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La capacidad hídrica de Canarias cae un 60% por el descenso de las lluvias

Entre 1920 y 2020 los datos registran una disminución de 700 a 300 mililitros | Los ecologistas reclaman una «transición hídrica» ante el riesgo de colapso

Imagen de archivo de una presa. | | E.D.

La capacidad hídrica de las Islas ha descendido vertiginosamente y los datos evidencian que el volumen de lluvias ha caído un 60% en el último siglo. Con cifras acumuladas de la pluviometría registrada entre 1920 y 2020 el promedio de precipitaciones ha pasado de 700 mililitros a 300, mientras que la capacidad de los manantiales y acuíferos ha disminuido de los 59 hectómetros cúbicos a tan solo 3, lo que da idea de la situación en la que se encuentran las Islas en relación con la gestión del agua.

Esta situación afecta de manera desigual a las Islas. Las más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, dependen de la extracción del agua de los pozos y las galerías entre un 60 y un 70%, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura tienen una dependencia casi absoluta del agua desalada y en las islas occidentales se reparten entre manantiales y aguas subterráneas.

Un análisis realizado por Ben Magec-Ecologistas en Acción refleja que al ritmo actual de sobreexplotación de los acuíferos Canarias está abocada a un «colapso hídríco», según aseguró ayer el portavoz de la organización, Eugenio Reyes, que reivindicó la necesidad de que el Archipiélago cuente no solo con una «transición energética» sino también hídrica. Por ello Reyes advirtió que la ley de Biodiversidad debería recoger una estrategia que garantice la sostenibilidad de las aguas superficiales de cauces y barrancos, junto a un control público de la explotación de los acuíferos subterráneos con el fin de no acelerar el proceso de «colapso» al que se dirige Canarias en tres o cuatro décadas.

Ben Magec pide cambios en la Ley de Aguas y que el Gobierno entre en la gestión del agua

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Santiago Martín Barajas, coordinador estatal de Ecologistas en Acción en materia de aguas, presentó ayer un amplio informe jurídico elaborado con análisis de juristas y constitucionalistas en el que se detectan anomalías e incumplimientos de la ley canaria de aguas con respecto a la normativa estatal. El dirigente ecologista defendió que el Gobierno regional «debería tener competencias compartidas con los cabildos en algunas cuestiones» con el fin de proteger los acuíferos de la sobreexplotación y que el Ejecutivo entre también en la inspección y en el régimen sancionador por vulneraciones de la legislación. En este sentido, la organización ecologista puso el énfasis en que la legislación canaria es más permisiva que la estatal en las obras que realizan los propietarios de pozos y galerías para extraer el agua subterránea sin que la Administración intervenga, mientras que este tipo de explotaciones sí están más controladas en la Península.

La ley canaria vigente es de 1990 y suplió a la Ley de Aguas de 1987, cuya controversia en su momento provocó fuertes protestas de empresarios agrícolas y aguatenientes y provocó el cambio del signo político del Gobierno en aquel momento tras las elecciones autonómicas. Tres décadas después de promulgar la norma canaria, la organización ecologista propone una reforma que modifique parcialmente el texto para que la gestión de los recursos hídricos no estén solo en manos de los cabildos, a través de los consejos insulares de aguas, sino que el Gobierno también pueda intervenir ante la situación «preocupante» en la que se encuentra la gestión del agua en las Islas.

Martín Barajas se mostró sorprendido porque en Canarias no se hayan declarado masas de agua superficiales que no sean costeras. En este sentido puso el ejemplo de barrancos como Azuaje o Los Cernícalos en Gran Canaria; El Infierno en Tenerife; El Cedro en La Gomera o Los Sauces en La Palma que llevan agua todo el año y, sin embargo, no cuentan con una protección que garantice el mantenimiento de la biodiversidad de estos parajes naturales.

El dirigente ecologista advirtió que la organización que representa prepara un informe para presentarlo ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva del Agua comunitaria que, a su juicio, existe en Canarias y que permite el Estado al no hacer cumplir la ley nacional que es básica y de obligado cumplimiento. Santiago Martín recalcó que en Canarias no hay reservas naturales fluviales y es la única comunidad autónoma que no cuenta con esta figura, mientras que en Baleares hay cinco.

Asimismo, Ben Magec reclamó que las organizaciones ambientalistas tengan representación en los consejos insulares de aguas ya que tienen derecho como el resto de comunidades autónomas.

Propuestas de modificaciones

Cumplimiento

Más participación

  • Con objeto de cumplir con la Directiva marco del agua en cuanto a la autoridad competente adecuada, Ecologistas en Acción cree que deberían de modificarse los consejos insulares del agua en cuanto a su composición y adscripción para introducir una participación adecuada de los órganos con competencias concurrentes.

Informe

Gestión opaca

  • El informe jurídico concluye que la gestión de los derechos de aguas por los consejos insulares del agua es opaca pues la ciudadanía no puede acceder de manera directa a información sobre los derechos de uso de agua inscritos en los correspondientes registros de aguas y catálogos de aguas privadas. Esta opacidad tiene graves consecuencias en la gestión.

Obligaciones

Protección mejorable

  • La situación de cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de las aguas es manifiestamente mejorable, según Ben Magec, tanto en el ámbito institucional, de planificación hidrológica y de riesgos de inundación y sequía, como en el del conocimiento, transparencia y participación pública.

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