El Gobierno de Canarias está pisando el acelerador para licitar este año el mayor volumen posible de obra pública. Un acelerón que se notó sobre todo en mayo y junio y que ha permitido triplicar la cuantía de los contratos ofertados en el primer semestre de 2022 con relación al mismo período del año pasado. Es más, el Ejecutivo regional y todo su entramado de entidades dependientes –empresas públicas, organismos autónomos...– sacaron trabajos a subasta o concurso entre enero y junio por un montante equivalente al de todo 2021. Es decir, a la Administración autonómica le han bastado seis meses para igualar las cifras de los doce meses anteriores, según los datos publicados ayer por Seopan, la patronal de las grandes constructoras del país.
La suma de los trabajados licitados por el Gobierno canario en la primera mitad de 2022 supera ligeramente los 176,4 millones de euros. En el semestre inicial de 2021 no llegó a 53 millones. El importe de los contratos de obras se ha triplicado así en los seis primeros meses del ejercicio –en realidad más que triplicado– en términos interanuales. Un notable incremento que evidencia el mayor ritmo que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha imprimido a la contratación pública. Con el objetivo de lograr el mayor nivel posible de ejecución de los fondos extraordinarios europeos, un auténtico reto para una Comunidad Autónoma con problemas históricos para materializar su presupuesto anual para inversiones, al Gobierno no le queda otra que echar el resto. De momento, los refuerzos materiales y humanos en los órganos de contratación parecen empezar a dar frutos: esos 176,4 millones de euros de los contratos licitados hasta el 30 de junio son prácticamente la misma cuantía que en todo 2021 (178,9 millones).
Hay que precisar, eso sí, que fue en mayo y junio cuando el montante se disparó. De hecho fue en esos dos meses cuando el Ejecutivo sacó a subasta o concurso públicos los contratos más jugosos. En ese bimestre, siempre según las cifras que maneja Seopan, el Gobierno isleño licitó obras por casi 158,5 millones, el 88,6% del total de lo que va de ejercicio. El ritmo, por tanto, parece ir in crescendo, lo que a falta de corroborarse en los próximos meses insufla cierto optimismo sobre las posibilidades de conseguir un alto nivel de ejecución de los fondos comunitarios, cuya mayor parte –la del MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia– tiene diciembre de 2026 como fecha tope de ejecución.
Pero, además, la celeridad a la hora de licitar las obras es si cabe más importante en estos momentos, ya que las constructoras, asfixiadas por la carestía de las materias primas, revisan con lupa los pliegos para ver si les merece o no la pena pujar por el contrato. Cuanta más rapidez imprima la Administración pública al procedimiento, más margen tendrá para afrontar posibles cambios e incluso para reaccionar ante la posibilidad de que la licitación quede desierta. Con los precios del cobre, la madera, el mármol o el acero en máximos históricos; con las empresas hartas de exigir que se adecuen los contratos a la inflación; y, sobre todo, con la espada de Damocles de los rígidos plazos de ejecución impuestos por Bruselas, acelerar al máximo la obra pública es una tarea impostergable.
Sea como sea, lo cierto es que la maquinaria autonómica parece estar ya engrasada. Desde 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, solo una vez licitó el Ejecutivo obras en un primer semestre de año por más de 176,4 millones. Fue en 2019. Así pues, el Gobierno isleño ha sacado trabajos en lo que va de 2022 por la segunda suma más alta en 15 años.
Sube el Estado; bajan los entes locales
Al margen de la Administración autonómica -Gobierno de Canarias y organismos dependientes-, los datos de Seopan, la patronal de las grandes constructores del país, muestran que el montante de las obras licitadas por el Estado en el Archipiélago crece en lo que va de año, mientras que se reduce en el caso de las entidades locales, esto es, cabildos y ayuntamientos. El Estado, es decir, el Ejecutivo central y todo su entramado -Ministerios, direcciones generales, empresas públicas...-, sacaron obras a subasta o concurso en la primera mitad de 2022 por un importe de 88,4 millones de euros, frente a los 80,1 millones del mismo período de 2021. En cambio, cabildos y ayuntamientos licitaron trabajos por un importe de 273,3 millones, 25,6 menos -un 8,6% menos- que en el primer semestre del año pasado.
