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Competencias | Nueva etapa en la ordenación costera

El Estado se reserva un papel decisivo en los litigios de costas en Canarias

Empresas turísticas y miles de afectados por la Ley de Costas exigen celeridad al Gobierno regional una vez asumidas las transferencias en la gestión del litoral

Vista del núcleo costero de Cho Vito, en Candelaria. Andrés Gutiérrez

Las expectativas creadas en torno a las nuevas competencias que tendrá la Comunidad Autónoma en el litoral de las Islas han provocado ya las primeras reclamaciones y presiones sobre el Gobierno regional cuando ni siquiera se han empezado a ejercer las mismas, lo que se producirá a partir del 1 de enero de 2023. Al Ejecutivo autonómico se le abren nuevos frentes complejos y difíciles que tendrá que gestionar en coordinación permanente con el Estado, que seguirá teniendo un papel determinante en las costas como queda claro en el decreto aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros. El Gobierno central sigue siendo el único competente para regular el dominio público marítimo-terrestre, lo que condiciona hasta dónde puede llegar Canarias a la hora de solucionar los conflictos a gusto del consumidor cuando haya informes negativos del Estado.

Cuando apenas se ha iniciado el curso político el Ejecutivo de Torres ya tiene sobre la mesa la petición de los empresarios turísticos de participar en la comisión técnica que se va a crear entre los dos gobiernos para analizar los expedientes más controvertidos en materia de costas, entre ellos los referidos a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura. Pero también están las peticiones de proyectos de puertos deportivos, regeneración de playas, recalificaciones de terrenos en la servidumbre marítimo-terrestre o las concesiones en las playas con el fin de instalar kioscos, chiringuitos, hamacas, camas balinesas, terrazas y otros elementos de ocio.

Por otro lado, hay más de 60 núcleos poblacionales en las Islas junto al mar y más de 150.000 personas afectadas por las amenazas de Costas que llevan décadas esperando una solución. La plata- forma creada para defender a estos poblados, situados en el dominio público, exige que se ponga en marcha cuanto antes la comisión mixta comprometida por el Ejecutivo para analizar caso por caso y buscar una solución que evite repetir estampas como el derribo del poblado de Cho Vito en Tenerife en 2012.

El Gobierno central mantiene la potestad de emitir un informe preceptivo sobre el dominio público

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Pero el Gobierno regional no lo va a tener fácil. El Estado seguirá conservando la función de emitir un informe preceptivo cuando se trate de asuntos que afecten a la garantía de la integridad física y del uso de la franja pública de la costa. Los expertos recuerdan que el litoral sigue siendo propiedad del Estado y es el que tiene la última palabra en cuestiones que puedan suponer la ocupación de la franja litoral que limita la orilla del mar con la tierra. Incluso la Administración estatal puede rescatar las concesiones que realice la Comunidad Autónoma por una razón de interés general.

El informe preceptivo del Estado vincula a la Administración autonómica en la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, en los planes y normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico en la zona costera y en las inversiones en obras de interés general. También el Estado se arroga la función de fijar el importe de los cánones de ocupación y aprovechamiento del dominio público y la titularidad de los derechos económicos por la utilización del mismo, aunque en este caso la Comunidad Autónoma también puede establecer otros gravámenes.

Judicialización

Uno de los temores que ronda la cesión de la gestión del litoral a la Comunidad Autónoma es que aumente la judicialización de los contenciosos vinculados a las concesiones y autorizaciones en las zonas costeras. Al entrar en escena un nuevo actor –el Gobierno regional– la posibilidad de recursos se incrementa porque una posible diferencia entre las dos administraciones que perjudique a un tercero puede acabar en los tribunales, que deben pronunciarse en función de lo que recoge la ley de Costas. Pero los pleitos judiciales también pueden ser entre las dos administraciones. En 2021 el Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional a Cataluña, una de las comunidades que tiene transferidas las competencias en costas junto a Andalucía y Canarias, por una ley autonómica de la Generalitat ante una invasión de competencias. El Gobierno catalán cedió a los ayuntamientos una serie de usos en el litoral, lo que no fue aceptado por el Estado.

Una de las ventajas que sí tendrá Canarias en esta nueva etapa de gestión del litoral es que podrá participar en los informes y en la planificación de las obras de interés general, algo que hasta ahora no existía ya que todas las competencias estaban en Madrid.

Temor a que aumenten los pleitos judiciales por las diferencias entre administraciones

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Tanto los empresarios como los poblados afectados por la ley de Costas reclaman celeridad a la Comunidad Autónoma ante unos pleitos y controversias con Costas que tardan años en resolverse y que suponen incertidumbres para el destino turísticos, para los empleos que genera y para los miles de canarios que tiene su vivienda habitual junto al mar y sienten la amenaza de una piqueta. El Gobierno regional se ha comprometido a trabajar en estos últimos meses de 2022 tantos con unos como con otros para llegar a enero con parte del trabajo realizado y evitar en los primeros compases de las transferencias que surjan los primeros conflictos con el Estado y con los afectados.

Al mismo tiempo el Gobierno central ha advertido que la ley de Costas sigue siendo el precepto legal a cumplir tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma. La protección del medio marino frente al desarrollismo y al cambio climático condicionará buena parte de las futuras intervenciones en el litoral canario.

20 puestos de trabajo

En el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el Gobierno central traspasa a la Comunidad Autónoma siete vehículos, el edificio de Arrecife de la Demarcación de Costas y varias plazas de garaje del inmueble donde se ubica el servicio provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife. En material de personal el Ministerio confirma que se traspasan 20 puestos de trabajo ocupados y vacantes, de los cuales diez están adscritos a la Demarcación de Costas de Canarias y otros diez al servicio provincial de Tenerife. A estos 20 puestos de trabajo el Gobierno canario se compromete a añadir al menos 20 más para aumentar la plantilla. La escasez de medios humanos fue precisamente uno de los problemas que estancaron durante meses las negociaciones.

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