Tenía 85 años, era ciego y sordo de un oído y a su deterioro cognitivo se le sumaba un brazo amputado. Tras una hospitalización de 18 meses le tenían que cortar las dos piernas. Sin familiares en las islas, y sin ayuda institucional, en febrero de 2022 falleció en un centro privado donde aún se mantenía con sus pocos ahorros. Murió, como 3.314 personas en 2021, a la espera de recibir la resolución sobre su situación de dependencia, pese a haberla solicitado 29 meses antes. La normativa establece un plazo máximo de tres meses.
Este es uno de los sangrantes casos que la Diputación del Común plasma en su informe sobre la Situación del sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Canarias referido al año 2021, que entregó el jueves al Parlamento regional, y donde realiza una exhaustiva radiografía de la dependencia en las Islas, tanto de los mayores como de los menores con discapacidad. Usa términos tan crudos como el «vía crucis» que pasan las personas dependientes para pedir las ayudas y los años que transcurren para dárselas, si es que aún viven en este camino de espinas, y describe la «agonía familiar» de quienes los cuidan, sobre todo a niños, así como la «ineficacia» en la gestión, situando al área de Derechos Sociales en el centro de sus críticas.
El informe de la Diputación del Común, que preside Rafael Yanes, y que presentó en la Cámara canaria su adjunto primero, Felipe Afonso, evidencia que el plan de choque del Gobierno de España para la dependencia en 2001 no ha servido para mejorar la situación en Canarias aunque se haya producido una inyección de recursos, 122 millones de euros, indica.
Los datos son escalofriantes: el año pasado una persona moría cada 2 horas 38 minutos en las Islas -nueve diariamente- esperando por la dependencia a la que tenían derecho.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que en los primeros cuatro meses del año la tendencia se está invirtiendo al entrar 1.629 dependientes canarios en el sistema.
La situación no es, ni mucho menos, así según las quejas que ha recibido la Diputación del Común. Los datos del Observatorio de la Dependencia indican que en vez de bajar el tiempo de resolución de los expedientes se aumentó, y de 923 día se pasó 943 el año pasado para determinar si una persona es dependiente. En España de 430 se redujo a 421 de media, aunque el plazo legal para aprobar las ayudas debe ser de 180 días si se cuenta la valoración del Programa Individual de Atención (PIA). Tras ser valorados, se hace este programa, y en Canarias los ciudadanos esperan en total una media de 45 meses, lo que supone 7,5 veces más el plazo legal estipulado, señala el informe.
Además en el Archipiélago hay 6.900 personas que esperan por la revisión de su grado de dependencia. En 2021, Canarias fue la Comunidad Autónoma que más tiempo tardó en tramitar los expedientes de reconocimiento de grado y de aprobación del PIA, y la que tuvo una de las peores tasas de cobertura con respecto a su población. «Si Canarias alcanzara la media nacional, atendería a 30.000 personas dependientes más, lo que supone el doble de las que son atendidas hoy», afirma Afonso. Además, los presupuestos autonómicos en Dependencia por habitante son inferiores a la media nacional, y las islas tienen el menor número de plazas residenciales de financiación pública de toda España, asevera el documento. No cumple la ratio de cinco puestos por cada 100 personas mayores de 65 años y presenta las peores cifras de todo el país. Para estar en la media nacional, Canarias debería tener 5.700 plazas más financiadas con dinero público.
El informe del Diputado del Común asegura que se adolece de una deficiente gestión administrativa a todos los niveles: planificación, información, tramitación, resolución, ejecución, seguimiento y control, pese a que el 14 de enero de 2021, el Gobierno de España anunció el plan de choque que entre sus cometidos tenía disminuir de forma sustancial la lista de espera o reducir los tiempos, cuestiones que se han incumplido en las Islas. De hecho en este examen se explica que se denomina «limbo» a la situación en que se encuentran las personas que, pese a habérsele reconocido su situación de dependencia, y habiéndole sido asignada una prestación derivada de ese reconocimiento, sin embargo no ha recibido de manera efectiva la prestación.
Las comunidades con mayor «limbo de la dependencia» seríanCataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%). Canarias es, por tanto, la tercera comunidad autónoma con mayor número de personas a la espera de recibir prestaciones.
