La defensa del abogado Felipe Fernández Camero trató demostrar ayer ante la Audiencia de Las Palmas que los asesoramientos jurídicos al Ayuntamiento de Yaiza por los que le acusa a su cliente de prevaricación y malversación estaban validados por un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en 1980, cuando era alcalde Honorio García Bravo.