La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited SL, Rayco Rubén G.S. La sanidad pública del Archipiélago pagó a la mencionada empresa cuatro millones de euros en mayo de 2020 por una partida de mascarillas que nunca se recibió. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público a Efe, Anticorrupción aprecia indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En la querella, registrada ayer, el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, solicita que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

Ródenas entiende que la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, ni investigó a una mercantil que no estaba vinculada con el sector sanitario. A posteriori, tampoco puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido.

Ana María Pérez decidió romper el contrato en mayo de 2021 al no haber recibido las mascarillas. RR7 United solicitó un cambio de modelo y mantener viva la relación comercial. Incluso, en julio, se acordó que incrementaría en un 20% las unidades pactadas hasta las 1,2 millones de mascarillas, pero tampoco llegaron nunca, por lo que el SCS decidió otra vez resolver el contrato.

Conrado Domínguez, sostiene que se dieron todos los pasos para recuperar el dinero y recordó que se efectuaron más de 15 contratos de este tipo, todos completados «con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y se utilizó para proteger a los sanitarios y a los ciudadanos».