El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, contra quien se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción en el caso mascarillas, sostiene que SCS ha seguido todas sus actuaciones «basándose en la legalidad vigente». En un audio divulgado ayer, Domínguez hace hincapié en que el SCS colaborará con la justicia y en la recuperación del dinero «que no está en las arcas públicas», cuatro millones de euros que se entregaron a la empresa RR7 United antes de recibir unas mascarillas que nunca llegaron.
Anticorrupción considera que los cargos públicos del SCS contra los que se ha querellado –Domínguez y a la directora general de Recursos Económicos en aquellas fechas, Ana María Pérez– trataron de «encubrir» las irregularidades cometidas al contratar a RR7 una partida de un millón de mascarillas durante la tramitación posterior de ese expediente.
Fuentes del Ministerio Público precisan que la querella tiene dos grandes apartados: por un lado, el dirigido a describir la estafa agravada que, a su juicio, cometió el administrador de RR7, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública; y por otro, las irregularidades de las que hace responsable al director del SCS.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, sostiene en la querella que, si una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como es el caso, pudo hacerse con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por ese importe fue por un trato de favor por parte del máximo responsable del SCS. Por eso, lo acusa no solo de prevaricación, sino también de tráfico de influencias, porque estima que se seleccionó a RR7, una empresa dedicada a la compraventa de coches, para un suministro negociado sin publicidad por la amistad que un intermediario de su confianza tenía con Rayco Rubén González.
La Fiscalía remarca que RR7 «engañó» al SCS para conseguir que el abono por anticipado de todo el importe del contrato, sin haber servido aún las mascarillas. Pero también pone en cuestión que el SCS no tenga responsabilidad en lo ocurrido cuando la Aduana retuvo en el aeropuerto de Gran Canaria las mascarillas porque el titular de la marca, 3M, denunció que eran una falsificación, lo que llevó a requisarlas.
Pero el punto del expediente donde el fiscal aprecia un salto cualitativo en lo ocurrido es cuando, el 16 de julio de 2021, la directora de Recurso Económicos del SCS aprueba «reanudar» el expediente y acepta su propuesta de trueque: cambiar el millón de mascarillas que no pudo servir el año anterior por 1,2 millones de mascarillas de otra marca manteniendo el mismo precio. Los responsables del SCS prevaricaron en esa decisión, según la Fiscalía Anticorrupción.
