El pleno de la Audiencia de Cuentas desestimó ayer el preinforme de fiscalización de los presupuestos y las contrataciones del Gobierno de Canarias durante el estado de alarma y avala la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el caso mascarillas, que afecta a la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL, para la compra de un millón de tapabocas destinadas a los hospitales canarios y que nunca llegaron a las Islas. El acuerdo salva de esta forma la compra del SCS. Los miembros de la Audiencia de Cuentas entienden que, en aquel contexto, no era necesaria la autorización del Consejo de Gobierno para acreditar la adquisición de material sanitario, dada la excepcionalidad del momento. Además, justifican el uso de proveedores no habituales para la compra de equipos de protección, puesto que el mercado estaba tensionado y los agentes del sector no tenían capacidad para responder a las demandas de las administraciones públicas.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, compareció ayer por cuarta vez en el pleno del Parlamento para dar explicaciones sobre la compra de material de protección durante el estado de alarma. Trujillo señaló a los diputados que la única novedad que se había producido a lo largo de la última semana –desde que compareció ante la comisión de sanidad– es que no se había validado el informe del principal órgano fiscalizador de la comunidad autónoma y que el Gobierno de Canarias «sigue trabajando para recuperar el dinero perdido».
Trujillo insiste en que lo importante es recuperar el dinero perdido para las arcas públicas
La fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el director del SCS, Conrado Domínguez, al apreciar indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Esta denuncia fue admitida a trámite la semana pasada por el juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Trujillo, que compareció a petición del grupo Nacionalista, reiteró ante el pleno de la Cámara autonómica que el Gobierno está colaborando «desde el minuto uno» con el procedimiento y les instó a tener en cuenta las circunstancias en las que se llevó a cabo el contrato. Además, insistió en que la operación se ejecutó respetando la legalidad vigente, que se había flexibilizado para que las instituciones pudieran dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia de la covid-19 y proteger a los profesionales de la sanidad y a la población ante el virus.
El consejero hizo hincapié en que el Ejecutivo canario intentó el embargo de la empresa para tratar de recuperar el dinero para las arcas públicas. También puntualizó que el objetivo es reparar el dinero abonado, más los intereses, así como una indemnización por daños y perjuicios ocasionados, hasta un monto de 9,4 millones de euros.
«No reconoce ni un error»
El diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez criticó que la única respuesta que ha recibido por parte del Gobierno es que «no pasa nada, que se respetó la ley y que van a recuperar el dinero». Si bien puntualizó que ese importe «no se ha perdido, sino estafado», con lo que no intentar recuperarlo «sería un delito». El nacionalista lamentó que el Ejecutivo canario sea «incapaz de reconocer siquiera un error después de perder 4 millones de euros». Díaz-Estébanez, quien calificó como decepcionante la intervención de Trujillo, volvió a lanzar preguntas como quién tomó la decisión de comprar las mascarillas, quién autorizó la operación, por qué el Gobierno regional tardó más de seis meses en hacer el primer requerimiento tras constatar el incumplimiento o quién optó por renegociar el contrato con los estafadores. Trujillo respondió que todos esos interrogantes ya se habían resuelto y que las respuestas estaban a su disposición en el portal de transparencia del Ejecutivo.
Díaz-Estébanez puntualizó que cuando se ejecutó la compra del millón de mascarillas a RR7 el responsable de la Consejería de Sanidad era Julio Pérez quien, a su juicio «debería tener algo de vergüenza torera»; y que el director del SCS era Antonio Olivera. El diputado nacionalista se preguntó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tuvo conocimiento en algún momento de la operación.
La diputada del grupo Mixto Vidina Espino y Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, pidieron respetar la actuación de la justicia y la presunción de inocencia. Si bien Espino exigió analizar si se produjeron irregularidades o delitos en la compra de las mascarillas. La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río recalcó que la principal preocupación de su formación es la recuperación de los 4 millones de euros para las arcas públicas canarias. Además, reclamó que se esclarezcan los hechos y pidió que «si ha habido responsabilidades fiscales o penales que se depuren hasta el final».
Esther González, de Nueva Canarias, afirmó que abordar el caso mascarillas «por enésima vez» carece de sentido tratar, porque «no hay novedades de relevancia». González acusó a la oposición de querer «buscar titulares, ganar minutos en las radios y en las teles y páginas en los periódicos, porque no tienen nada que aportar».
La diputada del grupo Popular María Australia Navarro señaló que Trujillo había perdido una nueva oportunidad de «aclarar la turbia compra de las mascarillas» y anunció que su partido pedirá responsabilidades políticas al Gobierno, aunque siempre respetando la presunción de inocencia. Por último+, Marcos Hernández, del grupo Socialista, incidió en que el «contrato fallido» se tramitó por la vía de emergencia y, por tanto, era excepcional.
