"Cada vez hay más casos de violencia sexual sobre menores"

Para Lorenzo, esta realidad social requiere de una buena instrucción inicial de estos asuntos, para lo que considera muy importante que los operadores jurídicos cuenten con recursos como las denominadas salas Hessel (pensadas para que los niños puedan declarar en un entorno agradable y seguro sobre lo que les ha ocurrido) o, sobre todo, el Juzgado de Violencia sobre la Infancia que existe en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Así lo explicó durante su intervención final en la Comisión de Justicia del Parlamento de Canarias, donde se analizó la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el año 2021, en el que se incluyen aspectos como el balance de la actividad judicial o las necesidades de recursos humanos e infraestructuras en el conjunto del Archipiélago.

Lorenzo se mostró realista sobre un recurso como el Juzgado de Violencia sobre la Infancia, en el sentido de que no parece viable reproducirlo en todas las islas o partidos judiciales. Recordó que se trata de un órgano que funciona la 24 horas durante los 365 días al año, en el que deben estar de guardia jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, así como los medios que pueden existir en una gran ciudad, entre los que citó, por ejemplo, a agentes de los cuerpos de seguridad, médicos o personal de los hospitales de referencia.

Aclaró que se trata de un dispositivo formidable, en el que se pueden practicar las pruebas preconstituidas a las víctimas (recabar todos los testimonios poco después de que se denuncien los hechos, con el objetivo de no hacer pasar al menor afectado por varias declaraciones ante distintos organismos), con lo que se consigue una mayor eficacia en el procedimiento. Aseguró que "solo con equipos especializados se puede dar una atención de calidad".

Juan Luis Lorenzo Bragado también apuesta por la unificación de determinados partidos judiciales en algunas comarcas, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y elevar la eficiencia del servicio judicial. Valoró que en el caso de la propuesta para unificar los juzgados de La Orotava y del Puerto de la Cruz se ha producido una "rara unanimidad" a favor de la experiencia entre las diversas administraciones. Explicó que, cuando algunas autoridades políticas insisten en mantener en sus municipios la cabeza de partido judicial, se hace un "flaco favor" a la ciudadanía, pues en ocasiones resulta positivo la concentración de recursos.

En el caso del proyecto del sistema informático Atlante Web, el presidente del TSJC manifestó que la intención es que no solo sea una herramienta para los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos judiciales, sino que también cualquier ciudadano pueda acceder al mismo para consultar en qué estado se halla el asunto que le afecta, como se consultan las cuentas de una entidad bancaria.

"No hay trato de privilegio con el exjuez Salvador Alba"

Durante el turno de intervenciones, el portavoz del Grupo Podemos, Francisco Déniz, planteó que episodios como el caso del juez Salvador Alba, condenado en sentencia firme en noviembre del año pasado a seis años y medio de prisión, generan la sensación entre una parte de la ciudadanía de que "la Justicia no es igual para todos", en la medida en que el juez condenado aún no ha entrado en la cárcel.

Lorenzo Bragado respondió con cierto malestar a Déniz que en este asunto no existe ningún tipo de privilegio hacia Salvador Alba por su condición de exjuez. Según el presidente del TSJC, la pregunta del diputado de Podemos no correspondía a su comparecencia de hoy, pero aclaró que no podía dejarla pasar, para no dar la sensación de que "el que calla otorga".

Aclaró que este procedimiento, como todos los que se abordan en la Sala de lo Penal del TSJC que él preside, se trata "con todas las garantías y pulcritud". Según Lorenzo, dicha institución dará cumplimiento a todos los trámites legales que correspondan.

"Se debe apostar más por la mediación, el arbitraje y la conciliación"

Ante la elevada litigiosidad que se produce en Canarias, debida a factores pendientes de analizar de manera suficiente, Juan Luis Lorenzo aboga por recurrir a opciones alternativas, como pueden ser la medicación, el arbitraje o la conciliación entre las partes. A juicio del presidente del TSJC, hay que transmitir a los ciudadanos "una nueva forma de entender cómo deben resolverse los conflictos", con el objetivo de que "no se judicialice" la vida social. Opina que estas vías no se utilizan lo suficiente, aunque están más desarrolladas en casos relacionados con las familias.

Como es habitual durante los últimos años, desde la citada institución se vuelven a reclamar más recursos humanos, medios materiales e infraestructuras para mejorar los servicios judiciales que se prestan a los ciudadanos.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se han reclamado al Gobierno de Canarias 24 medidas de refuerzo en juzgados de todas las islas, "que no siempre se han conseguido". De hecho, Lorenzo aclaró que ese objetivo se alcanzó en trece propuestas.

"Hay que reducir aún más los porcentajes de funcionarios interinos"

Defendió la importancia de reducir los niveles de interinidad que se producen entre jueces y magistrados, pero también entre los funcionarios de órganos judiciales de las diferentes jurisdicciones (Penal, Civil, Social y Contencioso-Administrativa). En estos momentos, un 15 por ciento de magistrados y jueces están como interinos, mientras que el porcentaje entre los funcionarios se halla por debajo del 30 por ciento. Para Lorenzo, estos parámetros son "una buena noticia", pero habría que bajar el nivel de interinidad todavía más, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.

Respecto al sistema Atlante, el presidente del TSJC afirmó en la Comisión Parlamentaria que se trata de una "magnífica herramienta", pero que tiene "aún importantes deficiencias, que esperamos que se resuelvan" y que en el futuro se pueda implantar el expediente judicial electrónico.

"La situación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas es insostenible por la falta de personal"

En el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, varios de ellos recordaron la preocupante situación que se registra en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria. Para Lorenzo, dicha entidad sufre una "anomalía" por la falta de personal que genera retrasos a la hora de elaborar informes periciales sobre menores, violencia sobre la mujer o pleitos civiles, que en algunos casos tardan más de un año y medio. A juicio del presidente del TSJC, existe una "situación insostenible" que requiere de medidas urgentes.