Las nóminas de los empleados públicos costarán el próximo año 173 millones de euros más de lo previsto en el presente ejercicio. Esta es al menos la estimación que ha realizado la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para 2023, que prevé tener que invertir al menos 3.971 millones de euros en los salarios de funcionarios, interinos y personal laboral y eventual al servicio de la comunidad autónoma. De esta manera, el capítulo del pago de las nóminas del personal rozará por primera vez los 4.000 millones de euros en el Archipiélago. ¿El motivo? Por un lado, las alzas salariales para tratar de mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos debido a la inflación. Y por otro, el incremento de personal, vinculado a las convocatorias de empleo que hay en marcha.
Así lo refleja una resolución en la que queda establecido el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma entre 2023 y 2025. En ella, respecto a los gastos vinculados al Capítulo 1 –que recoge el pago de las nóminas– se indica que está previsto un incremento para el próximo ejercicio del 1% para todos los colectivos. Aunque se advierte que esta subida está condicionada en todo caso a lo que la normativa del Estado establezca.
Canarias, al igual que el resto de gobiernos autonómicos y municipales del país, está muy pendiente de la subida salarial que establezca el Gobierno central, que suele servir de referencia para el resto de administraciones. El Ministerio de Hacienda está ya tanteando a los funcionarios para acordar una subida salarial que asegura debe ser «razonable» para que sea incorporada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Las grandes centrales sindicales del país esperan que el Ejecutivo de comandado por el presidente Sánchez sea partidario de realizar un incremento moderado, con el argumento de tratar de evitar alimentar la escalada inflacionista actual. Por lo que prevén que su propuesta se mueva en torno al 3%.
Sin embargo, los sindicatos aspiran a que la subida pueda compensar el importante encarecimiento de los precios que se ha producido durante este año. Por lo que el alza debería acercarse para ellos al 7 u 8%, ya que insisten en que los funcionarios han perdido poder adquisitivo este año, cuando los sueldos a nivel nacional se incrementaron un 2% y el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio está ligeramente por debajo del 9%. Y añaden que su capacidad de gasto también se vio mermada en 2021, un año en el que los sueldos públicos subieron un 0,9% mientras la inflación escaló de media un 3,1% en los doce meses, lo que supone una merma del poder de compra de 2,2 puntos. Para presionar al Gobierno central sobre el alza de las nóminas públicas, los sindicatos han convocado una gran movilización el próximo 24 de septiembre.
Aumento del 3%
De esta manera, si finalmente el Estado marca una subida en torno al 3% y la comunidad autónoma canaria sigue esta misma estela, los 170 millones de euros extra previstos por la Consejería de Hacienda ya no serían suficientes para hacer frente al pago de las nóminas de los 70.000 empleados públicos que prestan servicio en la administración autonómica. Si finalmente se aplicase un incremento del 3% en las nóminas del personal, el gasto total en el Capítulo 1 del presupuesto para el próximo ejercicio ascendería al menos a 4.050 millones de euros.
La espiral inflacionista no es el único factor que elevará el coste del capítulo salarial de la comunidad autónoma. El Gobierno regional también ha previsto para todos los colectivos un incremento del 1% de las bases de cotización a la Seguridad Social. Además, es consciente de que habrá un aumento por el mayor número de nóminas que tendrán que abonar debido al incremento de la plantilla pública, que no ha dejado de crecer en los dos últimos años, cuando con la pandemia la administración se ha convertido en la gran generador de empleo en el Archipiélago. Solo entre julio de 2021 y enero de 2022 la plantilla se vio incrementada en más de 3.400 efectivos, en su mayoría docentes pero también funcionarios de las consejerías o departamentos o sus organismos autónomos.
De esta forma, la hacienda canaria también tiene recogido en su previsión el coste de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OPE) que se están desarrollando o se vayan a ejecutar, así como los créditos necesarios para financiar las retribuciones del nuevo personal que se incorpore para la gestión de los fondos Next Generation. Tanto de aquellos que se adscriban a las unidades administrativas provisionales que se constituyan para proyectos financiados con este mecanismo, como los salarios del personal funcionario, interino, temporal o laboral que se nombre o se contrate para realizar tareas ligadas a la gestión de estos proyectos.
Incesante subida
El capítulo que destina la comunidad autónoma canaria a pagar las nóminas de toda su plantilla –que incluye desde el personal administrativo hasta el sanitario, el docente o el vinculado al cuerpo policial– no ha dejado de crecer durante los últimos años. De acuerdo con el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, el Capítulo 1 del presupuesto de 2021 ascendió a 3.817 millones de euros, lo que supuso el 22% del total de las obligaciones reconocidas. Solo entre el segundo año de pandemia y la previsión realizada para el fin de este ejercicio hay una diferencia de 152 millones. En 2015, la administración autonómica dedicaba a la partida de personal 2.634 millones de euros. Una cifra que supone que en apenas ocho años la partida se ha incrementado en más de 1.300 millones.
