El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, fue tajante al afirmar que ningún miembro del Gobierno de Canarias le ha pedido que dimita por su relación con el 'caso mascarillas'. Además, niega cualquier “vínculo de amistad” con el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco Rubén González, a la que se le contrató la compara de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros y que nunca llegaron al SCS, ni con ningún otro responsable de los 365 contratados de emergencia firmados durante la pandemia.
Durante su intervención en la comisión parlamentaria de Sanidad en la que compareció para dar explicaciones sobre el 'caso mascarillas', Domínguez insistió en que la legislación se había flexibilizado para poder dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, por lo que insistió en la “legalidad” de la operación en aquel contexto. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Domínguez por prevaricación y tráfico de influencias y ha denunciado a González por estafa agravada y blanqueo de capitales.
Domínguez quiso contextualizar el momento en el que se ejecutó la compra de las mascarillas y recordó las fuertes competencias que se generaron en el mercado para conseguir equipos de protección para el personal sanitario. Así, recordó que la modificación vía real decreto de la norma permitía el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran ese objeto social. “Casi la mitad de las empresas que nos suministraron material sanitario no se dedicaban a vender estos productos”, apuntó el director del SCS, quien señaló que la "excepcionalidad" de esos contratos ha sido reconocida por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Cuentas, que también comprende la emergencia de los suministros.
El director del SCS aseguró a los diputados presentes en la comisión que si en los primeros meses de la pandemia ellos hubieran conocido a alguien con contactos para adquirir material sanitario seguro que “lo hubieran puesto a disposición del SCS”. Sobre la calidad de los productos contratados, Domínguez subrayó que el modelo de mascarilla estaban avaladas por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal. Además, hizo hincapié en que trató de renegociar el contrato porque el material era necesario ante el avance del virus y siempre buscó “el interés general”.
El consejero de Sanidad, quien también participó en la comisión, defendió que la prioridad del Gobierno es recuperar los cuatro millones de euros para las arcas públicas, a través de la Agencia Tributaria Canaria, que hizo un primer intento de embargo y ahora está en fase de "investigación patrimonial" de los responsables de la empresa. "No vamos a parar, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos los ciudadanos de Canarias", afirmó Trujillo, quien detalló que el Ejecutivo seguirán colaborando con la justicia y se personará en el procedimiento cuando se abra. No obstante, el consejero del ramo insistió en recordar la situación de emergencia que se vivió en los primeros meses de la pandemia y en la flexibilización de la normativa para intentar salvaguardar la salud de la población.
