La lista de empleo urgente puesta en marcha en enero para cubrir vacantes en la Administración autonómica y agilizar la tramitación de los fondos europeos Next Generation se encuentra atascada en el proceso de revisión y subsanación de errores y en la depuración de la baremación de las 47.156 solicitudes admitidas. Además, el personal de la Dirección General de Función Pública se ha visto desbordado por todo el trabajo que se le ha venido encima con los procesos selectivos que están en curso, el concurso de traslados de los funcionarios, las ofertas de estabilización de los interinos y la reestructuración administrativa que supone la gestión de los fondos europeos. Casi dos meses después de su publicación en el BOC, aún no se ha llamado a nadie de la lista pese a ser una necesidad «apremiante», según admitió Función Pública en abril.
Este procedimiento selectivo se lanzó con varios aspectos novedosos. Por primera vez las listas de empleo no dependían de un proceso selectivo previo y a ellas podían concurrir todas las personas que cumplieran con los requisitos de acceso de la convocatoria. Otra de las novedades de esta convocatoria fue que las solicitudes de participación debían efectuarse exclusivamente por vía telemática y los propios solicitantes se autobaremaban en función de la puntuación de sus méritos.
La Administración preveía acudir a las listas en mayo por las necesidades urgentes de personal
Es este requisito el que ha provocado una parte importante de los problemas con los que se ha visto Función Pública y dado al traste con las previsiones iniciales de comenzar a llamar a los primeros empleados en mayo. Hay más defectos de los esperados y la autobaremación es errónea en bastantes casos, lo que obliga a una revisión de cada solicitante para depurar la puntuación que se había puesto. De hecho, se comenzó a realizar llamamientos pero se han tenido que frenar al darse cuenta que había solicitantes que se habían valorado por encima de lo que indican los requisitos, por lo que la Administración tiene que revisar la documentación con otros admitidos de la misma categoría para determinar la baremación exacta.
Estos imponderables llegan en un momento en el que hay listas de reserva que ya se han agotado en determinados puestos y categorías, por lo que se necesitaba esta lista complementaria para cubrir huecos en diferentes cuerpos. Además, la reestructuración administrativa que se ha realizado para la gestión de los fondos europeos de reconstrucción tras la crisis del Covid también requiere la entrada de personal y así lo han solicitado las diferentes consejerías y organismos autónomos, que ya han hecho saber sus necesidades a la comisión creada al efecto.
La constitución de la lista de empleo complementaria fue publicada el 15 de diciembre de 2021 en el BOC por una resolución del 1 de diciembre. «Habiéndose agotado o no existiendo disponibilidad de personas integrantes de las listas de empleo vigentes al momento de dictarse la presente Resolución, deviniendo infructuosos todos los intentos para incorporar de forma urgente los recursos humanos que resultan precisos para atender las numerosas necesidades de personal formuladas por los distintos departamentos y organismos, especialmente en determinados cuerpos y escalas, procede con carácter urgente la constitución de listas de empleo complementarias que permitan atender tales necesidades», relata la exposición de motivos publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Fue en enero cuando se abrió el plazo durante dos semanas para la inscripción de los interesados. La avalancha de solicitudes cogió por sorpresa a Función Pública ya que rondaron las 50.000 peticiones.
Concurso de traslados
Los problemas con las listas de empleo urgente coinciden en el tiempo con la resolución del concurso de traslados para los funcionarios, que también está sufriendo los rigores de la lentitud administrativa que los sindicatos ya han criticado. Se trata de un proceso por el que esperan los funcionarios de carrera desde hace más de una década y que afecta a unos 3.500 empleados públicos que buscan mejorar su carrera profesional y moverse dentro de la Administración a otros puestos. Aunque Función Pública tiene de plazo hasta enero de 2023 para resolver el concurso de forma definitiva, el compromiso era sacar la adjudicación provisional en estos días para sacar las listas definitivas a final de mes o en julio, con el fin de que a partir de septiembre los funcionarios interesados ocupen sus nuevas plazas.
Los sindicatos avisan a Función Pública sobre nuevos retrasos en el concurso de méritos
Sin embargo, el sindicato CCOO alertó hace unos días sobre una paralización del proceso como ya denunció el pasado mes de febrero, algo también detectado por otras centrales sindicales, lo que ha obligado a Función Pública a asegurar que la próxima semana se convocará al tribunal del concurso, con lo que antes del viernes se prevé ultimar la adjudicación provisional de puestos. Se trata también de un requisito que confluye con la oferta extraordinaria para los funcionarios interinos porque si alguna de las plazas que ocupan éstos se adjudica a un funcionario de carrera al interino tendrán que ofrecerle una similar de igual categoría, según el decreto aprobado por el Ejecutivo regional.
Según CCOO, algunas instrucciones comunicadas por la Dirección General de Función Pública a la comisión de evaluación son «contrarias a derecho», puesto que incumple con las bases de la convocatoria y por tanto genera un «alto grado de inseguridad jurídica» y permitirá que las personas perjudicadas «interpondrán recursos que podrían paralizar la resolución de adjudicación de puestos del concurso de méritos convocados. Salvo que eso sea lo que se pretenda por parte de la Administración Pública, claro», advierte la central sindical.
Tanto el concurso de traslados como las listas de empleo urgente han sido objeto de recursos por parte de algunos sindicatos al considerar que se lesionan derechos de los empleados públicos.
