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Unanimidad en el Parlamento para que un test de historia de Canarias reduzca el efecto llamada de opositores penínsulares

La Cámara pide a Educación que haya una entrevista personal sobre Historia y Geografía de las Islas para estabilizar las 4.333 plazas a concurso y evitar la "avalancha" de foráneos

Manuel Domínguez, presidente del PP canario, charla con Australia Navarro en el pleno del Parlamento regional. Andrés Gutiérrez

El Parlamento canario intenta blindar a los docentes de las Islas en las oposiciones de Educación ante una posible "avalancha" de profesores de otras comunidades. El objetivo es que una prueba exija la presencia física y un mínimo de conocimiento de contenidos de historia y geografía de Canarias para disuadir "el efecto llamada" a opositores de la Península, lo que puede impedir la estabilidad a 4.333 docentes del Archipiélago. Todos los grupos políticos del Parlamento regional coincidieron en el pleno de este miércoles que Canarias juega con desventaja frente a otras comunidades autónomas, porque en otras regiones exigen conocer la lengua oficial, como el catalán o vasco. Además, los docentes isleños parten en desigualdad frente a otros profesionales al no haberse realizado Ofertas Públicas de Empleo en sus áreas en los últimos 20 años, como es el caso de los profesionales de dibujo.

Ante ello, el Parlamento ha acordado por unanimidad pedir al Gobierno autonómico que en el concurso de méritos para estabilizar a los docentes de Canarias se proponga que se incluyan conocimientos de historia y geografía de Canarias, e incluso entrevistas personales para determinar su grado de conocimiento.

Esta propuesta ha partido de una proposición no de ley del grupo Popular defendida por la diputada Lorena Hernández, quien ha aceptado una enmienda conjunta de Agrupación Socialista Gomera, Sí Podemos y PSOE para proponer al Gobierno que se coordine con el resto de comunidades autónomas para hacer coincidir las pruebas "en tiempo y forma". Esto es, el mismo día.

Así, se reclama a los responsables de la Consejería de Educación que exijan a las personas que accedan por concurso-oposición que tengan que demostrar y conocer "las singularidades del sistema educativo de Canarias, los recursos con los que cuenta y ponerlos en práctica". 

Según la portavoz popular en materia educativa se pretende superar con esta iniciativa la incertidumbre que se ha generado entre los posibles aspirantes en situación de temporalidad y se busca que “al igual que en las comunidades autónomas con lengua oficial se establece como requisito el reconocimiento de la misma, la administración educativa canaria pueda incorporar las peculiaridades isleñas".

“Canarias también tiene especificidades propias por su condición de región ultraperiférica y archipelágica y se trata de buscar los mecanismos para proteger la estabilización de nuestro personal ante el posible efecto llamada que pueda tener el proceso en otras comunidades autónomas”, sentenció.

Entre los puntos transados con el resto de grupos parlamentarios, la diputada popular destacó que la iniciativa solicita que “las personas que accedan por concurso público o de méritos, superada la fase, desarrollarán módulos dedicados al patrimonio natural, histórico y cultural de Canarias, como al sistema educativo archipielágico”.

Al respecto, Hernández cree que se ha generado preocupación entre los aspirantes en situación de temporalidad al establecerse en el decreto que regula las pruebas que la puntuación por experiencia docente se limita a 10 años, con un máximo de 7 puntos sobre los 15 puntos por la valoración total de sus méritos.

Además, por cada año de experiencia docente en otras especialidades del mismo cuerpo al que se opta se valora en centros públicos 0,350 puntos, y por cada año de experiencia docente en otras especialidades de otros cuerpos diferentes al que se opta 0,125 puntos.

El sindicato STEC-IC ya alertó el riesgo que corren los docentes con más de 15 años de experiencia en las Islas de quedarse en la calle ante la convocatoria de las 4.333 plazas de estabilización en Educación.

En esta cuestión no ha habido enfrentamiento parlamentario. Aunque Beatriz Calzada, del grupo Nacionalista Canario, aprovechó para criticar al "Gobierno arrogante ( de España) que ha preparado este proceso ignorando a las comunidades autónomas", reclamó también al Ejecutivo canario que haga valer las singularidades del Archipiélago para proteger al personal interino.

Riesgo de que miles de docentes de fuera vengan a Canarias

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, percibe "un riesgo claro de que cientos o miles de docentes de todo el territorio español decidan venir a Canarias" y hagan peligrar la estabilización real del profesorado canario y apoya que se aplique un mecanismo para desincentivar "esa avalancha que Canarias no se puede permitir, porque sería menospreciar la experiencia acumulada", lo que a su juicio se cumple mejor si se hacen coincidir todos los procesos de oposición a la vez en todas las comunidades autónomas.

De la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, ha considerado que el asunto es complejo, porque lo ideal sería "blindar 4.333 plazas" de profesores interinos, y Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, se ha mostrado complacido ante la sensibilidad del PP respecto la "idiosincrasia y cultura" canaria, algo que deben conocer muchos docentes foráneros para evitar que las familias tengan que estar explicando los temas canarios en casa, expuso.

Ana González, del grupo Socialista, ha expresado su inquietud respecto a que una entrevista personal resulte poco operativa y pueda ser impugnable, y ha planteado como alternativa que una vez pasado el concurso oposición, los opositores que hayan aprobado realicen un módulo de patrimonio natural e histórico de Canarias que sea evaluable, y por lo tanto deba ser superado para poder ser funcionario en prácticas.

Por el grupo Mixto Vidina Espino ha advertido de que Canarias oferta más de 5.000 plazas a las que podrá optar cualquier docente del resto del país con más de 10 años de experiencia, mientras que los opositores canarios no pueden acudir a regiones en las que se exija el conocimiento de una lengua cooficial, una situación de desventaja ante la que hay que poner en marcha "mecanismos de protección".

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