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Podemos y el PP suben el tono por la gestión de la dependencia

Santana culpa de las deficiencias del sistema a los recortes del Gobierno popular de Rajoy

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. MARIA PISACA

La gestión del sistema de dependencia volvió ayer a enrarecer el debate en el pleno del Parlamento de Canarias. Tras ser preguntada por el diputado popular Poli Suárez acerca de los resultados publicados en el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, defendió su buen hacer y achacó las deficiencias a los recortes efectuados por el Gobierno presidido por el popular Mariano Rajoy. «Siempre señaló a Coalición Canaria (CC) como culpable de muchos males endémicos, pero en este caso la culpa hay que buscarla en su bancada, por eso el sistema de dependencia y la ley de dependencia no se han podido aplicar como debiera, porque el PPnunca ha creído en ella», le espetó. 

Unos comentarios que no sentaron nada bien en la bancada popular y que generaron alboroto en el salón de plenos. Tanto que el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, tuvo que intervenir para pedir silencia y que dejaran concluir a la consejera. 

Santana concluyó que Canarias está revirtiendo la situación. «En 2022 es la comunidad autónoma que más prestaciones está dando de todo el estado y que más resoluciones de grado está dando, lo siento señor Suárez», le indicó. 

Momentos antes, el diputado popular le había recriminado que llegase con «discursos triunfalistas» a pesar de que el Archipiélago es «la peor región en la gestión de la dependencia». Insistiendo en que el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales indica que el Gobierno de Canarias recortó 44 millones de euros en 2021 en el gasto en dependencia. 

Una realidad que desmintió Santana y que achacó a un error en el volcado de la información por parte del Imserso, de donde se extrajeron los datos para dicho informe. «No es cierto que Canarias gastase menos en dependencia en 2021 y tenemos un certificado de ejecución firmado por la Intervención General de la comunidad autónoma que lo demuestra», recalcó la consejera, quien también aclaró que en 2020 se destinaron 208 millones de euros a dependencia y el año pasado 216 millones de euros.

Sin embargo, para Poli Suárez ante estos números la situación es aún peor, ya que habiendo destinados más recursos Canarias es la comunidad con «peor gestión en dependencia». Y recordó que hay 15.714 personas esperando por una resolución, 10.000 esperando por una ayuda, 26.000 en lista de espera y que tiene una demora de 943 días en la respuesta a estas personas. «Por no ser capaz, no ha sido capaz usted de incrementar las prestaciones económicas para los dependientes como aprobamos todos por unanimidad el año pasado», recalcó. 

Santana no se mostró de acuerdo y respondió que a pesar de la grave crisis económica y sanitaria que ha vivido Canarias se está revirtiendo la situación. En este punto, alabó el trabajo realizado por el anterior ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que «en un año de Gobierno revirtió los recortes que hizo el señor Rajoy». Por eso, acusó al diputado del PP de «venir con toda la cara del mundo y todo el cinismo a dar lecciones cuando ustedes no creen en la dependencia».

Esta no es la primera vez que la gestión de la dependencia tensa el debate en el Parlamento canario. En uno de los últimos plenos, Noemí Santana hizo un repaso de la gestión durante los primeros meses de este año y tuvo que solicitar a la presidencia de la Cámara que reclamara silencio ante las continuas interpelaciones desde los escaños de la bancada nacionalista. En esta ocasión fueron las ayudas que se otorgan a los cuidadores de personas dependientes las que hicieron estallar la chispa, cuando se acusó a la consejera de utilizarlas para maquillar las cifras. Un debate que se saldó con un acuerdo por unanimidad para que el Gobierno regional aborde con profundidad la mejora de las condiciones de las mujeres cuidadoras de dependientes. 

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