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Madrid desinfla el optimismo canario y retrasa otra vez el pago de las carreteras

El Estado confirma que mantiene abiertas las negociaciones con el Gobierno regional sobre la deuda del convenio viario y las transferencias en Costas

Madrid desinfla el optimismo canario y retrasa otra vez el pago de las carreteras Andrés Cruz

El calendario para resolver dos de los litigios que mantienen Canarias y el Estado en estos momentos, el traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión del litoral y el pago de los 407 millones pendientes del convenio de carreteras, sigue sin despejarse y sujetos a negociaciones. El Gobierno central sigue poniendo obstáculos a las condiciones en que Canarias quiere resolver cada una de estas materias y, pese a tener acuerdos de fondo desde hace tiempo, mantiene flecos abiertos que impiden la firma que debe poner fin a los contenciosos.

Así se desprende claramente de las respuestas escritas que el Ejecutivo estatal ha remitido en los últimos días al senador de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, en las que reconoce las negociaciones se mantienen en ambos casos y que no puede avanzar ningún plazo para poner fin a las mismas y poder rubricar los acuerdos, que en el caso del traspaso de Costas requiere de una convocatoria previa de la Comisión Mixta de Transferencias entre ambas administraciones.

El traspaso de las competencias en el litoral se retrasa hasta el próximo año

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En materia de Costas, Chinea pregunta de forma muy concreta sobre «cuándo se prevé que se materialice definitivamente» dicha transferencia, y el Estado reconoce en su respuesta que «no es posible estipular una fecha al respecto», añadiendo que «el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado están en contacto a fin de consensuar los términos definitivos del traspaso de funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral».

La respuesta descarta por completo cualquier posibilidad de que esta transferencia pueda firmarse el 1 de julio, la última fecha a la que se ceñía el Gobierno de Canarias tras los sucesivos retrasos y aplazamientos producidos desde que hace un año se apuntó a que en el verano de 2021 Canarias ya contaría con esta competencia, incorporada en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.

El propio Ejecutivo regional ya reconocía hace apenas unos días que sería «muy difícil» cerrar el traspaso para esta fecha, asumiendo por tanto que deberá aguardar medio año más porque el Estado solo abre la ventana de las transferencias a las comunidades autónomas al inicio de cada semestre: el 1 de julio y el 1 de enero.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ya avanzó el pasado 4 de mayo que el Archipiélago no puede aceptar el traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión de su litoral si el Estado no mejora los medios y el personal de este servicio. Unos recursos, según dijo, que en Canarias son muy inferiores a los de otras regiones como Andalucía o Cataluña, las dos únicas comunidades españolas que ya tienen esta competencia transferida. El traspaso de recursos materiales y humanos ahora dependientes del Estado es el gran escollo en esta negociación. Canarias considera totalmente insuficiente lo que pretende transferir el Ministerio de Transición Ecológica, titular ahora de esta competencia.

En relación con el pago de la deuda estatal de 407 millones del anterior convenio de carreteras, la respuesta del Gobierno central al senador Chinea insiste en que se siguen con las negociaciones, sin mencionar ningún plazo ni horizonte temporal para firmar el acuerdo. El Gobierno de Canarias tenía en este caso una expectativa de última hora optimista.

Franquis adelantó en el Parlamento que la reforma del acuerdo viario se firmaría en julio

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El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, aseguró el pasado día 8 en el Parlamento de Canarias que el Gobierno autonómico firmará con el Ministerio el próximo mes de julio la adenda del Convenio de Carreteras dotada de 407 millones de euros con la que se dará por liquidada la deuda generada por los incumplimientos del Estado con Canarias por el anterior convenio. También informó de que el Ministerio se ha comprometido en la firma de la adenda a modificar la cláusula que recoge el actual acuerdo y que obliga a la Comunidad Autónoma a asumir las obras que no puedan ser financiadas con los 1.200 millones de euros que firmó el anterior Ejecutivo regional como dotación del convenio en vigor.

En la carta recibida ayer por el senador de ASG, el Gobierno central solo apunta que «el importe de las actuaciones ejecutadas y certificadas por el Gobierno de Canarias con cargo al Convenio (...) en materia de carreteras suscrito el 31 de enero de 2006, modificado por adendas de 17 de noviembre de 2019 y 29 de diciembre de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2020, ascendían a 419.521.369 euros». A su vez, recuerda que en el ejercicio presupuestario de 2021 se realizó un abono a cuenta por importe de 100 millones, y que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se ha contemplado una partida de 200 millones de euros con esta misma finalidad, cuyo pago se encuentra en fase de tramitación.  

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