Los cabildos canarios critican la falta de coordinación en materia de inmigración

Hernández, que es consejero de Igualdad y Derechos Sociales de Fuerteventura, explicó que en el tiempo que lleva en dicho cargo, más de un año, no ha recibido ni una sola convocatoria para celebrar un encuentro que aborde las cuestiones relacionadas con las personas que llegan de forma irregular al Archipiélago, tanto por vía marítima desde África, como por puertos y aeropuertos desde otros continentes.

Para el representante de los cabildos en el citado órgano, es necesario que las distintas administraciones se pongan de acuerdo, pero también que entre diferentes ministerios del Gobierno del Estado, por ejemplo, se coordinen entre sí y puedan utilizar los recursos de unos y otros, con el objetivo de que esos medios no se pidan a las entidades insulares y se les genere una sobrecarga aún mayor de la que ya tienen.

"Seis millones de euros solo dan para atender a los menores no acompañados un mes"

En su última intervención, Adargoma Hernández advirtió que "Canarias no resiste más" y en materia de financiación para afrontar en solitario el fenómeno migratorio "no se nos pueden dar migajas". Como ejemplo, citó que, de forma extraordinaria, se otorgó una partida de seis millones de euros para la atención a los menores no acompañados. Pero aclaró que esa cantidad solo da para un mes de atención a los 2.400 menores o supuestos menores que atienden el Gobierno autónomo o los cabildos en diferentes recursos.

El portavoz de los cabildos en la Comisión parlamentaria señaló que, en una reunión mantenida con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, le planteó la importancia de que las administraciones insulares tengan información sobre de las acciones e infraestructuras que se van a implantar en su territorio y no enterarse "a golpe de titulares" en medios de comunicación.

Estas manifestaciones las realizó después de que el portavoz del Grupo Nacionalista CC-PNC en la comisión, Oswaldo Betancor, de forma expresa le preguntara si existía una coordinación real entre administraciones y lo invitara a que fuera más concreto, es decir, que pusiera algún ejemplo de esa realidad. Y también se expresó en el mismo sentido el diputado Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto.

El consejero majorero también pidió que las instituciones "no se olviden" de aquellas personas migrantes en situación irregular que llegan por puertos o aeropuetos, quienes también solicitan recursos y atención en los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago, así como prestaciones en el ámbito de la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Para Adargoma, en el diseño de las acciones por parte de la Unión Europea en materia migratoria es muy importante que esté presente Canarias, con el objetivo "de que no se nos cierren las puertas", puesto que "nos ven débiles y son poco solidarios".

En opinión de Hernández, los cabildos deben invertir recursos económicos, técnicos y humanos para ofrecer atención a las personas migrantes, a la vez que llevan acciones contra la xenofobia y el racismo. Comentó que las citadas administraciones insulares "no tenemos competencias legales, pero sí morales" para afrontar esta realidad. Dicho comentario fue valorado positivamente por varios portavoces de grupos parlamentarios. Expresó que los cabildos han tendido la mano a otras administraciones, como el Estado, para ayudar en este ámbito, aunque, a veces, no se les ha tenido en cuenta.

A juicio de Adargoma, esa coordinación sí existe con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, cuya responsable es Iratxe Serrano, para afrontar la realidad de los menores migrantes no acompañados. Explicó que, en la actualidad, se estima que hay unos 2.400 menores o supuestos menores en centros del Ejecutivo autónomo o de los Cabildos. Hizo mención a la escasa solidaridad mostrada por otras comunidades españolas, pues, hasta ahora, tan solo 200 menores han sido enviados a la Península.

Mencionó que Lanzarote, por ejemplo, acoge actualmente a más del doble de menores migrantes en situación irregular de los que, en teoría, debería asumir en base a un acuerdo establecido en el 2018.

También hizo mención al problema de los retrasos existentes para determinar la edad real de aquellos migrantes que dicen ser menores. Según el representante de los cabildos, ahora hay unas 800 personas en centros que esperan por una resolución que dictamine su "edad real". Y recordó el peligro que supone que adultos convivan con menores en un mismo recurso durante muchos meses.

La agilización de esas pruebas ya se solicitó hace cuatro años y todavía no se ha avanzado gran cosa en el asunto, según el consejero majorero de Igualdad. Entre otras cosas, solicita que por parte de la Fiscalía se envíen inspectores a los centros con el objetivo de que, a simple vista, se decida qué individuos magrebíes o subsaharianos no son menores de 18 años.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, aseguró que, en materia migratoria, los cabildos siempre han estado a la altura de las circunstancias. Para Campos, el hecho de que el Archipiélago haya sido receptor de personas migrantes en situación irregular llegadas desde África desde los años 90 no sirvió para que hace dos años estuviera preparado para afrontar la llegada masiva que se produjo. Por eso, abogó por la importancia de aprender de cara a futuras crisis migratorias en infraestructuras, canales de respuesta o legislación.

Al igual que se solicita solidaridad a otras regiones de España, Campos defiende la importancia de que varias islas asuman parte de la carga que en estos momentos asumen territorios como Lanzarote o Fuerteventura.

El portavoz del Grupo Popular, Fernando Enseñat, resumió la situación en "falta de medios y abandono" por parte del Gobierno de España, así como en "dejadez" y "silencio cómplice" por aprte del Gobierno canario. Además de los episodios más mediáticos que registran en Ceuta y Melilla, recordó que el Atlántico se ha convertido en un cementerio, en el que solo en el 2021 las ONG estiman que fallecieron unas 4.000 personas que pretendían llegar al Archipiélago.

Recordó que en las islas más orientales de Canarias, se ha visto a migrantes en situación irregular pernoctar en tiendas de campaña, polideportivos, campos de lucha, hoteles o naves industriales, por ejemplo. Y advirtió de que, entre enero y junio del presente año, ya han llegado a las islas un 50 por ciento más de magrebíes y subsaharianos que en el 2021. Por esa razón, el PP demanda instalaciones adecuadas de una vez por todas, pero también repatriaciones y derivaciones rápidas, así como una política migratoria válida.

Oswaldo Betancort también le preguntó a Adargoma Hernández qué presión se ha realizado por parte de la Federación de Cabildos Insulares (Fecai) al Gobierno del Estado para que asuma sus competencias reales en materia migratoria. Además, criticó la precariedad de medios para determinar la edad y filiación de los menores o supuestos menores, así como la falta de suficientes recursos humanos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer frente a este fenómeno.

La portavoz del Grupo Socialista, María del Pino González Vega, lamentó el terrible episodio de las decenas de migrantes fallecidos en la valla fronteriza de Melilla. Y aclaró que, ante la realidad migratoria, "la respuesta no está en nuestra mano, ni como Comunidad Autónoma ni como país", por lo que señaló que la responsabilidad se encuentra en la Unión Europea y en la adopción de políticas adecuadas para actuar en los países de origen y en el trayecto.

González Vega admitió que, ante la llegada masiva de migrantes al Archipiélago en el 2020, "se tardó en reaccionar", debido a las dificultades generadas por la pandemia, el cierre de fronteras o la inexistencia de instalaciones, que se habían cerrado tras la crisis migratoria del 2006 y años posteriores. Sin embargo, la portavoz socialista comentó que, desde la situación generada en el Muelle de Arguineguín en el verano del 2020, "se ha mejorado mucho en la atención".