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Seguridad en las costas canarias | Los problemas de las administraciones públicas

La seguridad en las playas de Canarias requiere de 1.500 socorristas más

En comunidades como Galicia y Asturias hay dificultades por la falta de personal | Los ahogamientos aumentan tras la pandemia

Un joven se lanza al agua en el espigón de la playa de Las Teresitas . Carsten W. Lauritsen

El cumplimiento del decreto autonómico de seguridad en las playas y zonas de baño requiere entre 1.000 y 1.500 socorristas más de los que ya hay vigilando las costas de las Islas, según las estimaciones que se han realizado. Se trata de un volumen importante de personal que los ayuntamientos tendrían que asumir para desplegarlos por los 360 puntos costeros que deben contar con un plan de seguridad y salvamento. No existen datos fehacientes de cuántos socorristas y vigilantes hay actualmente en las zonas de baño de las Islas porque cada municipio gestiona la vigilancia de su litoral con asociaciones, empresas y ONG diferentes. El gasto de personal es el principal escollo al que se enfrentan las corporaciones municipales para cumplir con la normativa, que sigue causando revuelo cuatro años después de su publicación en el BOC y que ahora tendrá una ampliación de la moratoria que había dado el Gobierno regional.

La demanda de socorristas y personal de playa cuando se cumpla el decreto en su totalidad choca con dos problemas: la precariedad laboral en la que se encuentran este colectivo, que es contratado por temporadas en función de la afluencia turística, cuyos sueldos rondan los 800 euros mensuales. Por otro lado, el temor a que no exista suficiente mano de obra cuando se incremente la demanda ya que hay comunidades autónomas en las que hay serios problemas en playas y piscinas por la falta de socorristas. Un ejemplo elocuente este verano es en Galicia, comunidad en la que hay municipios (concellos) donde no se han podido abrir piscinas y zonas de baño porque no se encuentra personal formado que quiera trabajar en la temporada de verano. También en otras regiones como Navarra, Asturias o Madrid existen dificultades.

Los ayuntamientos estiman que la contratación de más socorristas y personal para cumplir con la seguridad en la costa les supondría incrementos del gasto de personal por encima del millón de euros y en aquellos municipios con un litoral amplio y esencialmente turístico podrían llegar a los dos millones de euros, contando también con el material que exige la norma a través de los planes de seguridad y emergencias.

En función de la afluencia

El decreto 116/2018 sectoriza las playas en función de las zonas de afluencia y calcula que para el grado de protección y dimensionamiento debe haber un puesto de vigilancia y socorro por cada 400 metros, con un área de responsabilidad de 200 metros a cada lado y a una distancia no superior a 20 metros de la línea de mar. Por ejemplo, en las playas o zonas de baño con grado de protección alto la norma exige una persona que ejerce la jefatura de playa o de turno; una persona socorrista de presencia en cada torre de vigilancia existente; una persona socorrista de actividades acuáticas para la atención sanitaria por cada dos torres; dos personas socorristas en cada embarcación de auxilio, al menos una de ellos con la debida acreditación para el manejo de la embarcación, y dos personas socorristas para la vigilancia a pie de agua.

En relación con los recursos materiales, se requieren al menos carteles informativos por cada acceso, banderas de señalización, torres o sillas de vigilancia, embarcación de auxilio o moto de agua con plancha de rescate, equipamiento de salvamento, megafonía portátil, sistema de comunicaciones, botiquín de primeros auxilios, señales dinámicas de riesgo a pie de playa, desfibrilador semiautomático e incluso puesto de primeros auxilios en el caso de playas con un grado de protección alto.

La norma fija el tipo de playas y zonas de baño –charcos, pocetas, piscinas naturales– en función de su mayor o menor peligrosidad, sus condiciones y las características de la zona, el viento, el oleaje y estado del mar y otras circunstancias. El catálogo de playas consideradas peligrosas en las Islas es amplio, de hecho calificadas como peligrosas hay 301 playas en las ocho islas, mientras que en otras 40 su uso para el baño está prohibido. Tenerife cuenta con 114 playas peligrosas y 30 de uso prohibido, mientras que en Gran Canaria hay 69 definidas como peligrosas y nueve prohibidas para el baño. Les siguen La Palma –28 playas peligrosas–, Fuerteventura –27–, La Gomera –26–, Lanzarote –23–, El Hierro – 10 peligrosas y una prohibida– y La Graciosa –cuatro–.

Esta elevada peligrosidad de la costa canaria provoca que las cifras de ahogamientos sean alarmantes, de tal forma que los ahogamientos se han convertido en la primera causa de muertes por accidentes en Canarias muy por encima de los accidentes de tráfico. Entre 2018 y 2021 se produjeron 676 accidentes en el medio acuático documentados, con un total de 223 fallecidos. Los dos últimos años han sido especialmente virulentos con un incremento sustancial de los accidentes en el mar con 192 cada año, por encima de 2018 y 2019, en los que hubieron 165 y 127 percances, respectivamente. El confinamiento y las restricciones de 2020 redujeron los fallecimientos en las playas y zonas de baño a 43, pero en 2021 esta cifra fatídica se elevó hasta las 64 muertes, por encima de 2018 y 2019 en los que hubieron 59 y 57 muertes, respectivamente.

