La prórroga solicitada por los ayuntamientos canarios para implantar los planes de seguridad en las playas se queda en un año, de tal forma que las 365 playas y zonas de baño que requieren de la elaboración de un plan de seguridad y salvamento tendrán que tenerlo en agosto de 2023 como muy tarde. Según el Gobierno regional, solo 126 de estas zonas cumplen con el decreto en vigor desde 2018, con lo que hay 239 que todavía no disponen de las medidas previstas.
Algunos ayuntamientos querían más plazo o modularlo en función del desarrollo de los planes, pero finalmente la ampliación es de un año, según confirmó ayer el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, que como consejero de Seguridad llevó al Consejo de Gobierno el proyecto de modificación del Decreto 116/2018. El pasado 22 de julio, previa audiencia de los municipios costeros e informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, se procedió a modificar, mediante una orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los anexos del decreto para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.
Entre los cambios más importantes introducidos, de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), está la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento, se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde, rechazando que existan más, pues se crea confusión y no se ayuda a identificar los colores con los grados de peligro.
Los ayuntamientos turísticos habían puesto el grito en el cielo ante la inminencia de la fecha en la que se tenía que aplicar en su totalidad el decreto de playas, el próximo día 8 de agosto, y reclamaron al Ejecutivo que diera una nueva prórroga a los municipios ante la complejidad que supone la elaboración de los planes de seguridad y el incremento de personal necesario para la implantación de los mismos. Los contactos entre el Ejecutivo y los ayuntamientos han terminado con modificaciones en los anexos del decreto y esta ampliación de un año aprobada ayer por el Gabinete.
Del total de 750 playas y zonas de baño marítimas que hay en las Islas, según la última revisión efectuada por parte de los ayuntamientos, hay 365 que requieren la elaboración de un plan de seguridad y salvamento y que en la Dirección de General de Seguridad y Emergencias tienen constancia de 126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados. Este importante retraso ha obligado al Gobierno autonómico a realizar esta prórroga ya que lo contrario supondría sanciones ante el incumplimiento de los ayuntamientos.
