El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, Sebastián Franquis, dio hoy por resueltas las objeciones del Ministerio de Hacienda al acuerdo del Ejecutivo regional con el Ministerio de Transportes para el pago de los 407 millones que el Estado todavía adeuda a la comunidad autónoma del anterior convenio de carreteras, y confía en que aún se pueda firmar la adenda donde se establece ese pago durante el presente mes de julio. Franquis abordó esta cuestión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante un encuentro previo a la firma en Madrid de varios convenios de vivienda en las Islas, y aseguró posteriormente que ésta le había garantizado que la cuestión de fondo está resuelta y que solo resta concluir la tramitación administrativa del expediente antes de que la revisión del convenio pueda ser autorizada en las próximas semanas por el Consejo de Ministros.
El consejero mantiene que el desbloqueo de la adenda quedó ya resuelto durante la última reunión de la comisión bilateral de seguimiento del convenio de carreteras el pasado mes de abril, y que desde entonces no hay dudas en la consejería de que la firma se podría producir antes de las vacaciones veraniegas. En todo caso, independientemente de la fecha en que esa firma se produzca, Franquis considera que el Estado asume por primera vez desde el inicio de este conflicto el pago de esa deuda, la actualización de las anualidades para ampliar el actual convenio en dos años más hasta el año 2027, y la anulación de la cláusula del anterior acuerdo que obligaba a la comunidad autónoma a asumir con fondos propios las actualizaciones que no puedan ejecutarse con los 1.200 millones consignados en el convenio firmado en 2018 entre ambas administraciones, lo que supondría hipotecar en unos 4.000 millones a la administración regional.
Reconocimiento de la deuda
Según explicó Franquis tras hablar con la ministra de Transportes, los trámites administrativos que dependen de ese departamento está ya resueltos en su totalidad, y que ahora es el Ministerio de Hacienda el que tiene que tiene que hacer lo propio, pero que eso no afecta a la decisión ya adoptada por el equipo de la titular de ese ministerio, María Jesús Montero, de dar luz verde al pago de los 407 millones de deuda pendiente. Ese proceso es el que todavía hace pensar en un posible retraso a septiembre de la firma del nuevo documento, pero el consejero cree que todavía hay tiempo para que eso pueda producirse en julio, en todo caso sin temor ya a un nuevo veto de Hacienda al reconocimiento de la deuda y al pago de la misma en los términos pactados entre Franquis y Sánchez.
Aunque la ministra de Transportes ya declaró en una visita en Canarias a finales de mayo que asumía el pago de la deuda, así como el sobrecoste de las obras del convenio en vigor, una respuesta por escrito de su departamento a una pregunta parlamentaria del senador de ASG, Fabián Chinea, rebajaba las expectativas de una pronta solución, y ponía en entredicho el plazo que el propio Franquis había señalado para la firma de la adenda en la que se asumirá dicha deuda. La respuesta parlamentaria insistía en señalar que se seguía con las negociaciones sin mencionar ningún plazo ni horizonte temporal para firmar el nuevo acuerdo. Franquis, que el 8 de junio aseguró en el Parlamento de Canarias que la firma se produciría en julio, insistió en la importancia de este acuerdo que pone fin al largo litigio entre ambas administraciones sobre el convenio viario, y mantuvo el plazo de julio como fecha aún posible.
