El Gobierno recula y prorroga el plazo para la aplicación del decreto que regula la seguridad en las playas y zonas de baño de las Islas. Las quejas de los alcaldes y la evidencia de que solo un tercio –alrededor de un centenar– de las 360 playas que requieren de un plan de seguridad lo tienen han obligado al Ejecutivo a dar más margen de tiempo a los municipios. El Consejo de Gobierno analizó ayer el escenario que se presentaba el próximo 8 de agosto, fecha a partir de la cual entraba en vigor plenamente el decreto, con la mayoría de los ayuntamientos sin cumplirlo cuatro años después de su aprobación. La Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad tendrá que buscar ahora el mecanismo jurídico adecuado para ampliar el plazo.
El Ejecutivo modifica los anexos para modular los medios y compartir servicios entre las playas
Además, en los próximo días el Ejecutivo publicará en el BOC las modificaciones pactadas con los ayuntamientos de los anexos del decreto donde se describen los medios que deben desplegar los municipios en el litoral habilitado para el baño. Según explicó el portavoz y consejero de Seguridad, Julio Pérez, la orden de su departamento acordada con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) incluirá correcciones y aclaraciones de los anexos del decreto y concretará también la prórroga a aprobar. Por ejemplo, se aclararán los tipos de bandera, la necesidad de servicios de seguridad únicos en calas anexas, la modulación de los servicios en función de la afluencia, peligrosidad y otras características de cada cala o zona de baño, entre otros aspectos.
Pérez reconoció las dificultades que ha generado el cumplimiento de la norma. Para empezar el decreto obliga a los ayuntamientos a aprobar un plan de seguridad y emergencia en cada playa, cala o zona de baño hasta un total de 360, según la cifra estimada por el Ejecutivo. A día de hoy alrededor de un 30% de las playas cuentan con este plan, lo que supone que siete de cada 10 zonas habilitadas para el baño no tienen aprobado este mecanismo necesario para garantizar la seguridad con socorristas, torres de vigilancia, dispositivos de emergencia, comunicaciones y otro tipo de medios materiales y humanos.
El portavoz del Ejecutivo corrigió algunas de las afirmaciones de la Asociación de Municipios Turísticos y aclaró que con las modificaciones que se van a introducir en los anexos del decreto se podrán compartir los servicios de seguridad que se presten en el litoral entre playas anexas aunque pertenezcan a municipios diferentes. Asimismo, Pérez indicó que se modulará el nivel de seguridad y de recursos en función de la afluencia de cada zona de baño, por lo que no todas requieren del mismo nivel de medios. No obstante, el representante del Ejecutivo admitió que es una política de seguridad «compleja y exigente» y por eso se va a mantener nuevos contactos con los ayuntamientos para determinar las medidas y concretar plazos de entrada en vigor. Eso sí, Pérez advirtió que estas medidas son necesarias porque las playas son piezas esenciales del turismo.
Julio Pérez defendió el contenido del decreto, aprobado por el Gobierno anterior, y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el texto tras un recurso presentado por la Fecam. El auto judicial ratifica el decreto de seguridad en las playas de 2018 y sostiene que no se aumentan las exigencias estatales de seguridad, sino que se concretan aspectos puntuales. En este sentido, el consejero recalcó que la complejidad del sistema trata de adaptarse precisamente a las características de cada playa en función de su peligrosidad, media de bañistas y otros aspectos, siempre con el objetivo prioritario de evitar ahogamientos y aportar la máxima seguridad posible. «Que Canarias tenga unas playas seguras es algo a lo que no podemos renunciar», remarcó.
El TSJC avaló el decreto tras un recurso de la Federación Canaria de Municipios
Las decisiones de ayer adoptadas por el Consejo de Gobierno deja en el aire la reclamación que habían hecho los alcaldes al Parlamento para que instara mediante una proposición no de ley al Gobierno a fin de aplazar la aplicación del decreto y modificar los anexos con la relación de medios de vigilancia.
