En este pleno correspondía presentar el informe anual del comisionado de Transparencia y Derecho a la Información, que es un señor o señora elegido o elegida por el Parlamento para un periodo de cinco años y cuya misión, según el título IV de la ley de Transparencia y de Acceso a la Información, es doble: controlar el cumplimiento de la obligación de publicar la información de la que dispongan las administraciones públicas y resolver las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de entidades y organismos públicos. Junto al Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común, el Comisionado de Transparencia –cuyo titular cobra un sueldo equivalente al de un viceconsejero, unos 64.000 euros anuales– es uno de los cuatro órganos del sistema público canario que no dependen del Gobierno, al que supuestamente controlan, sino que están vinculados al Parlamento de Canarias, ante el que rinden cuentas.
Daniel Cerdán, el comisionado de Transparencia, fue nombrado en 2015, siendo todavía presidente del Gobierno Paulino Rivero. Lleva siete años en el cargo y no se sabe muy bien si ha sido renovado o simplemente se le ha prorrogado el mandato sin que nadie se moleste en enojosas votaciones, una duda opaca que no deja de ser extraña en un comisario de Transparencia. Además de acumular una larga carrera profesional, Cerdán es una de esas buenas personas que ejercen de buenas personas, con una capacidad congénita –que termina transformándose en una habilidad muy práctica– para no hacerse enemigos. En sus primeros años el Comisionado consistía en Cerdán, una silla y un ordenador. Con el tiempo y mucha (y educada) insistencia ha conseguido crear un pequeño pero muy activo, laborioso y diligente equipo. Y los resultados mejoraron. Ayer Cerdán presentó un informe denso y plagado de optimismo: la media del sector público canario supera el notable en transparencia, solo 62 de las 347 entidades públicas isleñas no alcanzan el aprobado, la transparencia de las 579 entidades públicas subvencionadas alcanza un prometedor 4,8, los 190 portales de los 88 ayuntamientos canarios superan la media de notable en transparencia. Sobre Cerdán llovieron los parabienes de todos los grupos de la Cámara, que le felicitaron unánimemente por el trabajo de su equipo. Solo Socorro Beato, de Coalición Canaria, manifestó que la transparencia de las administraciones públicas es siempre insuficiente y a veces dudosa, y que la gestión de la crisis sanitaria y asistencial del covid –incluso en Canarias– es un ejemplo muy reciente. En realidad la clave del éxito de los comisionados de Transparencia – que es casi general en España – se basa en que nadie paga ningún precio por ser escasamente transparente («no supone ningún coste político, social o reputacional», reconoció el mismo Cerdán) y, sobre todo, que sin cambios normativos, reglamentarios y organizacionales las administraciones públicas no pueden ser más transparentes todavía. Y esos cambios los controla –los congela– el poder político. Es significativo que durante la lectura del informe del comisionado de Transparencia –y durante las intervenciones posteriores– no estuviera presente en el salón de plenos ni un solo consejero del Gobierno canario. Y más de una veintena de diputados se había largado a desayunar, a fumar o a comprar un detallito en las tiendas cercanas al parlamento.
En el resto de la sesión destacaron dos proposiciones no de ley. Coalición Canaria llevó una PNL para ampliar la permanencia de personas adultas en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) que imparten Formación Básica, según el texto de una iniciativa al respecto que presentó la diputada Socorro Beato hace medio año. Curiosamente el pasado martes la Consejería de Educación anunció en un comunicado oficial que se anulaban las restricciones y se abrirían de nuevo las matrículas para adultos sin límite temporal Beato celebró la circunstancia y el acuerdo alcanzado entre todos los grupos parlamentarios, pero acto seguido la diputada socialista Ana González embistió ferozmente a Coalición Canaria. Tal vez nadie le ha explicado a la señora González que refleja cierta incoherencia y supone una evidente torpeza arremeter contra el partido con el que acabas de transar una proposición no de ley. Beato retiró la proposición negociada y se sometió a votación la original. Y salió por unanimidad.
Otra PNL de Coalición tuvo la virtud de unir en una misma posición al PSOE y al PP. La proposición instaba al Gobierno de Canarias a «implementar» las medidas legislativas y diplomáticas necesarias para que se reconozca Canarias el estatuto de «Plena Autonomía Interna» para que «pueda delimitar sus espacios marítimos a partir de las líneas básicas archipielágicas». Es una propuesta ingeniosa y que puede anclarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982, que reconoce que un grupo de islas, as aguas que las conectan y otros elementos naturales como una entidad geográfica, económica y política intrínseca, lo que permitiría al Estado español, en virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias, delegar las competencias en el mar territorial y la zona económica exclusiva. Es plenamente coherente que el PSOE y el PP, que asumen como propios los intereses estratégicos del Estado español, rechacen una propuesta como esta. Es preferible recibir al ministro de Asuntos Exteriores entre abrazos y en sus manos encomendar nuestro espíritu frente a las ambiciones marroquíes. Así que socialistas y conservadores votaron en contra, lo suficiente para que la PNL fuera rechazada. Alguna de sus señorías puede que incluso se persignase. Dónde vamos a llegar.
