La inminente entrada en vigor del decreto de medidas de seguridad en las playas canarias ha provocado la alarma en los ayuntamientos turísticos, que ven su aplicación «inasumible», «inviable» y un «disparate». Los alcaldes advierten que está en juego el cierre de las más de 600 playas y zonas de baño que hay repartidas en todas las Islas si la norma autonómica se aplica en todos sus extremos y no hay un aplazamiento, como reclaman los regidores para que las medidas sean «proporcionadas» a la situación de cada zona. «Una cosa es garantizar la seguridad, algo en lo que todos estamos de acuerdo, y otra llevarla al extremo contrario porque hay una desproporción de medios humanos y materiales que no pueden ser asumidos por los ayuntamientos», advierte la vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
El decreto de playas fue aprobado por el Gobierno canario en 2018 y daba un margen de hasta cuatro años para que los municipios se adaptaran al mismo. El próximo 8 de agosto finaliza esta moratoria de cuatro años y durante este periodo la Federación Canaria de Municipios (Fecam) intentó parar el decreto con un recurso contencioso administrativo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó en 2021 al considerar que el Gobierno sí tiene competencias para regular medidas generales de seguridad en el litoral. A partir de ahí se abrió una negociación política con la Dirección General de Seguridad y Emergencias que, según los ayuntamientos, no ha fructificado en modificaciones ni aplazamientos de la norma, pese al compromiso del Ejecutivo de al menos cambiar algunas medidas de los anexos del decreto donde se enumeran los medios a implantar en las playas y zonas de baño.
Onalia Bueno es contundente y asegura que si el decreto entra en vigor tal y como está el 8 de agosto «ayuntamientos como el de Mogán se verían obligados a cerrar sus playas porque su aplicación es inasumible». Además los alcaldes también se arriesgan a incurrir en responsabilidad penal ante el nivel de exigencia del decreto. Los ayuntamientos tendrían que incrementar exponencialmente el número de socorristas y vigilantes porque, según Bueno, no solo se trata de las playas más concurridas y turísticas sino de cualquier playa, piscina natural o charco habilitado para el baño. En todas hay que disponer de torres de vigilancia, puesto de primeros auxilios, embarcaciones de salvamento, equipamientos, comunicaciones y demás elementos que suponen desplegar tal cantidad de recursos que no lo podrían asumir las arcas de los ayuntamientos. Según la Asociación de Municipios Turísticos aquellos ayuntamientos con más litoral apto para el baño puede incrementar sus gastos de personal entre uno y 2,5 millones de euros solo en personal para contar con los jefes de playa, socorristas y vigilantes que se requieren, además de la formación que hay que dar a los mismos.
Sin recursos
«La entrada en vigor de la norma tumbaría los contratos de seguridad actuales y ello implicaría dejar sin recursos a nuestras playas durante seis meses hasta que se tramiten los nuevos”, añade Bueno. Los cambios solicitados por la asociación permitirían una interpretación más flexible del decreto, abriendo la posibilidad a las administraciones locales a mancomunar los recursos materiales y humanos entre las playas aledañas. Los municipios turísticos han solicitado reiteradamente que se redimensionen las condiciones o requisitos de los planes de seguridad y salvamento de las playas, también en lo tocante a los criterios fijados para determinar el aforo de las mismas y el historial de incidencias.
Una representación de la Asociación formada por Onalia Bueno, Josefa Mesa –Guía de Isora–, José Juan Cruz –Tías– y Oswaldo Betancort –Teguise– se reunieron el martes con los portavoces de todos los grupos políticos del Parlamento para que la Cámara, a través de una iniciativa o proposición no de ley (PNL), inste al Ejecutivo regional a retrasar la fecha de aplicación del decreto para analizar las particularidades de los municipios más afectados, dimensionar los medios a la realidad del litoral e introducir modificaciones en el anexo del decreto. Los alcaldes se han visto obligados a recurrir al Parlamento «debido a que la comisión autonómica de Protección Civil no ha atendido las aportaciones y sugerencias realizadas desde hace meses por parte de los destinos turísticos», advierte la Asociación.
Los grupos parlamentarios se han comprometido a pactar un texto para llevarlo al último pleno de este periodo de sesiones, los próximos 26 y 27 de julio, con el fin de que el Ejecutivo paralice la entrada en vigor del decreto y conceda una nueva moratoria. En esta reivindicación están todos los grupos, incluidos los que respaldan al Gobierno, y alcaldes de todos los signos políticos. De hecho, el alcalde de Tías, José Juan Cruz (PSOE), critica que una vez más el Gobierno canario legisla sin tomar en cuenta la realidad y la opinión de los ayuntamientos con «disparates» como el decreto de playas. «En este caso no es que no queramos cumplir, sino que lo que pedimos es aplazar la aplicación del decreto para modular los medios en función de las playas o zonas de baño de que se trate», indica.
Hace ahora un año el director General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, Gustavo Armas, explicó tras una reunión en el Ayuntamiento de Mogán que se habían tenido en cuenta las solicitudes de la Asociación y de la Fecam a la hora de trabajar en los cambios del decreto. En concreto se modificarían los anexos, ya que de esta forma el proceso de tramitación es más simple y rápido que si se cambiara el articulado. Por ahora todo sigue igual, según los alcaldes afectados.
