La Federación Canaria de Islas (Fecai), que preside actualmente el dirigente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha iniciado una batalla, e incluso amenazan con acciones legales, para reclamar al Gobierno canario que no les siga cobrando de más por la gestión en la recaudación de los impuestos del Bloque de Financiación Canario , integrado por el IGIC, el AIEM (Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías) y el Impuesto de Matriculación.
Los cabildos consideran «injusto» que la Agencia Tributaria les repercuta el coste de gestión de la totalidad de los tributos que el Gobierno recauda, es decir, los impuestos cedidos (como el de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio) que no les llega a los cabildos. Las corporaciones insulares están dispuestas a pagar la parte que sí les toca, esto es, los impuestos del Bloque de Financiación Canario que se distribuyen en un 52% para la Comunidad Autónoma y las corporaciones locales e insulares reciben el 58%, y de esa parte el 64% le corresponde a los cabildos.
Hacienda ofrece una reducción de 7,5 millones y rechaza reformar la ley para calcular la cuantía
Según la ley actual, el Gobierno cuantifica en 39 millones de euros el coste por recaudar esos tributos. Para los cabildos, explica Sergio Lloret, es una cifra que no se ajusta a la realidad porque suman todos los impuestos. Las cuentas hechas por el Cabildo de Fuerteventura indican que del año 2020 el Gobierno les adeuda aún 4,7 millones de euros. La Consejería de Hacienda llegó a un acuerdo «político» el año pasado para rebajar el coste de gestión con los ayuntamientos y cabildos y les pagó 5,4 millones de euros de los 39 que les iba a repercutir, explica el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.
Todas las corporaciones, excepto Fuerteventura, aceptaron esta reducción en el coste de gestión. El Cabildo majorero no solo se negó a cobrar esa cantidad porque, según sus cuentas, hay que sumar 4,7 millones más para todas las corporaciones, sino que interpuso un recurso contencioso administrativo al Gobierno de Canarias, en el que solicita «la equidad en el cálculo del coste de ejecución», recurso que está en trámite.
Ahora están batallando además el coste de gestión de 2021. Para los cabildos, el año pasado tampoco ascendió a 39 millones, sino que tienen a su favor 10,6 millones. Tras debatirlo el pasado lunes en la Fecai, los presidentes de los cabildos tomaron un «acuerdo unánime» para reclamar al Gobierno que les dé esa cantidad y amenazan con acciones legales. Además, exigen un cambio en la ley para que el coste de gestión se ajuste a la realidad de modo que se desagreguen los impuestos cedidos de los del Bloque de Financiación. Están dispuestos a costear de forma compartida los suyos, pero no todos.
Por este motivo, han pedido una reunión urgente con el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para debatir este y otros asuntos como las compensaciones por las ayudas covid, que según afirman, tampoco las repartieron con ellos, o una parte de los recursos del extinto IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas), explica el jefe de la Unidad de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura, Miguel Socorro. Este técnico lleva tres décadas en la administración y, por su empeño, ganó un recurso contra el Estado en 2016 que obligaba a devolver 25,8 millones de euros a los siete cabildos, diputaciones y consejos insulares de Baleares después de que presentara un requerimiento para mostrar su disconformidad con los cálculos realizados sobre la liquidación definitiva de la participación de estas entidades en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2014.
En este caso, son varias cuestiones las que el técnico tiene en cartera y distintos recursos en cocina contra el Gobierno de Canarias, por el alto coste de la gestión en la recaudación de los impuestos o la compensación del IGTE.
Fermín Delgado afirma que el Gobierno no «va a cambiar», por ahora, la ley sobre el coste de la gestión de los impuestos. Este año están negociando, como en 2020, devolverle a los cabildos 7,5 millones de euros de los 39 millones que les cobran. Para la corporación insular de Fuerteventura no es la cifra correcta, y el hecho de que estén dispuestos a esa devolución significa que las cuentas no se están haciendo bien y es injusto que el Gobierno se quede con dinero que no le corresponde. Ellos insisten en que son 10,4 millones. Es más, Miguel Socorro ha cuantificado que existe una deuda desde 2009 de 250 millones por el coste de gestión, pero eso no se lo están pidiendo sino que actualice los de los últimos dos años y se cambie la ley para que se hagan bien los cálculos.
También reclaman un millón de euros de la compensación extraordinaria que el Estado dio al Gobierno por los efectos del covid, con motivo de la baja la recaudación del Bloque de Financiación, y que el Gobierno canario no repartió con los cabildos, sostienen. Según el Cabildo de Fuerteventura, si la Comunidad Autónoma mejoró su recaudación en el ejercicio 2020 en base a una financiación extraordinaria recibida del Estado derivada de la caída de ingresos, los cabildos deberían ser también receptores de esos recursos, pues las corporaciones locales sufrieron esa caída de ingresos presupuestarios originada por la pandemia.
Las corporaciones insulares estudian interponer recursos si no se corrigen las devoluciones
En cuanto al IGTE, el Cabildo calcula que el Gobierno de Canarias debe repartir 34,8 millones de euros y, por ello, no ha dado su conformidad a la Consejería de Hacienda de las dotaciones presupuestarias en la distribución de este impuesto, al no ajustarse al 100% la cuantía de la compensación estatal por este extinto impuesto, que ahora nutre el Fdcan (Fondo de Desarollo de Canarias) con 160 millones de euros anuales.
Por otro lado, el viceconsejero de Hacienda explica que este año los cabildos van tener que devolver 15,2 millones de euros al Gobierno por las entregas a cuenta de los recursos del Bloque de Financiación Canario, aunque, precisa, en que en este asunto no cree que haya discusión. Se les adelantó 868 millones el año pasado pero al hacer la liquidación a principios de 2022 se recaudó menos, 852 millones. No obstante, recuerda que en 2020 salieron 61 millones a favor de los cabildos y el Gobierno los pagó.
