«Su falta de garantías, de transparencia y su reticencia a dar explicaciones nos hace pensar si no es necesario presentar ya una comisión de investigación». Con estas palabras advirtió ayer la diputada del Partido Popular (PP) Australia Navarro al Gobierno canario acerca de la posibilidad de que su partido pueda reclamar la apertura de un comité que investigue desde el Parlamento de Canarias el conocido como caso mascarillas. Una comisión que trate de dilucidar qué ocurrió con la compra de un millón de mascarillas FFP3 en lo más duro de la pandemia, por las que se adelantaron cuatro millones de euros, y que nunca llegaron a su destino. Nada se sabe tampoco de los fondos entregados a la empresa RR7 United S.L., con la que se formalizó el contrato a pesar de que se dedicara a la compraventa de vehículos, aunque el Ejecutivo regional asegura que ha realizado hasta trece intentos fallidos para recuperar el dinero por la vía administrativa.
Los cuatro millones de euros fueron adelantados a la sociedad entre agosto y octubre de 2020, pero no fue hasta diez meses después de la firma del contrato, cuando llegan al Archipiélago 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía. Un material que acaba siendo intervenido por los servicios de Aduana de la Agencia Tributaria, que detectó defectos de forma en su documentación y acabó destruyéndolas al determinar que era defectuosas.
«Su falta de garantías nos hace pensar que es necesaria una comisión de investigación»
La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora la posible comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y si por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) se pudo haber cometido un delito de prevaricación y malversación.
El caso mascarillas centró ayer dos de las preguntas que tuvo que responder el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento canario. Una de la propia Australia Navarro y otra del diputado nacionalista Pablo Rodríguez.
Torres aseguró ayer que el Gobierno regional «no tiene nada que ocultar» respecto a este asunto y que está colaborando con todas las investigaciones que está realizando la Fiscalía Anticorrupción. El presidente explicó que el pasado jueves el Gobierno comunicó al Ministerio Público todos los intentos realizados para cobrar ese dinero, así como la última propuesta de la empresa adjudicataria para la entrega de nuevo material. Una propuesta que ha rechazado el Ejecutivo.
Torres insistió en que se va a llegar «hasta el final» para recuperar «hasta el último euro» que se abonó por adelantado, en un momento que recordó era absolutamente excepcional por la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
«No prejuzgue, no haga juicios paralelos, deje trabajar a la justicia», pidió Torres a Navarro, mientras que a Rodríguez le concretó que si ha existido algún tipo de estafa será la Fiscalía la que lo dirima, pero que el Gobierno no va a permitir «ninguna ilegalidad» ni escatimará en nada le permita recuperar el dinero.
Asimismo, recordó que el caso mascarillas canario es solo uno más de los que está investigando el Tribunal de Cuentas, que ha emitido hasta 20 informes diferentes. Dos de los más conocidos, y que Torres citó, son los que afectan a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.
Por su parte, Navarro acusó a Torres de «esconderse detrás de su consejero de Sanidad», de reaccionar con dos años de retraso y de no explicar por qué la Fiscalía anticorrupción investiga al Gobierno de Canarias por prevaricación y malversación por este caso. Para Navarro, como mínimo ha habido «ligereza en la gestión, falta de rigor y control», al tiempo que se pide a otros responsabilidades políticas «sin aplicarse el cuento a sí mismos», dijo la diputada del PP.
“No han sido especialmente transparentes porque esto sucedió hace dos años”
Australia Navarro preguntó por «el lumbreras» que decidió contratar mascarillas con una empresa de compraventa de coches y por «el genio» que decidió pagar cuatro millones por adelantado, y también quiso saber si el Gobierno conocía que de los cuatro millones, 1,6 millones de euros eran para comisiones. Criticó también que el Gobierno canario haya tardado dos años en poner «este pufo» en conocimiento de la Fiscalía. «Esto huele muy mal», recalcó.
El segundo asalto sobre este mismo tema le llegó a Torres de la mano del diputado del Grupo Nacionalista Pablo Rodríguez, quien no solo hizo hincapié en los dos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, sino que resaltó que si se está investigando no ha sido por iniciativa del Ejecutivo «sino porque lo denunció un particular».
Rodríguez le recriminó a Torres que la opinión pública se haya tenido que enterar de este caso por los medios de comunicación y no porque el Gobierno haya informado de que había sido estafado.
También puso de manifiesto el cambio de parecer que ha tenido el Ejecutivo ya que «hasta hace diez días el camino para recuperar el dinero era la vía administrativa», mientras que ahora recurren a la judicial. «No han sido especialmente transparentes», resumió.
Torres subrayó que la actuación del Gobierno varía en función de lo que le indiquen los servicios jurídicos y ahora dependerá de si la Fiscalía decide archivar el caso o lo eleva al juzgado.
