Los futuros policías locales de Canarias tendrán requisitos menos exigentes para acceder al cuerpo. Los límites a la condición física existentes se eliminan o se flexibilizan de tal forma que ya no habrá ni altura mínima ni edad máxima para presentarse a las oposiciones, se quita el índice de corpulencia, ya no habrá entrevistas, en la promoción interna para la escala de mandos se eliminan tanto las pruebas físicas como las psicológicas y se reduce al máximo posible el tiempo de formación en la academia. De esta forma se pretende que los procesos selectivos sean más ágiles para reducirlos a la mitad de tiempo y que haya menos trámites administrativos ante la falta acuciante de agentes y mandos que hay en los municipios canarios.
En el decreto vigente –el 178/2006– que regula las condiciones de acceso, promoción y movilidad de los cuerpos de la Policía Local de Canarias se fija que el índice de corpulencia –masa corporal– exigible a los aspirantes no podrá ser superior al 28, calculado como peso/altura. La propuesta de reforma del decreto es la de suprimir este requisito al considerarse que genera discriminaciones que dejan a muchos aspirantes fuera de la posibilidad de ser policías. Según los sindicatos representativos del cuerpo «tener más musculatura de lo normal o un poco más de barriga no debe impedir realizar las funciones de policía si se está apto para ello». Hay municipios en la Península que en los últimos años han eliminado en las bases de las convocatorias las limitaciones físicas para poder presentarse a las pruebas de policía local, lo que ha contado con el respaldo de los sindicatos pero también ha causado controversia ya que un índice de masa corporal superior a 28 supone cierto sobrepeso, en función de la condición física en la que se encuentre la persona. Asimismo, el límite de los 30 años para ser agente de policía y la estatura mínima de hombres –1,65 metros– y mujeres –1,52 metros– también se suprimen.
Las modificaciones en el decreto de acceso a los cuerpos de la policía local se negocian desde hace varios meses entre la Dirección General de Seguridad y Emergencias y los sindicatos pese a que aún no se ha reformado la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, que data del año 1997. El objetivo es que la nueva norma de acceso a la policía local esté antes de finalizar el año, al mismo tiempo que se publiquen las convocatorias unificadas de nuevas plazas por parte de la Comunidad Autónoma de aquellos ayuntamientos que cedan esta competencia en el Gobierno.
Reducir plazos
Actualmente los procesos selectivos suelen durar entre año y medio y dos años y la academia seis meses más. Los alcaldes llevan años pidiendo que el tiempo se acorte ante la falta de plantillas y las jubilaciones anticipadas que se están prodigando entre los policías locales desde que en 2019 entró en vigor la norma que las posibilita. Con los cambios que se introducen en el decreto se pretende que puedan entrar más agentes al relajarse los requisitos y con más rapidez, de tal forma que en menos de un año ya estén los nuevos agentes en la calle. También se busca reducir la excesiva judicialización y conflictividad por cuestiones como las entrevistas, que se suprimirán. En el caso de los ascensos de la promoción interna también se apuesta por acortar y eliminar requisitos, de tal forma que se quitan las pruebas físicas y las psicológicas y tan solo se pedirá un supuesto práctico y un test.
Los cambios en el decreto coinciden en el tiempo con el borrador de una nueva ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, cuyas bases el Gobierno ha pactado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Tras la experiencia de la legislatura pasada, en la que el proyecto de ley fue rechazado por los alcaldes y no prosperó en el Parlamento, la Consejería que dirige Julio Pérez ha desarrollado un camino diferente al del anterior Gobierno. De esta forma, se han puesto las bases de un nuevo texto legislativo pactado con los ayuntamientos y será a posteriori cuando se negociará con los sindicatos en el seno de la comisión de coordinación, órgano donde se sientan todas las partes implicadas.
Cuando quedan poco más de ocho meses para que se disuelva el Parlamento antes de la convocatoria electoral de mayo de 2023, el Ejecutivo se afana por aprobar la ley antes de finalizar la legislatura. Para ello espera contar con todos los informes pertinentes y el acuerdo con la Fecam y los sindicatos como muy tarde en octubre o noviembre y realizar una tramitación ágil en la Cámara para sacar la ley en el último suspiro del mandato. El Ejecutivo basa su estrategia en que se trata de un texto genérico y no entra tanto al detalle como el que se negoció la legislatura anterior. La intención es que cuente con el visto bueno general de los grupos políticos y que sea con posterioridad cuando se desarrolle la ley con decretos y reglamentos.
Sin embargo, la situación no se prevé tan sencilla. Los representantes del CSIF y CCOO, sindicatos presentes en la comisión de coordinación, desconocen el texto de la ley y creen que las «prisas» del Gobierno a última hora no son aconsejables cuando se trata de una ley nueva y no una reforma de la aún vigente. Armando Martín, de CSIF, considera una «vergüenza» que se haya puenteado a los sindicatos para contar un borrador de la ley que supuestamente no tiene nada que ver con el que se trabajó en 2018, por ello espera que la negociación que se abra en la comisión no sea solo para quedar bien. Por su parte, Alberto González, de CCOO, advierte que «es mejor hacer las cosas bien que con prisas y si hay que posponer la ley para la próxima legislatura se hace, antes teníamos un texto negociado que los ayuntamientos, que se negaron a pactar y ahora con quien no se ha negociado es con los sindicatos», cuestiona el dirigente policial.
La opción de policías interinos provoca división
Un asunto en el que siguen chocando el Gobierno y los alcaldes es la posibilidad de nombrar policías interinos mediante una lista de reserva como sucede con el resto de categorías de empleados públicos. Óscar Hernández, vicepresidente de la Fecam, defiende esta figura «hasta las últimas consecuencias» con el fin de tener agentes en los «picos» de demanda de seguridad que existen cuando hay grandes fiestas o actos que requieren refuerzos policiales y movilidad de agentes entre unos municipios y otros. «Los que gobernamos somos nosotros y los responsables de buscar la mejor prestación de los servicios, no estamos para defender las mejoras sociales de un colectivo», advierte Hernández en alusión al rechazo sindical a la interinidad en la policía local. Sin embargo, el Gobierno también se opone a esta fórmula al considerar que no es adecuada dado que se trata de agentes de la autoridad y funcionarios que van armados. El Ejecutivo ofrece otras opciones como más movilidad, mejorar la cooperación y oposiciones más rápidas para cubrir vacantes.
