El Constitucional valora devolver el escaño a Alberto Rodríguez

El TC ha dado carrete a esa tesis al admitir los recursos del ex diputado y todo parece indicar que en estos momentos una mayoría de magistrados de tribunal de garantías estarían por darle la razón. Así lo han señalado varios medios nacionales y ayer lo defendía con toda claridad el periodista de El Periódico de Cataluña Ernesto Ekaizer, quien asegura que el pleno del Constitucional dictará sentencia próximamente a favor de anular la resolución de Batet y de la devolución del escaño al dirigente tinerfeño. Su asiento en el Congreso sigue sin cubrirse precisamente porque las personas que le seguían en la lista electoral, con el apoyo de la dirección de Podemos en Canarias, se han negado a ocuparlo en espera de que la justicia se pronunciara.

El ex de Podemos vería respaldado el relanzamiento de su carrera política en un proyecto canario

Las informaciones al respecto señalan que TC anulará la expulsión de Rodríguez alegando «falta de motivación» por parte de la presidenta del Congreso. La resolución se adoptará por el pleno del TC a final de este mismo mes o principios de julio. De hecho, el tribunal de garantías ya señalaba en su resolución admitiendo a trámite los recursos de Rodríguez que «la cuestión suscitada en el amparo parlamentario radica en determinar si ha resultado vulnera o no el derecho del recurrente en amparo a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo al haberse acordado su sustitución como diputado del Congreso» en aplicación de la causa de incompatibilidad sobrevenida de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Es decir, por haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad cuando ésta ha sido sustituida por una pena de multa. Una cuestión de “especial trascendencia constitucional” sobre la que, además, no hay antecedentes.

Fuentes del Constitucional descartan que el pleno de la institución vaya abordar esta cuestión en su reunión de esta semana, al tiempo que recomiendan a «tomar con mucha cautela» cualquier información previa al respecto, tanto en relación con los plazos como con el sentido del pronunciamiento de los magistrados. Recuerdan que el tribunal tiene que pronunciarse primero sobre las medidas cautelares reclamadas por Rodríguez para que le reintegren al Congreso en espera de una sentencia al respecto, para después entrar «en el fondo del asunto»: si la resolución de Batet retirándole el acta parlamentaria está ajustada a derecho o no.

Al parecer, el debate en el órgano constitucional se estaría dando entre el bloque progresista, encabezado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, partidario de atender sólo el recurso que afecta a la resolución judicial, dictada por sus colegas del Alto Tribunal, y el conservador, que se inclina por aceptar ambas cuestiones o cuando menos la que afecta a la posición de Batet. Para cada una de estas sentencias hay designado un ponente, el magistrado Santiago Martínez-Vares en relación a ala sentencia del Supremo, y la magistrada María Luisa Balaguer para la de la retirada del escaño por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados.

Según la información adelantada por El Periódico de Cataluña, la sentencia del Constitucional argumentará esa «falta de motivación», que ya se señalaba en la resolución en la que se admitían a trámite los recursos de amparo de Rodríguez, porque «no explica las razones de su decisión».

Relanzamiento político

Cabe recordar que Batet adoptó la decisión de retirar el escaño al dirigente tinerfeño pese a que un informe de los servicios jurídicos del Congreso no avalaba que la sentencia del Supremo obligara a ello, si bien el propio presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal y autor de la sentencia contra Rodríguez, Manuel Marchena, conminó a Batet a cumplir la sentencia en todos sus términos ye ello provocó un enfrentamiento entre ambas instituciones.

Lo cierto es que el Supremo nunca llegó a señalar de manera clara y explícita que la sentencia implicara la pérdida del acta parlamentaria, pero Batet entendió, tras un solicitud de aclaración a Marchena y una respuesta ambigua por parte de éste, que no cabía otra opción que retirarle el escaño al ex número dos del Podemos.

El tribunal de garantías entendería «falta de motivación» en la decisión de Meritxel Batet

De confirmarse una sentencia que anulara esa resolución, la posición de Batet quedaría muy tocada toda vez que se trataría de una decisión de trascendencia constitucional con la que habría violado los derechos fundamentales de Rodríguez y de los electores a los que representaba.

Por el contrario, Alberto Rodríguez podría ver relanzada su carrera política tanto si finalmente la sentencia de TC atiende a su petición de amparo y le devuelve el escaño, como si no, dado que ha logrado abrir el debate sobre lo que él considera una «condena injusta» y una pena desproporcionada, y que Batet se podría haber extralimitado en sus competencias al respecto y decidir de manera «unilateral» su expulsión.

Las informaciones sobre esta cuestión coinciden con la anunciada decisión de Rodríguez para volver a presentarse a las próximas elecciones generales bajo el paraguas de alguna formación de nuevo cuño de identidad canaria, o encuadrada en otros proyectos como el que pretende liderar Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

De confirmarse que Rodríguez podría volver al Congreso en esta legislatura, fuentes del Congreso señalan que quedaría automáticamente reincorporado al grupo de Unidas Podemos, pero que podría pasarse al Mixto en el momento que él lo deseara y solicitara, algo que se entiende que haría de inmediato ya que está completamente desligado de su ex formación, contra la que ha cargado con duras críticas. En esa hipotética situación se daría la circunstancia llamativa de que compartiría grupo, y ocuparían los cuatro escaños contiguos, con su ex compañera Meri Pita –diputada por Las Palmas que también abandonó UP en marzo pasado por discrepancias con su grupo y con el partido–, así como con las dos representantes de CC en el Congreso, Ana Oramas y María Fernández, una vez que ésta última haya sustituido al diputado de NC, Pedro Quevedo, el 1 de julio.