidades, a las que se «les puede pedir ese esfuerzo perfectamente, porque no son pobres, tienen mucho dinero en patrimonio», apostilla el viceconsejero.
En cuanto al nuevo impuesto para grandes fortunas que ha planteado la ministra María Jesús Montero, el viceconsejero de Hacienda indica que primero habrá que estudiar de qué se trata porque ahora mismo no hay información al respecto.
La postura de la Consejería es clara en cuanto al impuesto de Patrimonio: debería haber un mínimo, una base, para evitar el dumping fiscal que ejercen comunidades como Madrid o ahora Andalucía y Murcia, y que según la ministra Montero obligan a otras comunidades a bajar sus impuestos para evitar la competencia «desleal» y la deslocalización de las personas que tienen un amplio patrimonio hacia otras regiones.
En Canarias no se va a producir ese efecto llamada, coinciden Fermín Delgado y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, porque los incentivos del REF son más potentes que la supresión del impuesto de Patrimonio, como pagar un 7% del IGIC en vez del 21 % del IVA o las exenciones fiscales en la Zona Especial Canaria (ZEC), con solo un 4% en el Impuesto de Sociedades, las bonificaciones de la Reserva para Inversiones (RIC) o la Deducción por Inversiones (DIC), instrumentos que constituyen un fuerte atractivo para las empresas.
De hecho el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección de Promoción Económica (Proexca), está impulsando al Archipiélago como el mejor destino de inversión a través de los incentivos del REF, y para ello visitará Palma de Mallorca, Valencia, Málaga, Vigo, Barcelona y Madrid para intentar atraer a un centenar de empresas.
El presidente del Gobierno canario, el socialista Ángel Víctor Torres, se mostró contrario a tocar el impuesto de Patrimonio tras su reunión el viernes en Madrid con el ministro José Luis Escrivá, y resaltó las ventajas del REF. Torres reprochó a los presidentes populares de Andalucía, Murcia, Madrid o Galicia que manipulen a la opinión pública al defender que bajar los impuestos a las rentas altas significa atraer empresas cuando es, simplemente, «beneficiar a los que más tienen».
Por tanto, las Islas no rebajarán el impuesto de Patrimonio, pero tampoco el IGIC, como pide la oposición, tanto el PP como CC. Pero lo que sí se analiza ya de cara a 2023, año electoral, es ampliar medidas en materia impositiva en el IRPF o en ayudas los sectores que han sufrido la subida de precios de las materias primas
En el IRPF en concreto existen desde la legislatura pasada deducciones por gastos de estudio, de guardería o sanitarios, como la compra de gafas o lentillas. En estos momentos, Hacienda estudia mejorar estas deducciones u otras. Se trata de realizar unas medidas que contemplen «la renta real» de los contribuyentes, no la renta nominal, explica Delgado. «Si la gente cobraba 30.000 euros y por la inflación tienen una capacidad adquisitiva de 27.000 euros, vamos a intentar buscar medidas para su tributación real y efectiva», abunda. Para estas deducciones que estudian tienen dos condiciones o «líneas rojas»: una, es que el coste fiscal sea asumible por la Comunidad Autónoma de Canarias, o lo que es lo mismo, valorar su rentabilidad económica evaluando cuánto cuesta y a quién llega, y, de otro lado, que las medidas tengan un carácter progresivo de modo que favorezcan a las rentas más bajas.
Gastos de libros o en vivienda
Estas deducciones se están aún cocinando porque deberán estar recogidas en los Presupuestos de Canarias de 2023, pendientes aún de las dotaciones estatales. Todavía sin una definición precisa, serán deducciones en el IRPF que puedan desahogar el bolsillo de los canarios en, por ejemplo, educación por los abultados gastos en los libros, gastos de guardería, por alquiler de vivienda o gastos médicos. Una vez precisadas las dará a conocer Román Rodríguez.
Además Hacienda planea, también con ficha presupuestaria en 2023, mantener medidas impositivas que ya están en marcha para contener la inflación derivada de la guerra en Ucrania, como la devolución del 99,9% del impuesto de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos . Esta exención tributaria expira el 31 de diciembre y se estudia ampliarla seis meses o un año. En el sector de la construcción mantendrán la revisión de los contratos públicos por la carestía de los productos, además de los contratos del transporte escolar, el tipo cero para los productos covid o, en La Palma, ampliar toda la batería de medidas de alivio fiscal .y de ayudas.
¿Y qué grava el impuesto de Patrimonio? Es un tributo cedido a las comunidades autónomas, que tienen la potestad de bonificarlo al 100% o gravarlo aún más que en la norma estatal. En este tributo se declaran bienes inmuebles, los bienes y derechos afectos a actividades empresariales, depósitos en cuenta corriente, seguros de vida, joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos de más de 125 cc, embarcaciones y aeronaves y objetos de arte o antigüedades, entre otros. Canarias no ha modificado la norma estatal de 1978 de este impuesto y recauda según sus directrices. Pero ¿qué han hecho otras comunidades?
Andalucía.
Juanma Moreno suprime, como ya hacía Madrid, en la práctica el impuesto sobre Patrimonio en Andalucía, mediante una bonificación del 100% de la cuota. La eliminación de este tributo en esta región representa el 0,6 % de los ingresos de la Junta, El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, apunta que la rebaja fiscal, que incluye el IRPF, canon del agua y Patrimonio, promovida por el Gobierno de la Junta supondrá que 360 millones de euros «se queden en los bolsillos de los andaluces».
Región de Murcia.
Murcia se ha unido a las comunidades del PP para bonificar el impuesto. El presidente autonómico, Fernando López Miras, cifra en 27 millones de euros el ahorro que supondrá la supresión de la tasa. López Miras señala, no obstante, que en estos momentos el Gobierno autonómico está «haciendo cuentas». Murcia es una comunidad con deficiencias en financiación y así lo ha expresado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el viceconsejero de Presidencia canario, Antonio Olivera, hacer modificaciones excesivas que motivan «carreras a la baja entre las comunidades perjudican al conjunto de los españoles, porque después estas comunidades van a solicitar al Estado recursos extra de lo que no recaudan».
Galicia.
También se suma a la lista de comunidades autónomas gobernadas por el PP que aplicarán rebajas fiscales. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este viernes una bonificación del 50% en el Impuesto de Patrimonio, un tributo que actualmente tiene el 25% y a partir de 2023 se duplicará.
Comunidad Valenciana.
Hay otras comunidades que no quieren tocar este tributo. El presidente valenciano, Ximo Puig, rechaza suprimir el impuesto de Patrimonio porque supondría un «desarme» de la caja pública. Puig, como Canarias, aboga por una «reforma fiscal en profundidad».
Asturias.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, recalca que la supresión del impuesto de Patrimonio en Asturias «supondría el fin de muchas políticas sociales».
Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrá el impuesto de Patrimonio, aunque considera que «es bueno que pueda haber unas bases comunes». No entrará «en una guerra territorial», y lamenta que se intente incentivar un debate y un conflicto entre territorios.