Planes de seguridad

El Diputado del Común abrió una investigación de oficio, que culminó en 2021, para determinar el grado de cumplimiento de los ayuntamientos del decreto 116/2018. La conclusión del expediente es que las corporaciones con el plan de seguridad y salvamento aprobado eran 32 tres años después de la entrada en vigor de la normativa, mientras que otros 31 se encontraban todavía tramitando sus respectivos planes.

Cuatro ayuntamientos respondieron a los requerimientos del Diputado del Común que no habían iniciado la tramitación de los planes, uno no respondió, mientras que nueve municipios argumentaron no tener obligación de aprobar planes de seguridad para la seguridad en la costa. De los 88 ayuntamientos que hay en el Archipiélago, 77 tienen costa, mientras que 11 no dan al mar, siendo Gran Canaria la isla con más municipios sin costa –siete localidades–, Tenerife cuenta solo con tres municipios no costeros y La Palma con uno.

Los planes de seguridad y salvamento son instrumentos de planificación donde se deben incluir todas las características de la playa o zonas que abarquen junto a todos los medios disponibles de control, vigilancia y auxilio y los soportes de respuesta ante cualquier emergencia. Son documentos amplios, pormenorizados y redactados por técnicos en la materia. La complejidad de este tipo de planes ha supuesto un hándicap para aquellos ayuntamientos que no disponen de los recursos humanos y técnicos que exige el decreto autonómico.

De hecho, según la investigación de oficio abierta por el Diputado del Común el año pasado ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana, Valle Gran Rey, Teguise, Yaiza, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife se encontraban tramitando los planes de seguridad de sus playas y zonas de baño tres años después de la publicación del decreto.

Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos que se exigen para los planes de seguridad y salvamento son la identificación de las personas titulares y del emplazamiento de la playa o zona de baño marítima; la identificación y descripción de la playa o zona de baño marítima y medio físico en el que se desarrolla; el inventario, análisis y evaluación de riesgos; el inventario y descripción de las medidas y medios de seguridad y salvamento de la playa o zona de baño marítima; el plan de actuación ante emergencias de la playa o zona de baño; la integración del plan en otros de rango superior y la implantación y actualización del mismo cuando sea necesario.

En Canarias hay alrededor de 700 puntos costeros pero son 360 los que requieren de planes de seguridad y salvamento en función de lo que determina la norma. El Gobierno canario se ha visto obligado a ampliar el plazo para la aplicación total del decreto porque cerca del 70% de las zonas costeras que requieren de un plan no lo tienen. Baleares ha adelantado a Canarias en lo referido a la seguridad en las playas y zonas de baño pese a que el Gobierno balear se inspiró en el primer decreto que se elaboró en Canarias, en 2002, que después no llegó a entrar en vigor hasta que se elaboró el aprobado en 2018.

Además de prorrogar la aplicación de la norma, próximamente se publicará las modificaciones acordadas entre el Ejecutivo y los ayuntamientos de los anexos del decreto con el fin de modular y flexibilizar algunos de los medios y requisitos que se exigen, con el fin de incentivar la cooperación entre las playas de los municipios costeros colindantes y precisar las necesidades de personal y medios en función de la afluencia y características de las playas, si bien el Ejecutivo asegura que la modulación de los medios ya está recogida en el decreto vigente.

Las imprudencias se pagan

Peligrosidad

Playas populares

  • Las playas catalogadas como peligrosas no son solo zonas de baño recónditas de la costa o de difícil acceso. El oleaje y los vientos predominantes también hacen peligrosas playas urbanas como la zona de La Cícer, El Confital o La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria; San Andrés, en Arucas; San Agustín o Las Burras, en San Bartolomé de Tirajana; Famara o el Golfo, en Lanzarote; Puerto Naos en La Palma, o Almáciga y Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife. Entre las playas de uso prohibido se encuentran las de Jinámar y San Borondón, en la costa de Telde; Masca y Los Barqueros, en Buenavista del Norte; Antequera o Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife o Puerto Naos, en El Pinar.

Ahogamientos

Más siniestralidad

  • Tenerife es la isla donde hay más accidentes en el medio acuático y más fallecidos por ahogamientos, según las cifras oficiales. Sin embargo, Gran Canaria también le sigue de cerca. De hecho, en el último año 21 muertes se produjeron en Tenerife y 20 en Gran Canaria. Cerca del 80% de los fallecidos por ahogamiento son turistas y también sobre el 80% del total de ahogados son varones. La mayoría de los percances son imprudencias.

Investigación

Municipios rezagados

  • En la investigación de oficio del Diputado del Común la isla con más ayuntamientos que habían aprobado los planes de seguridad de las zonas de baño a los tres años del decreto era Gran Canaria, con ocho municipios, mientras que Tenerife estaba más rezagada con seis ayuntamientos. Fuerteventura tenía a la mayoría de sus corporaciones con los planes de seguridad aprobados. Por contra, 13 ayuntamientos de Tenerife estaban con los planes en trámite. De los cuatro ayuntamientos que no los había iniciado tres eran de Tenerife y uno de La Gomera.

Organización

Vigilancia y rescate

  • La organización de la seguridad en las playas y zonas de baño es variopinta y hasta 13 instituciones y ONG se encargan en mayor o menor medida de la vigilancia del litoral y de rescatar a los bañistas y pescadores accidentados en el mar. Cruz Roja tiene contratado el servicio de vigilancia y socorrismo en playas turísticas emblemáticas de las Islas, mientras que también hay otras empresas que son contratadas por los ayuntamientos. Además Guardia Civil, 112 o Salvamento Marítimo apoyan esta vigilancia con sus medios.


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