La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha detectado la comisión de varios delitos después de la denuncia que presentaron los trabajadores del centro temporal de acogida de menores migrantes de Puerto Bello, en Mogán, en junio del año pasado. En ella, alertaban de la vulneración de derechos de las personas que albergaron. El ministerio fiscal se querella contra los responsables de las instalaciones, así como de la entidad concesionaria de la gestión, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y uno de los cuidadores.
Según ha adelantado este miércoles el digital Tiempo de Canarias, la Fiscalía ha revisado la documentación que tenía en su poder y tomado declaración a los responsables del centro, llegando a la conclusión de que se podrían haber cometido delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones leves.
En concreto, la querella se presenta contra el director del centro, Fernando P.R. y las dos personas que ocuparon la subdirección, Omar M.B. y José Jonathan A.M.; así como contra el gerente y director técnico de la Fundación Siglo XXI, Rafael B.G. y Manuel D.S., respectivamente. El ministerio fiscal les acusa de no haber adoptado medidas para solucionar los problemas en el recinto pese a tener conocimiento de que se producían situaciones de falta de atención y necesidad.
La Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias también denunció en su momento deficiencias en el complejo y que se habían producido episodios de abusos sexuales y prostitución de menores.
