El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha reiterado este martes que el Ejecutivo va a recuperar todo el dinero --cuatro millones más intereses-- presuntamente estafado en el contrato de mascarillas suscrito con RR7 United.
"La deuda la vamos a cobrar", ha comentado en una comparecencia ante el Pleno del Parlamento, subrayando que ya sea "en dinero o en especie", sin decantar acudir a la vía judicial si sigue fracasando la administrativa y si detecta un posible delito de alzamiento de bienes.
Trujillo ha precisado, no obstante, que de todos los contratos de suministros suscritos durante el estado de alarma solo hay uno en cuestión --investigado por la Fiscalía-- lo que considera un "éxito" de gestión dado que todos los sanitarios siempre estuvieron cubiertos con el material necesario de trabajo.
Ha apuntado que se eligió a esa empresa, pese a no ser de la rama sanitaria, porque tenía "contactos" y "capacidad logística" para acometer la operación y a un precio, de cuatro euros la unidad --para un millón de mascarillas--- que estaba por debajo de una "ley de oferta y demanda totalmente distorsionada".
José Alberto Díaz Estébanez (CC-PNC) ha lamentado que en comisión parlamentaria el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, no haya presentado nueva información sobre el caso y se preguntó "qué equipo de Sanidad" es el responsable del caso de las mascarillas.
Ha acusado a Trujillo y Torres de estar "callados" durante 15 días desde que se conocieron los hechos y ha censurado que no acudieran a la justicia y encima "renegociaran" con una empresa que les estafó. "Quieren dar apariencia de normalidad y han desaparecido cuatro millones y no pasa nada", ha ironizado.
En su opinión, este contrato "es un escándalo de grandes dimensiones" y un "pelotazo", subrayando que "hay más casos" como unos test por más de 700.000 euros. "Ha habido despilfarro y descontrol", ha señalado.
En esa línea ha indicado que la Audiencia de Cuentas también ha cuestionado la tramitación del contrato y recordado como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha pedido dimisiones y ceses.
ESPINO: EL CONTRATO FUE UN ERROR
Vidina Espino (Grupo Mixto) ha apuntado que el mercado era "caótico" en esos momentos, y agravado por que el Gobierno central no activó la compra centralizada, y entiende que quien debe comparecer ante el Pleno es Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia y que por entonces ocupaba de forma provisional el Servicio Canario de Salud.
Ha afeado al Gobierno que suscribiera un contrato con una empresa dedicada a la automoción y sin solvencia financiera. "Fue un error y una equivocación y ahora tiene que hacer todo lo posible por recuperar los cuatro millones de euros", ha señalado.
Melodie Mendoza (ASG) ha defendido la "transparencia" del consejero en aportar toda la información sobre el caso y ha acusado a los nacionalistas de "enturbiar" y tratar de poner en entredicho la integridad del Ejecutivo.
Ha apuntado que había "muchas dificultades" en esos momentos para conseguir material sanitario y destacado que la Consejería colabora con la justicia en la investigación. "Nadie se ha lucrado", ha destacado.
María del Río (Sí Podemos) ha admitido que sigue habiendo "dudas" en torno a este caso en el que "unos sinvergüenzas han engañado" a la comunidad autónoma, por lo que ha pedido centrar los "esfuerzos" en recuperar el dinero. "Hay que llegar hasta el final y depurar responsabilidades", ha agregado.
Esther González (NC) no entiende el "revuelo" que se ha formado en este caso porque no hay familiares "intermediarios" de la operación, que se hizo además en 2020, en pleno estado de alarma y en un momento de mucha necesidad y con la demanda "desmadrada".
Para exigir responsabilidades cree que ya hay que abrir la vía judicial para tratar de recuperar el dinero dado que las solicitudes, a través de la vía administrativa, no han funcionado. "Los presuntos estafadores tienen que pagar, o devolviendo el dinero o con penas de cárcel", ha destacado.
POR QUÉ SE PAGÓ POR ADELANTADO, PREGUNTA EL PP
Fernando Enseñat (PP) ha criticado que se firmara un contrato con una empresa de coches "sin garantía ni solvencia" y que 1,3 millones se dedicaran al pago de comisiones en medio del "silencio" del presidente canario, Ángel Víctor Torres, que pide "responsabilidades" en otras comunidades autónomas y no hace lo propio en las islas.
Ha dicho que la Fiscalía investiga al SCS por prevaricación y malversación de caudales públicos y ha cuestionado por qué se pagó por adelantado y no acudieron a los tribunales cuando no recibieron las mascarillas.
Marcos Hernández (PSOE) ha tildado a Díaz-Estébanez de "pantomima" por forzar una comparecencia cinco días después de que el consejero interviniera en la comisión de Sanidad, subrayando que en esos momentos el mercado estaba "muy tensionado" y que muchas empresas sanitarias no tenían garantías para ofrecer el material.
Ha valorado que la administración ha dado todos los pasos para anular el contrato y recuperar el dinero y sostiene que se actuó "conforme a la ley" y que no se duda de la "honorabilidad" de los cargos que intervinieron en este contrato.
