Los ingresos que recibe Canarias del sistema de financiación autonómica supera la media estatal. Mientras, territorios como Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha no solo siguen por debajo de la financiación media por habitante, sino que, además, siguen perdiendo posiciones, a la espera de una reforma del modelo que el actual Gobierno de coalición ya ha renunciado a acometer en esta legislatura. El Ministerio de Hacienda publicó a finales de julio los datos de la liquidación definitiva de la financiación autonómica correspondiente a 2020. El análisis de estos datos difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pone de relieve la mejora de comunidades en el reparto de la tarta de la financiación autonómica y el empeoramiento de algunos territorios que ya partían de la infrafinanciación.

Según la liquidación definitiva de 2020, los ingresos por habitante asignados a Canarias (2.746 euros) se situaron por encima de la media (2.555 euros). En particular, la financiación por habitante ajustado (un concepto que tiene en cuenta factores como la dispersión geográfica o el grado de envejecimiento) correspondiente a 2020 se situó en 107,5 puntos en Canarias, respecto de una media de 100 La Fundación de Estudios de Economía Aplicada advierte en su informe sobre financiación autonómica de que el Gobierno central, al igual que sucedió en la crisis de 2009, «ha optado por proteger en exceso» a las comunidades autónomas de los efectos de la crisis derivada del covid, «trasladando la inevitable caída de ingresos a años posteriores y reduciendo así los incentivos para iniciar los necesarios ajustes». El volumen total de financiación definitiva que recibieron las comunidades autónomas de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2020 una caída de 11.200 millones de euros (-9%) con respecto a 2019 por el descenso de los ingresos tributarios autonómicos y estatales como resultado de la crisis sanitaria, según el análisis de Fedea realizado por su director, Ángel de la Fuente. No obstante, el organismo señala que este retroceso fue «más que compensado» por una inyección de recursos extraordinarios a cargo del Estado por valor de 19.600 millones de euros.