Las patronales turísticas canarias dan un paso más en sus exigencias para que el Gobierno regional pise el acelerador y asuma cuanto antes los expedientes de costas que afectan directamente al sector turístico. Los empresarios quieren formar parte de la comisión técnica que se va a formar entre la Consejería de Transición Ecológica y el Ministerio para analizar los expedientes que afectan a las Islas al considerar que son actuaciones abiertas importantes para el sector y que aún siguen pendientes. «Somos parte interesada, nos gustaría saber en qué situación se encuentran y qué medidas va a poner en marcha el Gobierno canario porque necesitamos soluciones para mejorar la calidad del destino», asegura el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), José María Mañaricua.
En este sentido, las cuatro patronales turísticas canarias se ofrecen «como colaboradores de la Administración para convertir a Canarias en un modelo de gestión óptima de la competencia recientemente asumida». Por ello esperan que desde ahora los resultados sean mucho mejores que los derivados de la experiencia pasada con la Administración del Estado, «que no se ha distinguido por su eficacia y eficiencia en la resolución de los asuntos vinculados con el uso del litoral, tanto los promovidos por las administraciones públicas como por el sector privado».
Mañaricua critica que a día de hoy Costas sigue adoptando «decisiones unilaterales» que perjudican directamente al sector turístico en materia de concesiones administrativas para usos diversos relacionados con la actividad turística y las demoras en la autorización y ejecución de infraestructuras públicas en el litoral. Los empresarios cuestionan la «imprecisión y lentitud» que ha marcado la gestión de Costas y por eso esperan que la gestión autonómica suponga «cercanía y eficiencia».
El presidente de la patronal de Las Palmas reitera que las playas canarias siguen contando con servicios de hace 40 años frente a costas como las de Andalucía o Baleares que cuentan con prestaciones modernas y atractivas para los turistas, pero también para los residentes que cualifican el destino y no incumplen la legislación porque la ley es estatal. «Lo que estamos pidiendo no es ser mejor que nadie sino igualdad en el trato porque vamos a Cádiz o a Mallorca y hay unas ofertas en sus playas que no hay aquí, estamos en una situación tercermundista en relación con otros destinos de la Península y no entendemos los motivos de tanta demora en los expedientes», lamenta Mañaricua. Chiringuitos modernos, servicios de hamacas, oferta gastronómica, camas balinesas y otro tipo de servicios han sido solicitados de forma reiterada pero la realidad es que entre la lentitud de la Demarcación de Costas y la tramitación administrativa de los ayuntamientos las concesiones se eternizan en los despachos.
Las organizaciones empresariales esperan por las consultas y reuniones que ha anunciado la Consejería de Transición Ecológica con los sectores implicados en la gestión del litoral, pero también reclaman su presencia en la comisión técnica para tener información de primera mano de la situación de los expedientes que afectan el sector.
La transferencia de la competencia en costas también tiene una dimensión laboral ya que en la negociación también hay un traspaso de personal que ahora depende de la Administración central y nuevos trabajadores que tendrá que contratar la Comunidad Autónoma para gestionar una competencia que es amplia y compleja. Sin embargo, ya los sindicatos advierten de las condiciones laborales que hereda la Comunidad Autónoma y su discrepancia con las condiciones en las que se ha realizado el traspaso de los efectivos. La Federación de Servicios Públicos de UGT rechaza la cuantía y las condiciones laborales del personal de Costas asumido por el Ejecutivo canario tras la transferencia pactada con Madrid y avisa de la convocatoria de movilizaciones en el caso de no alcanzar un acuerdo.
Valoración y funciones
UGT discrepa de la valoración por parte del Ministerio de las cargas de trabajo, donde se determina que las funciones que permanecerán en el ámbito estatal (deslindes, adscripciones, obras de gran cuantía o informes complementarios) representan aproximadamente el 70% del trabajo mientras que las competencias que se transfieren (vigilancia, sanciones, autorizaciones, concesiones, servicios de temporada) serían del 30%. Así pues, se determina que la transferencia de personal sería del 30% del total de la plantilla, lo que supone 20 puestos transferidos de un total de 70 trabajadores. El sindicato opina que la relación de la carga de trabajo ha de ser la contraria, pues el trabajo que se acaba de transferir a Canarias puede representar entre el 60 y el 80% de la carga total.
Por ello UGT asegura que la dotación actual destinada en Canarias para la gestión de sus costas de 70 trabajadores es «manifiestamente insuficiente» y recuerda que ha reclamado «en diferentes ámbitos» más personal para poder asumir la vigilancia y gestión de los más de 1.500 kilómetros de costa en las ocho islas.
A esta «insuficiencia de personal de partida» se suma «la insuficiente valoración del porcentaje a transferir», lo que da como resultado, por ejemplo, que se transfieren dos agentes medioambientales para las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que haría «absolutamente imposible» el desempeño de las funciones de vigilancia del medio costero. Ante el anuncio del Gobierno de Canarias de la contratación de 20 efectivos adicionales, UGT estima que deberían ser 40 por cada una de las dos provincias.
El sindicato también critica que la contratación anunciada haya carecido de la correspondiente información a los trabajadores afectados, ni a su representación legal, sobre las condiciones de trabajo en el nuevo organismo gestor, tanto sobre su futura ubicación física como sobre la forma de llevar a cabo el trabajo o sobre la cualidad de los puestos de nueva contratación.
