El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, anunció que el Gobierno de Canarias se personará como parte si se abre un procedimiento judicial, con el fin de recuperar los cuatro millones de euros que se pagaron por un material que nunca se recibió. Pérez señaló, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que serán los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma los que determinarán en calidad de qué es la personación y subrayó que el Gobierno colaborará en todo lo que sea preciso con la Justicia.
Además, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, comparecerá la próxima semana en el Parlamento de Canarias para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su departamento ante el caso mascarillas, tal y como había solicitado el diputado de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz-Estébanez.
El Ejecutivo canario adopta estas decisiones tras el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez; por prevaricación contra la directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez; y por estafa y blanqueo de capitales contra el administrador de la empresa RR7 United Limited, Rayco Rubén.
Igual que el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, hizo por la mañana, Pérez insistió en que el principio de presunción de inocencia está vigente «y hay que respetarlo». Además, reiteró que el objetivo de su personación en el supuesto de que se abriera un proceso judicial es recuperar el dinero que se pagó, así como los intereses.
Respecto a si la Consejería ha realizado una investigación interna, el portavoz ha dicho que cualquier expediente decaería si se abre un procedimiento judicial. Hasta ahora la Agencia Tributaria ha presentado una decena de requerimientos a la empresa RR7 United Limited para solicitar la devolución de los cuatro millones de euros que se abonaron por algo más de un millón de mascarillas que nunca llegaron al SCS.
Torres hizo hincapié en que la prioridad del Gobierno es recuperar el dinero, dado que la comunidad autónoma es «parte afectada». El presidente mostró toda la disposición del Ejecutivo a colaborar con la justicia y remarcó, en línea con la posición mantenida por el propio Domínguez, que el objetivo siempre fue defender el «interés general» en un momento muy complicado por la pandemia sanitaria. Además, Torres pidió «respeto» ante todos los pasos que debe dar la justicia porque el caso aún se encuentra en una «fase muy preliminar».
