Los ayuntamientos canarios actualizarán al alza los presupuestos de los contratos que han quedado desiertos o están pendientes de licitar para evitar que se produzca un frenazo en la obra pública. Después de que muchas empresas de construcción estén rehusando presentarse a los concursos, debido a que los sobrecostes de los materiales y la energía hacen inviable finalizar los trabajos por el importe fijado, los consistorios se han puesto manos a la obra para revisar los proyectos y ofertarlos a unos precios más acordes con la coyuntura actual.
«A ninguna administración le interesa que no se puedan resolver contratos o que queden desiertos, el daño que produce es mayor que el de actualizar los precios», explica Óscar Hernández, vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Por lo que insiste en que a los ayuntamientos no les queda otra que recalcular el coste de los proyectos para que puedan llevarse a cabo los trabajos.
El también alcalde de Agüimes segura que los regidores son conscientes de que el incremento de los costes de las materias primas así como de la electricidad y los combustibles había dejado desfasados muchos presupuestos que tras sacarse a licitación no se han podido adjudicar. De hecho, el número de contratos públicos vinculados a la realización de obras que han quedado desiertos en los seis primeros meses de este año se ha multiplicado por cuatro respecto a 2021.
Ante esto, los ayuntamientos trabajan en la revisión tanto de los contratos que no se han podido adjudicar para volver a ofertarlos como de aquellos que aún no han salido a licitación para evitar que les ocurra lo mismo. «Estamos recalculando los proyectos económicamente para poder ir al alza en cuanto al precio de la licitación», apunta Hernández. El objetivo «es que las unidades de obra sean generosas para evitar que los concursos queden desiertos».
Al mismo tiempo, los ayuntamientos también podrán revisar los precios de aquellas obras que se encuentren ya en ejecución. Para todo ello contarán con el paraguas legislativo del Real Decreto de medidas excepcionales en la revisión de precios en los contratos públicos de obras aprobado por el Gobierno central. Un decreto al que se adhirió la comunidad autónoma canaria y que permite incrementar hasta un 20% el importe de los contratos y revisarlos tanto si se encuentran ya en ejecución, como si están en licitación, adjudicación o formalización.
La suspensión de las reglas fiscales da flexibilidad a los consistorios para elevar los precios
Sin embargo, para poder actualizar las cuantías de los contratos públicos muchos ayuntamientos deberán llevar a cabo ajustes en sus propios presupuestos y realizar modificaciones de crédito. Hernández señala que los consistorios tienen herramientas para poder acometer estas modificaciones. «Pueden dar de baja otras obras o tirar de los remanentes de tesorería», aclara. Ya que los municipios cuentan también con la ventaja de que la suspensión de las reglas fiscales sigue vigente por lo que tienen una mayor flexibilidad para disponer de sus recursos. «Por este motivo hemos vuelto a poner sobre la mesa que es necesario prolongar estas medidas también en 2023», recalca.
Y es que si los municipios no dispusieran de esas facilidades sería complicado que, sobre todos aquellos más pequeños, pudieran actualizar los precios de los contratos. Algo que podría agravar la sangría de obras que se están quedando sin adjudicar. Entre enero y junio quedaron desiertas un total de 47 licitaciones por un valor total de 24 millones de euros, pertenecientes en su mayor parte a administraciones locales de las Islas.
Los sobrecostes están retrasando la ejecución de proyectos en los municipios
Pero los sobrecostes que se están produciendo en la construcción no solo están provocando retrasos en aquellos proyectos que no se pueden adjudicar por la falta de ofertas. La obligación de tener que recalcular el coste de muchas obras está generando demoras en la puesta en marcha de muchas iniciativas en los municipios del Archipiélago.
Dámaso Arteaga, concejal Infraestructuras y Obras de Santa Cruz de Tenerife, señala que en la capital tinerfeña tanto la rehabilitación del cementerio de San Rafael y San Roque como la vía de acceso al barrio de El Suculum se han visto afectados por los retrasos motivados por los sobrecostes. «Ya se han hecho dos modificados intentando dar viabilidad a los proyectos y confiamos en aprobarlos este mes de julio», detalla. Además, el ayuntamiento ha tenido que actualizar los presupuestos de muchas obras y señala que los incrementos respecto a los precios originales pueden alcanzar el 30%.
Las patronales de la construcción de ambas provincias insisten en que las empresas no se están presentando a los concursos porque los precios ofertados son insuficientes para llevar a cabo los trabajos. Por eso, buscan impulsar un frente común con las administraciones públicas para evitar esta situación. Para ello, se han reunido ya con cabildos y ayuntamientos para trazar una hoja de ruta que permita salvar estas dificultades. «Las administraciones han tomado conciencia y algunas están ya revisando precios», indica María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Sin embargo, sí reconoce que se trata de un problema del que llevan alertando desde hace meses y que incluso ha obligado a suspender obras que se encontraban en ejecución ante el avance imparable de unos sobrecostes inasumibles para las adjudicatarias. «Lo que queremos evitar a toda costa es la judicialización y para ello se está negociando», aclara, ya que el interés tanto de las empresas y los ayuntamientos es llegar a un acuerdo para que puedan continuar los trabajos.
