Podemos Canarias, uno de los cuatro partidos que sustentan el Gobierno regional, quiere que haya «profesionales» en materia de anticorrupción en el equipo encargado de estudiar los expedientes de Costas. Una vez oficializado el traspaso de la competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma, la coordinadora general de la fuerza política morada, Laura Fuentes, considera imprescindible contar con personal «reconocido» en los ámbitos de la protección medioambiental y la «lucha contra la corrupción» para garantizar la adecuada gestión del litoral. La líder de Podemos entiende que estos expertos ambientalistas y contra la corrupción deben integrarse en la «comisión técnica» que verá los expedientes.
Y al mismo tiempo ve «inadecuado» que los empresarios turísticos puedan tener cierto peso o voz durante la tramitación. No obstante, la comisión técnica Estado-Canarias es un órgano meramente transitorio y no resolutivo. Hasta el próximo 1 de enero seguirá siendo la Administración central la encargada de los expedientes de Costas, mientras que la Administración autonómica asumirá la competencia de forma material a partir de ese día.
Lo que se persigue con la comisión es aprovechar ese ínterin para compartir información sobre los casos abiertos, ver en qué fase se encuentra cada uno de ellos, establecer prioridades –si es el caso– o ver los posibles escollos que han demorado hasta el extremo la resolución de un determinado expediente. En definitiva, se trata de una práctica habitual cuando el Estado transfiere una competencia a cualquiera de las Comunidades Autónomas, de modo que el traspaso efectivo se produzca sin trastornos.
Así lo explicó ayer el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, que aclaró que en cuanto la región comience a ejercer las funciones propias de la gestión del litoral, serán los funcionarios los que resuelvan los expedientes. Y ahí no tienen cabida de ninguna de las maneras ni los empresarios ni ningún otro agente externo a los técnicos de la Administración pública, tal como ya había advertido el consejero y portavoz del Ejecutivo del Archipiélago, Julio Pérez, después de que la patronal turística pidiera formar parte de esa comisión técnica Canarias-Estado. El caso es que ni esta comisión transitoria ni mucho menos el futuro órgano funcionarial encargado de ver y resolver cada expediente disponen de asiento alguno para el empresariado. «Serán los funcionarios los que decidan, pero la ley es una», subrayó el viceconsejero de la Presidencia.
En línea con las palabras de Olivera, cabe precisar que el traspaso de una determinada competencia de la Administración estatal a la regional en modo alguno implica cambios en las leyes. Lo que cambia es el centro de decisión. En el caso concreto de la gestión del litoral, parece lógico de todo punto que las decisiones sobre las costas del Archipiélago se tomen en el Archipiélago, y no desde un ministerio en Madrid y por funcionarios que, tal vez, ni siquiera hayan pisado nunca las Islas. Pero las decisiones seguirán teniendo el mismo margen y los mismos límites en Madrid, Cataluña, Andalucía o Canarias: la legislación. Eso sí, en este caso el traspaso de la competencia supondrá un extraordinario incremento del personal y, por ende, del ritmo de resolución de los expedientes. El Ejecutivo regional no tiene calculado cuánto se reducirá el tiempo medio de resolución de los casos, pero Olivera se muestra convencido de que la disminución será «extraordinaria». «Se ganará en agilidad y la bajada será sensible», insistió el representante del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres.
En cualquier caso, el anuncio oficial del traspaso de la competencia en Costas ha generado cierto runrún sobre su conveniencia en determinados ámbitos de la sociedad, e incluso la política, en los que se ve un mayor riesgo de sucumbir a intereses privados cuanto más próximo esté el centro de decisión. Al respecto, el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, rechazó este argumento y se mostró convencido de que la asunción de la gestión del litoral significa para Canarias un paso adelante.
«Lo que no nos parece acertado es prejuzgar o presuponer desde ya que las cosas se van a hacer mal», expuso el diputado, que considera que en estos momentos, cuando aún faltan cinco meses para que se produzca el traspaso efectivo de la competencia, no es tan importante saber quiénes van a estar en esa comisión técnica Canarias-Estado –que como su propio nombre indica tendrá un marcado perfil técnico– como demostrar «confianza» en su labor y, sobre todo, en la del futuro órgano de decisión autonómico. No como un mero ejercicio de voluntarismo, sino desde la evidencia, ahondó el parlamentario de NC, de que «a esta tierra siempre le fue mejor cuando ejerció las competencias en cualquiera de los ámbitos, como se ha visto todos estos años en la sanidad o la educación».
Al hilo de lo anterior, Campos está convencido de que la asunción de la gestión de las costas «será lo mejor» para la Comunidad Autónoma, máxime después de haber logrado –de ahí la demora en el traspaso– que Canarias asuma las mismas funciones que las otras regiones que ejercen la competencia en su litoral, como son los casos de Andalucía y Cataluña. Logrado este objetivo, en línea con lo estipulado en el Estatuto de Autonomía, el diputado recordó que «nada que no esté en la ley se va a poder aprobar».
Hay que recordar que los empresarios turísticos vienen quejándose de que Costas toma decisiones «unilaterales» que perjudican directamente al sector en materia de concesiones administrativas para usos diversos relacionados con el negocio turístico o por las demoras en la autorización y ejecución de infraestructuras públicas en el litoral. Los empresarios confían en que esto se corrija bajo la competencia autonómica.
