El secretario general de CC y senador autonómico, Fernando Clavijo, aseguró, tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide su imputación por el caso reparos, que renunciará al aforamiento si resulta investigado para poder explicar cuanto antes la tramitación de unos expedientes que, en su opinión, se ajustaron «totalmente» a derecho.
Clavijo, en declaraciones a los periodistas en La Palma, respondió así al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía del Supremo que pide su imputación por un delito de prevaricación cometido entre los años 2011 y 2014 cuando era alcalde de La Laguna y firmó el levantamiento de varios reparos en contra del parecer del interventor. El dirigente de CC indicó que en los levantamientos de los reparos, unos 40, según afirmó, contaron con el informe positivo de los servicios jurídicos del consistorio y del servicio gestor por lo que se mostró convencido de que se actuó de forma correcta para dar continuidad a una serie de servicios públicos afectados. Entre éstos, detalló, se encontraba la financiación de los pisos tutelados para mujeres víctima de violencia machista, el combustible para los coches de la Policía Local, el servicio de basura o gastos en el área de parques y jardines.
Precisamente ayer, la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que llame a declarar como imputado a Clavijo por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en el caso reparos. Las diligencias previas han sido remitidas al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, al concluir que el dirigente nacionalista, como alcalde lagunero, dictó más de un centenar de decretos levantando los reparos de la Intervención General contrarios a la prórrogas y continuidad de contratos de servicios públicos.
En el escrito del Ministerio Público, el fiscal del Supremo José Martínez Jiménez se alinea con la instrucción de la titular del juzgado de La Laguna y con la fiscal del caso y considera que los hechos que se atribuyen a Clavijo, presidente del Gobierno autonómico de 2015 a 2019, deben ser calificados provisionalmente «como constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa».
«Fueron más de cien los decretos dictados para levantar los reparos formulados por la intervención municipal», indica la Fiscalía del Supremo, por lo que cabe interpretar que hubo «un uso generalizado de esta práctica» y que no se justifica por razones de urgencia o emergencia «como pretende hacer valer para su justificación» el senador.
Entre 2011 y 2014 se prorrogaron contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos millonarios, «contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público y las bases y pliegos de los respectivos concursos, pese a los contundentes reparos formulados por la Intervención general», prosigue el escrito de la acusación pública.
Para el fiscal del Supremo, hay «concurrencia de los requisitos del tipo penal de prevaricación administrativa», como se desprende del «certero análisis» de la titular del juzgado y la fiscal que han llevado el caso, «analizando no sólo los elementos incriminatorios, sino igualmente, y para desvirtuarlas, las razones invocadas» por Clavijo para dictar los decretos.
La juez del caso, tras las diligencias practicadas en La Laguna, consideró que no quedaba más por instruir sino llamar a declarar a Clavijo y, al ser aforado, remitió las diligencias al Tribunal Supremo. La Fiscalía de este tribunal pide a la Sala de lo Penal «que se incoe procedimiento» para depurar las responsabilidades de Fernando Clavijo Batlle y «que se acuerde la diligencia de declaración del investigado».
Colaborar con la justicia
El dirigente nacionalista también señaló que no sabe si es «casualidad» que sea la tercera ocasión que un informe de la Fiscalía se emite cuando está cerca un proceso electoral, en referencia al caso Grúas, en el que también fue denunciado por el concejal de Avante, ahora integrado en el PSOE, y actual senador, Santiago Pérez, y que finalmente fue archivado. Asimismo, indicó que era razonable que la Fiscalía del Supremo mantuviese el mismo criterio que la Fiscalía de Canarias y recordó que ahora será el magistrado ponente el que decidirá si lo llama a declarar como investigado.
Al respecto, insistió en que quiere colaborar con la justicia y en el caso de ser así renunciaría al aforamiento que le corresponde como senador para ir a declarar cuanto antes y explicar que la tramitación de esos expedientes que, según ha reiterado, fue ajustada a derecho y gracias «al ejemplar trabajo» de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna permitió la continuidad de servicios públicos esenciales. Clavijo señaló que fueron años complejos, en medio de una crisis económica y con un cambio en la ley de Régimen Local, pero aún así, a su juicio, se hizo un trabajo ejemplar.
Podemos Canarias reclamó ayer la dimisión inmediata como senador de Clavijo. La coordinadora general de la formación en Canarias, Laura Fuentes, afirmó en un comunicado que «esta mochila de presunta corrupción es inasumible para nadie que aspire a representar públicamente al archipiélago en ninguna institución», por lo que la situación de Clavijo como senador en representación de la Comunidad Autónoma «es insostenible».
