Los inspectores de Salud Pública de Canarias no verifican ni el 40% de lo que cada año programa este departamento del Gobierno autónomo debido a la falta de personal y de medios materiales. Y eso a pesar de que su labor resulta clave para controlar, por ejemplo, la calidad de los alimentos o los niveles sanitarios en hospitales o colegios, entre otras cosas.
Una veintena de funcionarios, que son farmacéuticos o veterinarios, protestan este lunes en la calle Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife, frente al Parlamento de Canarias, para reclamar que se cubran las plazas vacantes y que mejoren los recursos con los que cuentan estos trabajadores del Ejecutivo regional.
El presidente de la Asociación de Inspectores de la Salud Pública de Canarias, Jafet Nonato, afirmó que "nos hemos concentrado aquí porque, a pesar de haber alcanzado un acuerdo" con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, el 16 de marzo, "hasta la fecha no se ha cumplido absolutamente nada". "Nos sentimos, una vez más, abandonados y engañados", indicó Nonato.
Apuntó que "la situación en la Salud Pública cada vez es más caótica". Durante el acto de protesta, los funcionarios vincularon su situación con el asunto del fraude de las mascarillas que afecta a la Consejería de Sanidad, ya que presuntamente el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros a una empresa durante el confinamiento por la pandemia para que suministrara mascarillas y dicha mercantil nunca entregó material válido a la administración canaria.
En palabras de Nonato, "no creemos que sea un tema de dinero, porque sí es verdad que para unas cosas cuatro millones de euros se sueltan muy fácil y para otras no". "Con esos cuatro millones de euros podríamos resolver los problemas de la Salud Pública durante diez o quince años; entonces la situación es inasumible", comentó el portavoz de los inspectores concentrados.
"Con las guaguas no se puede llegar a muchos lugares en los que debemos hacer el trabajo"
"Conseguir no hemos conseguido nada porque, una vez más, nos han engañado y, a pesar de que en el acuerdo había varios puntos, como resolver el problema de los desplazamientos de los inspectores, un problema histórico, a día de hoy seguimos igual, no se ha resuelto nada", apuntó el representante de estos empleados de la Comunidad Autónoma. De hecho, dijo que "la situación cada vez es peor; hay algunas islas en que los inspectores tienen que transportar las muestras en guaguas o en tranvía". Lamentó que el único "medio que nos da la Consejería es un bono de guagua".
Esa circunstancia implica que estos funcionarios no pueden llegar a muchos de los lugares en los que deben realizar su trabajo, ya que con el transporte público no se accede a determinados enclaves, que están "alejados de las zonas centrales".
Además, las personas que desarrollan esta protesta denuncian que tampoco se ha producido la homologación de los inspectores de Salud Pública con otros cuerpos de inspección, pues, desde su punto de vista, su colectivo es el que peores condiciones tiene en estos momentos.
Nonato apuntó que no se han cubierto las bajas, "que creemos que es algo muy fácil de hacer, pero ni siquiera eso se ha cumplido". Durante el verano ha habido islas que han estado casi sin inspectores por dicha circunstancia "y les ha dado exactamente igual", señaló el portavoz del colectivo.
Otro de los incumplimientos consiste en la elaboración de un reglamento para el trabajo de estos empleados "fuera de hora". Por ejemplo, las intervenciones de los inspectores en los mataderos, que se realizan de noche, no están remuneradas en función de esa franja horaria, aclaró Nonato.
Desde su punto de vista, en los últimos tiempos se ha visto la importancia que tiene la prevención para evitar problemas de salud pública, pero "parece que a este Gobierno poco o nada le importa".
En estos momentos, en el Archipiélago existen 125 inspectores de Salud Pública y de esa cifra alrededor de ochenta son los que efectúan inspecciones cada día. Esta cifra de funcionarios representa la mitad de la media que opera en otras comunidades del país. En España hay una media de un inspector por cada 12.500 habitantes y en Canarias trabaja uno por cada 22.000. Y eso sin tener en cuenta los "catorce millones de turistas que nos visitan" anualmente, dijo el representante.
Para Jafet Nonato, "estamos totalmente desbordados; con el número de inspectores que somos es inasumible soportar la carga de trabajo y la verdad es que, entre los pocos medios que tenemos y la escasez de personal, nos es totalmente imposible garantizar la salud de todos, que es lo más importante".
Apuntó que, hasta la fecha, "hemos escapado como hemos podido", pero cada vez la actvididad es mayor y se dejan de hacer numerosas inspecciones, auditorías, visitas o tomas de muestras, porque no hay medios para desplazarse o el número de funcionarios no resulta suficiente. De hecho, aclaró que "muchas de las muestras que estaba programadas para este año se han dejado de tomar: de alimentos para comprobar que cumplen tanto con la legislación nacional como europea".
Apuntó que "no hay medios para desplazarnos a una quesería que se encuentre en las afueras, a una bodega, una actuación urgente en una playa, una alerta alimentaria o una toxinfección". A algunos casos de este último tipo de trabajo han debido acudir en guagua, a pesar de que requiere una actuación urgente, y que, de regreso, se utilice el mismo medio de transporte, a pesar de que no se podrá cumplir con la cadena de frío.
"En Santiago del Teide y Guía de Isora llevan un año y medio sin inspector de Salud Pública"
Además, Nonato manifestó que hay zonas del Sur de Tenerife, de forma concreta Santiago del Teide o Guía de Isora, que llevan un año y medio sin inspector de Salud Pública. "Parece que les da igual hasta que no haya un muerto o una catástrofe", señaló el portavoz del colectivo.
