El diputado del Parlamento de Canarias Mario Cabrera y el concejal nacionalista en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Manuel Miranda, ambos de Coalición Canaria (CC), deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder a un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la Ley de Contratos del Sector Público por su gestión en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF).
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, Sergio Aliaga Herrera, dictó, ayer, un auto en la que declara abierto el juicio oral contra los citados cargos públicos de la federación nacionalista por supuestas contrataciones irregularidades en el CAFF durante el periodo 2007-2015.
El magistrado Aliaga recoge en su auto que los citados líderes de Coalición Canaria no hicieron uso de su derecho de nombrar abogado, ni habiéndosele designado ninguno por el turno de oficio, se les emplaza, con entrega de copias de los escritos de acusación, a fin de que en el plazo de tres días comparezcan en la causa con abogado que les defienda y procurador que les represente, nombrándosele de oficio si no lo verifican, y cumplido este trámite se dará traslado del escrito de acusación al designado como acusado para que en el plazo común de diez días presente escrito de defensa frente a la acusación formulada.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) presentó a principios de octubre de 2018 una querella contra el diputado Cabrera, que en aquel entonces era secretario primero de la Mesa del Parlamento de Canarias, así como contra Manuel Miranda, entonces director general de la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información. La querella alcanzó inicialmente a el expresidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, al exconsejero insular de Aguas, Andrés Díaz, así como a un trabajador. Sin embargo, éstos fueron exculpados.
Mario Cabrera perdió su condición de aforado tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor en de noviembre de 2018, por lo que puede ser juzgado por un Tribunal ordinario. La gestión del CAAF, empresa pública cuyo capital corresponde un 60% al Cabildo de Fuerteventura y el 40% restante a los seis ayuntamientos majoreros, ha acabado ante la Justicia. A la querella del fiscal del TSJC, Ernesto Vieira, se unió una denuncia del entonces Comité de Empresa. Ambas denuncias pusieron de manifiesto una serie de presuntas irregularidades en la compra de agua procedentes de pozos y catas, contratación de maquinas retroexcavadoras, adquisición de combustible y carburantes y en el transportes de cubas de agua. Los citados servicios eran contratados a ‘dedo’ y sin que mediara ningún expediente de contratación o concurso de licitación, según la Fiscalía, que consideró que este ‘modus operandi’ y, en especial la compra de agua al empresario Fermín Pérez Armas, «es una contratación ilegal, arbitraria y continuada». El 8 de mayo de 2019 comparecieron ante la entonces jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, Ana María Sanz, tanto Mario Cabrera, tras perder su condición de aforado, como Manuel Miranda.
Cabrera testificó ante la magistrada que las contrataciones tanto de las maquinaria como de las cubas de aguas se realizaban urgentes ante las numerosas averías imprevisibles que se producían en la distribución de agua y que las cubas eran alquiladas porque el CAAF no era capaz de dar abasto a las demandas de la población.
Tanto Cabrera como Miranda mostraron, tras su salida de los Juzgados, una enorme tranquilidad porque consideran que su actuación fue en todo momento responsable ante las situaciones de emergencias que se producían en la red de distribución de agua y en la propia planta potabilizadora.
Ocultación
La Fiscalía considera, según se lee en sus conclusiones tras culminar la fase de investigación, que desde el CAAF se trató de ocultarla compra de agua al empresario Fermín Pérez Armas. Así se desprende, según el Ministerio Fiscal, de un informe del técnico Rafael Melián de que habían finalizado las obras de conexión al depósito de Tequital, informes que se emitieron para levantar los reparos.
Este periódico intentó de forma infructuosa contactar tanto con Mario Cabrera como con Manuel Miranda para conocer su opinión respecto a la apertura de juicio oral contra ambos.
