El comité de empresa y los técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia han lanzado una ofensiva a todos los niveles para denunciar presuntas irregularidades y la falta de control y supervisión en la que se encuentra el servicio de prevención y protección de los menores en desamparo. Se han enviado escritos a la Fiscalía de Menores, Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Defensor del Pueblo, Diputado del Común, Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y presidente del Gobierno de Canarias para dar a conocer una situación que, según los denunciantes, está ocasionando una desprotección de los menores vulnerables agravada con la masiva llegada de menores migrantes no acompañados, que dificulta aún más la labor de los técnicos que supervisan el servicio.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, mantuvo ayer un encuentro con los representantes del comité de empresa, encabezados por su presidente Francisco Javier Gómez, para escuchar sus reivindicaciones a fin de solicitar información a la Consejería y a la Dirección General sobre un informe que detalla las carencias del departamento y la falta de la atención necesaria a los menores tutelados.
El Diputado del Común se reúne con el comité para solicitar información a la Consejería
Solo menores nacionales en situación de desamparo bajo la tutela de la Comunidad Autónoma hay alrededor de medio millar con diferentes casuísticas y particularidades de tipo social, psicológico, terapéutico, educativo, familiar, etcétera. Los técnicos que supervisan el servicio que se le ofrece desde la Dirección General a estos menores denuncian que el incremento imparable en los últimos años de menores en desamparo y familias desestructuradas que requieren de una intervención especializada no ha ido acompañado por un aumento paralelo de personal cualificado, tanto supervisor como de acompañamiento.
El cuidado y protección de los menores está descentralizado en los cabildos y entidades sociales pero la inspección es responsabilidad de la Comunidad Autónoma, una labor que, según los representantes de los trabajadores y los técnicos, no es la adecuada sobre todo en lo referido a la supervisión de lo contratado con las entidades colaboradoras. En uno de sus escritos se denuncia que no se realizan «inspecciones periódicas de los hogares de la red de centros de protección, ni auditorías para verificar que las entidades colaboradoras titulares de los mismos cumplan adecuadamente las funciones que se les ha delegado».
Deficiencias crónicas
Los cerca de 3.000 menores migrantes que acoge la Comunidad Autónoma no han hecho sino cronificar las deficiencias en la gestión. Hay una desorbitada ratio entre menores y el personal técnico, que se ve desbordado a la hora de realizar su trabajo. La falta de personal y una relación de puestos de trabajo (RPT) desfasada y obsoleta son males endémicos en todos los departamentos de las políticas sociales del Ejecutivo regional, pero que en el caso de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia resulta alarmante porque no solo se actúa sobre menores con diferentes problemáticas, sino también sobre sus familias.
La ofensiva lanzada por el comité de empresa no parte de una queja puntual e individualizada. En las últimas semanas se han celebrado asambleas y encuentros de trabajadores de la Dirección General para poner en común la «insostenible situación» en la que se encuentra el servicio de prevención y protección de menores. Los y las técnicas que valoran y supervisan el servicio no dan sus nombres por temor a represalias y por eso se amparan en el comité de empresa, que es el que ha presentado los escritos a los diferentes ámbitos e instituciones.
No solo se trata de falta de personal, inspección inadecuada y una gestión deficitaria, sino también unas infraestructuras y medios que no son los más adecuados tratándose de menores, familias, datos confidenciales y tratamientos que requieren de intimidad, atención y especialización para evitar agravar los complejos problemas psicosociales que se abordan.
Los trabajadores han celebrado varias asambleas ante una situación que es «insostenible»
También se denuncia las dificultades en la prestación de los servicios a la ciudadanía, con largos tiempos de espera para las familias. «Existe una importante carencia de recursos materiales, personales y espaciales adecuados para garantizar el correcto ejercicio de las competencias que ostentamos como técnicos de esta Dirección General», se expone en un amplio escrito dirigido a los responsables de la Consejería de Derechos Sociales, entre ellos a la consejera, Noemí Santana.
En los escritos remitidos por el comité de empresa de Derechos Sociales a la Fiscalía de Menores y otros organismos e instituciones se advierte sobre las consecuencias «muy graves» que tienen para los menores las deficiencias que acumula la gestión del departamento de Infancia y Familia. Sospechas de abusos, casos de prostitución, desnutrición, consumo de estupefacientes, maltrato psíquico y físico y fugas de los centros escolares son algunos de los casos que se han detectado, que unas veces se denuncian y otras se «tapan» para evitar problemas.
2.800
Migrantes no acompañados
- Con el repunte de pateras y cayucos de los dos últimos años Canarias tutela a unos 2.800 menores migrantes no acompañados, lo que ha colapsado el sistema de atención de las Islas
500
Menores en desamparo
- Cerca de 500 son los menores nacionales en desamparo cuya tutela corresponde a la Comunidad Autónoma por diferentes motivos, unos en centros y otros en acogida.
