El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, niega cualquier «vínculo de amistad» con el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco Rubén González, a la que se le contrató la compra de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros, que nunca llegaron al SCS. Durante su intervención en la comisión parlamentaria de Sanidad en la que compareció para dar explicaciones sobre el ‘caso mascarillas’, Domínguez fue tajante al afirmar que ningún consejero del Gobierno de Canarias ha pedido su dimisión. Domínguez insistió en el Parlamento autonómico en que, ante la crisis sanitaria, se flexibilizó la legislación para poder agilizar las compras de material, por lo que insistió en la «legalidad» de la operación en aquel contexto.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria admitió ayer a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Conrado Domínguez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias; la que fuera directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por presunta prevaricación; y Rayco González por presunta estafa y blanqueo de capitales. El órgano judicial tomará declaraciones a los tres querellados en calidad de investigados, así como a una serie de testigos y peritos.
Domínguez recordó a los diputados la fuerte competencia que se generó en el mercado internacional para poder conseguir equipos de protección para el personal sanitario. Así, hizo hincapié en que la modificación vía real decreto de la norma permitía el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran por objeto social la venta de material sanitario. «Casi la mitad de las empresas que nos suministraron material sanitario no se dedicaban a vender estos productos», apuntó el director del SCS, quien aseguró a los diputados presentes en la comisión que si en los primeros meses de la pandemia ellos hubieran conocido a alguien con contactos para adquirir material sanitario seguro que «lo hubieran puesto a disposición del SCS».
Sobre la calidad de los productos contratados, Domínguez subrayó que el modelo de mascarilla estaba avalado por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal. Además, señaló que trató de renegociar el contrato porque el material era necesario ante el avance del virus y que siempre buscó «el interés general».
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, defendió en la comisión que la prioridad del Gobierno es recuperar los cuatro millones de euros para las arcas públicas y detalló que la Agencia Tributaria Canaria hizo, sin éxito, un primer intento de embargo y ahora está en fase de «investigación patrimonial» de los responsables de la empresa. «No vamos a parar, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos los canarios», afirmó Trujillo, quien detalló que el Ejecutivo seguirá colaborando con la justicia.
Recuperar los cuatro millones
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, definió el mercado de material sanitario en los primeros meses de la pandemia como «una jungla», pero exigió responsabilidades. Espino reconoció estar sorprendida por el abono del un segundo pago de dos millones de euros a una empresa que no había entregado ningún material al SCS y se preguntó por qué el Gobierno canario no recurrió a la vía penal antes que a la administrativa. Sin bien Espino se mostró a favor de dejar trabajar a la justicia.
Jesús Ramos (ASG) felicitó al Ejecutivo por su «transparencia», que comparecía ayer por tercera vez ante la Cámara para dar explicaciones por el ‘caso mascarillas’. Ramos criticó los ataques políticos contra el Gobierno en aras de desgastarlo y apuntó que «si cada vez que tenemos una responsabilidad de Gobierno estas son las consecuencias, nos será difícil conseguir a gente preparada para que las asuman».
Por su parte, María del Río (Sí Podemos) reclamó una investigación que llegue «hasta el final» y que permita depurar responsabilidades. Para la portavoz de la formación morada, la prioridad es recuperar los cuatro millones de euros, porque ha habido «sinvergüenzas» que se han lucrado de las necesidades de las personas en momentos de crisis. Esther González (NC) criticó el «juicio paralelo» que se ha gestado contra altos cargos del Gobierno, sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Miguel Ángel Ponce (PP) se mostró perplejo ante la formalización de un contrato con una empresa que nunca demostró su solvencia y que se dedicaba a la compra de coches. Además, acusó al Gobierno canario de seguir «lavándose las manos» y de querer «aparecer como víctima de este proceso».
José Alberto Díaz-Estébanez (CC) destacó la falta de contenido de las intervenciones de Domínguez y de Trujillo y calificó a Domínguez como «cabeza de turco». Además, volvió a señalar como responsables al portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, porque en aquellos momentos dirigían la Consejería, y al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien presidía el comité de emergencia sanitaria. Marcos Hernández (PSOE) acusó a Díaz-Estébanez de la «falta de responsabilidad» al acusar a estos cargos.
