El debate sobre si los expresidentes del Gobierno de Canarias deben recibir un salario vitalicio o una compensación económica como asesores del Ejecutivo, dada su «experiencia» por el cargo que han representado, siempre ha sido una cuestión controvertida, y no solo en las Islas sino en distintas comunidades, como en Andalucía, donde hubo un intento del PP el año pasado de darles una remuneración que se quedó en el aire. No obstante, al menos nueve comunidades de las 17 tienen reglado el sueldo de los expresidentes, como Cataluña y el País Vasco, que se llevan la medalla de oro en cuanto al pago a sus exmandatarios. Otras regiones, como Valencia, han establecido la remuneración a través de que los exdirigentes se conviertan en miembros del Consejo Consultivo como, por ejemplo, Francisco Camps, quien pese a estar implicado en el caso Gürtel estuvo percibiendo un salario desde 2011 hasta mediados de 2021 de este órgano.
El Gobierno de Canarias está promoviendo un proyecto de ley para fijar las atribuciones y deberes de la Presidencia, algo que no se había hecho desde 1983. Lo intentó en 2013 pero se frustró. Ahora busca adaptar todas las funciones de los presidentes a la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada en el Congreso en 2018. El texto ya está en el Parlamento regional y en ese documento se establece, en un apartado, la figura de los expresidentes, que ya tenían una regulación mínima desde 1983. Este proyecto de ley no plasma en sí mismo una compensación a los exmandatarios pero las quejas de distintos expresidentes de que no se les da un trato digno han reabierto este debate.
¿Deben recibir un salario vitalicio o alguna compensación tras abandonar el cargo? El actual presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha mostrado favorable a remunerar de alguna manera a los expresidentes si asesoran al Gobierno. No quiere este sueldo para él porque, en su caso, es funcionario de educación, afirman sus allegados. Es una posibilidad que lleva tiempo circulando porque hay expresidentes que no están pasando por una situación boyante o necesitan cuidados, como le ocurrió a Pascual Maragall en Cataluña, tras detectársele que padecía alzheimer en 2007 y se blindó darle ayuda.
En Canarias no supondría crear un órgano alternativo al Consejo Consultivo actual sino, como en otras autonomías, premiar la experiencia y consejos de los expresidentes. El PSOE, ASG, NC -partidos del Gobierno- y CC -en la oposición- no ven mal esta fórmula, pues entienden que si los expresidentes prestan un asesoramiento se les podría pagar algo, pero no un salario vitalicio como en otras regiones. Siempre que se habla de remunerar a los expresidentes se monta una bronca monumental y aunque en esta ocasión el texto del proyecto de ley no explicita nada, sí se abre la puerta a enmiendas en el Parlamento para que se clarifique la figura del expresidente, y más tras las quejas de algunos de los exdirigentes.
Jerónimo Saavedra, expresidente, exministro y exalcalde de la capital grancanaria, entre otros cargos, siempre dice lo que piensa. En este caso ha sido claro: afirma que el trato que se les da «es indigno». Relata que nunca ha faltado a la conmemoración del Día de Canarias y se ha tenido que pagar todo el trayecto a Tenerife de su bolsillo, como Lorenzo Olarte (CC). Es más, no tienen asistentes, coches u oficinas donde trabajar como en otras autonomías. Podemos se niega en redondo otorgar algún tipo de remuneración a los expresidentes y el PP dice que se les tiene que dar reconocimiento pero no dinero.
¿Qué pasa en otras comunidades? Al menos en nueve de las 17 autonomías se establece algún beneficio económico para sus expresidentes mientras que en Canarias, Asturias, La Rioja, Baleares, Murcia o Madrid no tienen derecho a ningún privilegio. Donde sí cuentan con ello es en Valencia, Castilla y León, Galicia o Castilla-La Mancha, regiones en las que se les puede dar una prestación por estar en los consejos consultivos.
Siempre se dice que en Cataluña y Euskadi los exmandatarios tienen un «retiro dorado» pues cuentan con una importante pensión desde que cumplen 65 años. Un decreto en 1983 fijó, en Navarra, por primera vez, medios y prerrogativas para los cuatro años posteriores a salir del cargo en esta comunidad, que sirvió para inspirar la regulación estatal, que dicta una pensión vitalicia para los expresidentes o que sean miembros del Consejo de Estado donde ganan más. En esta primera norma navarra se fijó recibir parte del salario (entre el 80 y el 60%) en función del tiempo que se haya ocupado el cargo y por un tiempo máximo de dos años.
La ley de retribuciones para los exlendakaris vascos, por ejemplo, plasma desde 1988 una pensión de retiro equivalente a lo que cobran los parlamentarios, eso sí, incompatible con otra actividad profesional o remuneración. Además tienen derecho a una oficina, personal de apoyo y coche oficial.
En 2003 se reguló el estatuto para los expresidentes en Cataluña bajo el mandato de Jordi Pujol, tras 23 años en el cargo. Es una pensión vitalicia a partir de los 65 años de un 60% del sueldo percibido como presidente de la Generalitat, el más elevado de todos los presidentes. Quim Torra solicitó la asignación mensual de más de 10.200 durante cuatro años, pese a estar inhabilitado por condena judicial. Artur Mas cobra pensión desde que cumplió la edad de jubilación y Carles Puigdemont, huido del procés, no recibía la retribución como expresidente porque cobraba un dineral como diputado en el Parlamento Europeo.
En Galicia los expresidentes de la Xunta tienen derecho durante dos años a una compensación económica del 60% de su salario y a pasar a formar parte de su Consejo Consultivo con un sueldo de 66.000 euros anuales. También en Castilla y León los presidentes pueden pasar tras su cese a formar parte del Consejo Consultivo.
En Canarias es una opción que siempre serpentea en las legislaturas, pero es un asunto espinoso, y dada la inflación y la situación de crisis por la pandemia parece que este debate va a quedar de nuevo aparcado para después de las elecciones de mayo de 2023.
