El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se mostró ayer convencido de que las Islas quedarán exentas de la tasa verde o impuesto al queroseno. Un gravamen que la Unión Europea (UE) quiere implementar dentro del conocido como Objetivo 55, que busca reducir en un 55% las emisiones de cara a 2030. En concreto, esta medida busca desincentivar el uso de combustibles fósiles entre las aerolíneas y navieras, pero que para el Archipiélago supondría un encarecimiento del transporte. ¿Por qué podría quedar fuera? El también consejero de Hacienda dio por hecho ayer durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias que no se aplicará en las Islas, ya que se trata de un impuesto especial y el Archipiélago está al margen del espacio fiscal europeo por su particular modelo de integración a la UE. «No somos territorio de impuestos especiales», aseguró y expuso que, por ejemplo, el IVA «que está armonizado en Europa», no se aplica en la comunidad.

El PP mantiene que la exclusión del régimen de derechos de emisión «no es ley»

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Rodríguez quiso aprovechar su comparecencia para explicar la diferencia entre la conocida como tasa verde y el Régimen del comercio de derechos de emisión de la UE. Dos medidas incluidas en el Objetivo 55, pero que no son lo mismo. Sin embargo, ambas llevaron al Gobierno de Canarias a confusión después de que el grupo de los socialistas españoles en el Europarlamento anunciara que se había logrado un acuerdo para eximir del impuesto verde a las conexiones marítimas y aéreas insulares, nacionales y europeas. Cuando lo que en realidad se abordaba en el Parlamento Europeo hace dos semanas era la reforma del Régimen del comercio de derechos de emisión. Un sistema que establece que las aerolíneas paguen unas compensaciones en función del volumen de emisiones de dióxido de carbono y del que Canarias permanece exenta desde 2007. Y parece que seguirá estándolo tras esta reforma gracias a las enmiendas presentadas por el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que salieron adelante.

Después de que la Eurocámara prorrogara hace dos semanas la exclusión de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra Canarias, del sistema de pagos por emisiones de CO2, ahora lo que resta es que sea también avalada por la Comisión y el Consejo Europeo. Aún así, el vicepresidente señaló que está «casi conseguido». La acción concertada de las RUP y sus estados miembros, unida al espaldarazo del Parlamento Europeo, hacen prever que finalmente se exceptuará a las RUP al menos hasta el año 2030.

Rosa Dávila afirma que la Comisión Europea puede imponer el impuesto al queroseno

Sin embargo, los grupos de la oposición no se mostraron tan convencidos de que la excepción de las Islas sea ya una certeza. La diputada de CC-PNC, Rosa Dávila, le objetó a Rodríguez que Canarias vaya a quedar automáticamente al margen al no aplicarse impuestos especiales. Ya que según el artículo cinco de esta directiva «nosotros tenemos la capacidad normativa sobre los impuestos especiales», puntualizó, pero «no significa que no se imponga en la Comisión Europeo una tasa que grave al transporte aéreo y marítimo». Y aseguró que el impuesto sobre el queroseno, aunque no se aplique directamente en la Islas, sí afectará a otros países y por tanto encarecerá el transporte.

El popular Fernando Enseñat puso de relieve que aunque la Eurocámara haya aprobado dejar las conexiones aéreas de Canarias al margen del régimen de derechos de emisión «esto no es definitivo» y todavía requiere «lucha por parte del Gobierno de Canarias para que esto sea ley».